Los Grupos Parlamentario de PSOE y el de IU en la Asamblea de Madrid quieren que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid fiscalice los contratos del Ejecutivo regional con empresas vinculadas a la trama Gürtel.

En este mismo sentido, IU pide a la Cámara de Cuentas que haga una fiscalización 'plena' del conjunto de contratos que afectan a las consejerías, entes, empresas públicas y organismos autónomos de la Comunidad de Madrid a los que hace referencia el sumario.

La oposición plantea una'enorme desconfianza en los órganos judiciales'

Estas dos propuestas, que se suman al reclamo del PSOE de que se analice la 'práctica reiterada' por parte de la Comunidad del 'fraccionamiento de contratos', no fueron aprobadas, ya que, en palabras del portavoz popular en la materia, Pedro Muñoz, los grupos de la oposición plantean una 'enorme desconfianza en los órganos judiciales', que son los que en este momento están estudiando esa contratación.

Asimismo, el portavoz del PP negó que el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas hablara de fraccionamiento de contratos.

En la comisión se llegó al acuerdo, propuesto por IU,  de que la Asamblea pida a la Comunidad que realice los cambios legislativos necesarios que permitan la fiscalización de los gastos en la cuenta general de los entes especiales, empresas y entes públicos.

La segunda de las peticiones de IU que se aprobó por unanimidad fue reclamar al Ejecutivo regional el inventario del patrimonio entregado al uso general de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y de Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno.

Asimismo, se aprobó la propuesta del PSOE que reclama que el Ejecutivo autonómico 'haga suyas las recomendaciones de la Cámara de Cuentas' en su informe de fiscalización de 2008.

También se muestra la 'satisfacción' de la Asamblea por que el grado de ejecución de los gastos consolidados de la cuenta general fuera del 95 por ciento, y por el hecho de que el informe destaca la 'celeridad' en la adopción de los procedimientos de la nueva ley de contratos del sector público, o que la mayoría de contratos se hayan realizado por 'procedimientos abiertos' y que se ha adjudicado 'con libre concurrencia el 92 por ciento de los importes adjudicados' mientras que sólo se ha utilizado el procedimiento negociado en el 8 por ciento de los importes contratados.