El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha ganado la fama de sprinter. Pero ha sido el equipo económico del Gobierno, encabezado por la vicepresidenta, Elena Salgado, aunque con una importante contribución del titular de Trabajo, Valeriano Gómez, los que han conseguido un auténtico récord de velocidad, al concluir casi el programa de reformas que se planteó el Ejecutivo hace poco más de un año.

La disolución del Parlamento el próximo 27 de septiembre dejará algunos proyectos de ley sin aprobar, como es el caso de la reforma de la negociación colectiva o las políticas activas de empleo. Pero el núcleo duro de estas reformas está ya vigente, al haber sido aprobadas como decretos leyes. Con todo, fuentes parlamentarias reconocen que es una lástima que no vea la luz el trabajo que se ha empleado durante meses en enmendar la reforma de las políticas activas de empleo. Se queda ina-cabada la idea de hacer una estrategia común para la integración de estas políticas (básicamente bonificación de las contrataciones y formación para parados) con las comunidades autónomas.

Pero la brocha gorda de las reformas está culminada, sobre todo tras la aprobación definitiva de la actualización de la Seguridad Social, que incluye la reforma de las pensiones. Tan sólo un borrón mancha esta hoja de ruta laboral: el deseo de hacer un plan de choque contra el paro juvenil.

Desde abril, Gobierno, patronal y sindicatos están en conversaciones para crear un contrato que conjugue formación y empleo. Pero las cuentas no salen. Para crear un programa así es necesario dotar la ley de una financiación con la que ahora no cuenta el Ejecutivo. La idea era presentar el proyecto definitivo en septiembre, con una conferencia sectorial en la que se pactara una Estrategia Nacional de Empleo. Pero el adelanto de la convocatoria desbarata este proyecto y será el próximo Gobierno el que se enfrente a un paro que ronda el 40% entre los más jóvenes.

Fuentes socialistas no descartan que en septiembre haya aún tiempo para firmar algún acuerdo con las grandes empresas en materia de formación para jóvenes, otro proyecto que está sobre la mesa hace meses.

En cualquier caso, el próximo Consejo de Ministros, el 19 de agosto, aprobará un paquete de medidas para el empleo que será de aplicación inmediata: la prolongación del pago de los ocho días de indemnización por parte del Fondo de Garantía Salarial, la renovación de la bonificación en la conversión a indefinidos, la mejora del contrato a tiempo parcial y la ayuda de 400 euros para la formación de parados. Este último punto aún estaba en cuestión por el coste económico de la medida.

En ese Consejo también podría aprobarse la norma que ponga en marcha la línea ICO para financiar a las comunidades autónomas su deuda con proveedores y que Economía ha ofrecido para canjear parte de la deuda que tienen las regiones con el Estado.