La prohibición de los anuncios de contactos en prensa está a punto de culminarse. Tras varias reuniones entre el Gobierno y los representantes de los grupos parlamentarios, se van perfilando los puntos que obligarán a periódicos, radios y televisiones a renunciar al negocio millonario de las ofertas sexuales. Desde su primer número 'Público' siempre ha rechazado este tipo de publicidad en sus páginas.

El Gobierno ha trasladado hoy a los grupos parlamentarios su propuesta de reformar la Ley General de Publicidad para prohibir la publicidad en prensa (escrita y digital) de servicios sexuales y de locales dedicados a la prostitución.

Entre las propuestas del Ejecutivo, que ahora deben ser debatidas por los grupos, destaca la prohibición de este tipo de publicidad —tras la que se esconden mafias de trata de personas— en los medios de comunicación. La prohibición también afectará a las ediciones digitales de estas los diarios 'en la medida en que el acceso a las páginas que contienen estos anuncios no esté limitado a adultos', según el documento de trabajo al que ha tenido acceso 'Público'.

El incumplimiento de esta prohibición tendrá consideración de infracción

La propuesta se concreta en una proposición de ley para modificar la Ley General de Publicidad, y plantea que el incumplimiento de esta prohibición tendrá consideración de infracción a los efectos previstos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la Ley General de Sanidad.

Contra esos incumplimientos podrán actuar tanto el Ministerio Fiscal como las organizaciones y entidades jurídicas, públicas y privadas, que velan por la igualdad entre hombres y mujeres o la protección de los derechos de los menores.

En un contundente informe (en PDF), el Consejo de Estado se mostró a favor del veto a este tipo de publicidad a través de una ley específica e independiente de la ley general vigente sobre publicidad. 

El 17 de abril de 2007, la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades aprobó el Informe de la Ponencia sobre la situación actual de la prostitución en España, que incluía entre las recomendaciones dirigidas al Gobierno solicitar a los medios de comunicación que, en el marco de sus códigos deontológicos, se planteen la renuncia a la publicidad relacionada con el comercio sexual.