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El juez Calamita se sienta en el banquillo de los acusados

El letrado está acusado de “retardo malicioso” en la adopción de dos lesbianas

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El juez Fernando Ferrín Calamita, que en la actualidad se encuentra suspendido de empleo y sueldo desde febrero por el Consejo General del Poder Judicial, será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia a partir de hoy, imputado por un “retardo malicioso” en el proceso de adopción de una niña iniciado por una pareja de lesbianas.

El Ministerio Fiscal considera al acusado autor de un delito continuado de prevaricación, con la agravante del artículo 22.4 del Código Penal (actuar movido por animadversión hacia la orientación sexual de la adoptante y de la madre biológica) y pide que se imponga una pena de 9 meses de prisión y 18 años de inhabilitación profesional. Además, considera que el acusado –y subsidiariamente el Estado– deberán indemnizar a la querellante en la cantidad de 18.000 euros por los daños morales producidos.

Derechos fundamentales

Por su parte, la acusación particular considera al juez autor de un delito de prevaricación en su modalidad de “retardo malicioso” o, alternativamente, de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales. El  funcionario público habría discriminado a las solicitantes por razón de orientación sexual.

En el primer caso la acusación particular pide la inhabilitación especial de Calamita para empleo o cargo público durante cuatro años. Además, por el delito de discriminación, pide la pena de tres años de prisión y también cuatro de inhabilitación.

Por su parte, la defensa del juez Calamita rechaza la existencia del delito continuado de prevaricación, retardo malicioso o que negase a la adoptante el acceso a la justicia por razón de su orientación sexual. Asegura que no existen, por tanto, circunstancias agravantes y solicita la libre absolución del letrado.

Prueba testifical

La sesión de mañana se dedicará a la práctica de la prueba testifical, en la que intervendrán la adoptante que se querelló contra el juez, técnicos del Gabinete Psicosocial y Forense y de los servicios de Protección del Menor y de Acogimiento y Adopción.

El juicio continuará el próximo día 26 de noviembre con la práctica de más pruebas y concluirá el jueves 27 con la presentación de los informes de las acusaciones y de la defensa.