'Procede desestimar las diligencias interesadas por resultar inútiles, dilatorias y perjudiciales para la instrucción'. El juez adjunto al Central de Instrucción número 6, Pablo Ruz, se ha pronunciado con esta contundencia a la hora de rechazar las diligencias solicitadas por la Asociación Víctimas del Terrorismo y que reiteraron dos víctimas ligadas a ella en febrero y abril de este año.

La Audiencia Nacional ya había dictado la sentencia del 11-M el 31 de octubre del año pasado.

Se da la circunstancia de que una de las víctimas que solicitó la batería de seis diligencias relacionadas con los explosivos utilizados en los atentados es Gabriel Moris, que era vicepresidente de la asociación con Francisco José Alcaraz y fue uno de los ocho peritos que realizaron el informe encargado por el propio tribunal del 11-M al comenzar el juicio. Moris, de profesión químico, perdió un hijo en los atentados de Madrid.

Las diligencias que solicitaban las dos víctimas incluían realizar un simulacro de explosión en vagones de tren, similares a los del 11-M, con distintos explosivos: Goma 2 Eco, Goma 2 EC y Titadyne. También pretendían realizar nuevos informes periciales: uno de ellos para determinar qué explosivos se fabricaron en España, Francia y Austria desde 1999.

A la busca de autores

La batería de pruebas se solicitó en uno de los flecos que quedaron abiertos en el Juzgado Central de Instrucción número 6, tras ser concluido el sumario del 11-M para celebrar el juicio. En concreto, en el referido a los restos de 'ADN, impresiones dactilares y textos manuscritos' que no pudieron ser atribuidos a nadie. Esta causa intenta encontrar a nuevos autores de la masacre o a personas que ayudaron a huir a los buscados, como Mohamed Afalah, Mohamed Belhadj y Daoud Ouhnane, que se sospecha que se suicidaron en Irak.

El juez Ruz explica, siguiendo el criterio fiscal, que 'las diligencias interesadas, en su totalidad, inciden nuevamente en la determinación del tipo de explosivo que fue utilizado para la comisión de los atentados del 11 de marzo de 2004', lo que 'fue ya objeto de la instrucción judicial' y se resolvió en la sentencia de la Audiencia Nacional, revisada en casación por el Tribunal Supremo el pasado mes de julio.

Ruz explica que la petición de pruebas 'no introduce ningún elemento indiciario nuevo a valorar por el instructor', por lo que todas ellas resultan 'carentes de utilidad y de la más mínima conexión con las personas imputadas' en las diligencias abiertas.

La sentencia del 11-M estableció que 'toda o gran parte de la dinamita de los artefactos que explosionaron en los trenes y toda la que fue detonada en Leganés, procedía de mina Conchita'. Los terroristas la consiguieron gracias al ex minero José Emilio Suárez Trashorras, uno de los condenados.