Publicado: 29.04.2013 08:47 |Actualizado: 29.04.2013 08:47

Inquilinos de viviendas sociales se querellan contra Botella por "delitos contra la moral, coacciones y estafa"

El Ayuntamiento de Madrid suscribió un contrato de opción de compra de cinco edificios de viviendas sociales con Renta Corporación en octubre. La operación fue desestimada finalmente por la inmobiliaria. Los vecinos denuncia

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La batalla entre el Ayuntamiento de Madrid y los vecinos de cinco edificios de viviendas sociales que Ana Botella intentó vender sin éxito a la inmobiliaria Renta Corporación por 21 millones de euros, continúa su curso. Esta vez, la iniciativa corresponde a los vecinos que este lunes presentarán una querella criminal por los presuntos delitos de coacciones, contra la integridad moral y estafa contra la alcadesa de Madrid, Ana Botella; el exvicealcalde de la ciudad, Miguel Ángel Villanueva; la concejala de urbanismo, María de la Paz González, y otros ocho altos cargos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), propietaria de las pisos de protección oficial, entre los que se encuentra su consejero delegado Fermín Oslé .

La querella criminal, a la que ha tenido acceso Público, detalla cómo el Ayuntamiento de Madrid habría seguido un “plan preordenado” y sistemático para “desgastar anímicamente” a los vecinos de las viviendas sociales con el único objetivo de que estos abandonen de manera unilateral los cinco edificios de la zona centro que disfrutan en régimen de alquiler social desde hace más de 20 años en la mayoría de los casos. El 55% de las 116 viviendas están ocupadas por personas septuagenarias en compañía de otros familiares y en 40 de ellas vive una persona mayor de 70 años sin compañía alguna.

Entre las conductas denunciadas por los vecinos, que constituirían un delito de coacciones y contra la integridad moral a juicio de los querellantes, se encuentra el goteo constante de visitas domiciliares y llamadas telefónicas del personal de la EMVS en las que se anunciaba a los vecinos que debían abandonar su vivienda si no querían perder la oportunidad de acceder a un realojo; la recepción de cartas en las que se informaba que el contrato de arrendamiento había sido rescindido de manera unilateral por parte del Ayuntamiento; la puesta en venta de uno de estos cinco edificios “libre de inquilinos” en un portal de compraventa de pisos por Internet; o la imposibilidad de realizar el pago de los alquileres por dejación de la Administración.

La querella también alude al exvicealcalde de Madrid: Miguel Ángel Villanueva

Asimismo, los querellantes consideran que la EMVS ha podido cometer un delito de estafa en dos supuestos. Primero, por firmar un acuerdo de venta de los cinco edificios con la inmobiliaria Renta Corporación en el que se comprometía a entregar los edificios “libre de arrendatarios” cuando la EMVS no podía desalojar a los inquilinos -al ser éstos “legítimos titulares de contratos de arrendamiento en vigor”-. Segundo, por el anuncio publicado en noviembre de 2012 en un portal de compraventa de pisos por Internet en el que se ofertaba uno de los cinco edificios por 8,2 millones de euros cuando aún estaba vigente el acuerdo de compra con la EMVS que valoraba este inmueble en 6,7 millones de euros.

El 19 de noviembre Público destapó un contrato de opción de compra de los cinco inmuebles por 21 millones de euros entre la EMVS y la inmobiliaria Renta Corporación, de la que es consejero Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. La opción de compra, suscrita por ambas partes el 18 de octubre, establecía que la inmobiliaria efectuaba el pago -en el momento de la firma- de 300.000 euros más IVA (63.000 euros) estableciendo el límite de la opción de compra en el 18 de enero de 2013, día en el que la empresa compradora debía formalizar la compra con pérdida de la señal  en caso de no formalizarlo.

No obstante, el contrato también establecía que, dentro de los dos primeros meses desde la firma del mismo, Renta Corporación podría desistir de la compra sin pérdida de las cantidades entregadas. Finalmente, la inmobiliaria, que se encuentra actualmente en concurso voluntario de acreedores, comunicó el 5 de diciembre que desestimaba la compra de las viviendas por "razones estrictamente empresariales", dado que no se daban “las circunstancias adecuadas para que el proyecto pudiera desarrollarse conforme a los criterios de negocio estándar que rigen en la compañía".

La frustrada venta de los cinco edificios a Renta Corporación no puso fin a los intentos de la EMVS por vaciar los inmuebles de inquilinos. Cinco días más tarde del comunicado de Renta Corporación, una trabajadora social de la EMVS contactó telefónicamente con José Luis, vecino del inmueble de la Carrera de San Francisco, para dejar un mensaje claro: O aceptan la oferta del Ayuntamiento de realojarse en el barrio de Méndez Álvaro o el 26 de diciembre estarían en la calle.

La EMVS y Renta Corporación suscribieron un contrato de venta en octubre “Estamos asustados. La amenaza es dejarnos en la calle en plena Navidad. Nos están tratando como a perros. Quieren echarnos de nuestra casa a toda costa”, señaló entonces a Público José Luis tras recibir la llamada de la EMVS. Apenas una semana antes, el inmueble en el que reside desde hace más de 20 años había aparecido en un portal de compraventa de inmuebles por Internet en el que se anunciaba “libre de inquilinos”.

El Ayuntamiento de Madrid no ofreció a los vecinos la posibilidad -marcada en la ley- de ejercer su derecho de adquisición preferente de sus viviendas ni en 2004, cuando los inquilinos del inmueble de San Francisco lo solicitaron, ni antes de firmar el acuerdo con Renta Corporación. No obstante, el Consistorio sí ofreció a los afectados esta opción de compra preferente a principios del mes de febrero, tal y como había prometido Botella en el pleno del Ayuntamiento de Madrid del 19 de diciembre.

La oferta del Gobierno municipal, que establecía un plazo de 45 días, fijaba los precios de la vivienda en cantidades similares a las establecidas en el contrato suscrito con Renta Corporación y no a los precios fijados para Viviendas de Protección Oficial que fija el Real Decreto de 2008.  Sin embargo, los requisitos personales exigidos para poder efectuar la compra por parte de los inquilinos sí eran los mismos que para optar a las promociones de vivienda VPO.

La oferta fue catalogada por los vecinos como una “auténtica burla”, ya que pedía a familias sin recursos hacer frente al pago de 150.000 euros por la compra de su vivienda en apenas un mes y medio.

El doctor Pau Pérez Sales elaboró un informe psiquiátrico, incluido en la querella como prueba, de las repercusiones que las actuaciones de la EMVS han tenido en los inquilinos. Las conclusiones del mismo fueron dramáticas: el 17% de los vecinos ha pensado en “quitarse de en medio”, un 1% ha tratado de suicidarse mediante una ingesta excesiva de pastillas, el 5% ha pensado en la muerte de “manera pasiva”, un 5% ha barajado la opción de suicidarse sin llegar a concretar el método y un 3% de ellos ya tiene pensado el modo en el que quitarse la vida.

El estudio también detalló otros impactos “emocionales y funcionales” que tienen su traducción efectiva en la triplicación de las visitas de los vecinos al centro de salud por “problemas psicológicos”, el uso de “algún tranquilizante como automedicación” por parte del 20% de los inquilinos, un 80% tiene “problemas de sueño ocasionales o permanentes” y más del 70% convive con emociones de “miedo, rabia o tristeza”.