La Comunidad de Madrid ha dado un giro a sus políticas de integración y educación de menores en riesgo de exclusión. Y el cambio ha desa-tado el conflicto con algunas de las organizaciones que gestionan los centros de acogida.

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales ha pasado, en unos meses, de defender los pisos de acogida semipersonalizados entre cuatro y seis chicos por casa, con cuatro trabajadores sociales, a impulsar la creación de residencias comunes para 36 adolescentes con problemas de integración. Con el nuevo plan, convivirán chicos de entre 13 y 18 años (hasta ahora sólo había mayores de 15) y la empresa gestora podrá ser cualquier compañía, con tal de que tenga tres trabajadores especializados.

De hecho, a la convocatoria del pasado febrero se presentó una asociación de pilotos, sin experiencia en la educación de menores, según afirman varias asociaciones. La convocatoria quedó finalmente desierta.

El presidente de la organización Mensajeros de la Paz Madrid, Rodrigo Pérez, denunció ayer que el nuevo modelo supondrá la creación de 'cárceles de menores'. Esta ONG, que trabaja en la integración social de personas excluidas en Madrid desde hace más de 20 años, ha renunciado a continuar con su labor por la 'concentración y masificación' que ha impulsado el Gobierno regional. La presencia extranjera en estos centros ronda el 40%. La asociación denuncia que el Ejecutivo autonómico está creando 'nidos de violencia que no favorecen la integración, sino la exclusión social'. Pérez muestra su preocupación por cómo saldrán los chicos cuando cumplan los 18 años. 'A veces la delincuencia se diseña, se fabrica', reflexiona.

Por su parte, la gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) y responsable de la gestión de los centros, Paloma Martín, asegura que el nuevo modelo para jóvenes que se encuentran bajo la protección de la Comunidad de Madrid garantiza una mayor presencia educativa. 'Se trata de un modelo con el que desde el IMMF llevamos trabajando mucho tiempo en las residencias infantiles públicas de la Comunidad de Madrid y funciona con mucho éxito', aseveró Martín.