La jueza Mercedes Alaya ha llamado a declarar como imputado en el caso Mercasevilla de corrupción al gerente del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Millán (PSOE). La magistrada investiga, además de la inclusión de falsos prejubilados en expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta de Andalucía, la presunta venta 'fraudulenta' de los suelos del mercado público, situados en una zona de expansión de Sevilla y por ello muy golosos para los inversores, a Sanma, filial de la constructora malagueña Sando. Sanma ganó la adjudicación a pesar de presentar una oferta 52 millones de euros inferior a la de la empresa granadina Noga.

Alaya decidió imputar a Millán, que accedió al cargo en 2010, por las 'presuntas irregularidades en la concesión a Sanma de la licencia de primera ocupación'. Los investigadores creen que a Larena 98, una compañía que tenía derechos sobre los terrenos de Mercasevilla y a quien se presionó, según declaró su dueño, el empresario Antonio Pardal, para que renunciara a ellos antes de que se ejecutara la venta a Sando, se le paralizó la licencia sin razón durante un largo periodo. Sin embargo,a Sanma, se le otorgó con especial rapidez.

La magistrada especifica que la licencia se concedió sin que se hubieran 'realizado las obras e instalaciones necesarias para garantizar el suministro eléctrico, por lo que el conjunto edificatorio de Sanma no resultaba apto para el uso que le era propio', lo que incumple la Ley de Ordenanza Municipal de Licencias. Entre las objeciones que se le pusieron a Pardal, según declaró, para retrasarle la licencia estaba precisamente la falta de acometida eléctrica. El anterior gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, hombre de confianza del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, también está imputado por esta venta de suelos, junto a otras 15 personas más.

La investigación del caso Mercasevilla se inició después de que la Junta de Andalucía llevara a la Fiscalía una grabación en la que Fernando Mellet y Daniel Ponce, exdirectivos de la empresa pública, pedían 450.000 euros en comisiones ilegales a dos empresarios. El PP presentó luego una querella y el asunto recayó en Alaya. Como muñecas rusas, de la investigación han salido varias irregularidades, que handesembocado en el escándalo de los falsos prejubilados y el reparto opaco de 647 millones de euros. Ayer, el ministro Valeriano Gómez se comprometió a indagar los ERE en que participó Trabajo.