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El jurado pide prisión para el ex edil de Urbanismo de Palma

El fiscal rebaja la petición de pena a tres años de cárcel y seis de inhabilitación

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El jurado popular declaró ayer por unanimidad culpable a Javier Rodrigo de Santos, ex concejal de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Palma, que cometió un delito de malversación de fondos público. El jurado pidió que ingrese en prisión.

No obstante, en su veredicto, acepta dos de los tres atenuantes que ha defendido el abogado del también ex teniente de alcalde conservador durante el juicio celebrado esta semana, entre los días 14 y 16. En este caso se dan por buenos los atenuantes de drogadicción y reparación del daño, aunque no el de confesión. Ahora, el juez de la Audiencia Provincial de Palma, Carlos Izquierdo, tendrá en cuenta la opinión del jurado a la hora de dictar sentencia. El fallo se conocerá en dos semanas.

El jurado considera que Javier Rodrigo de Santos es culpable de haber usado fondos públicos del Ayuntamiento de Palma para su propio beneficio mediante múltiples operaciones con la tarjeta de crédito del Consistorio, cada una de ellas inferior a los 4.000 euros.

De esta forma da como buenos los gastos que se hicieron en los clubes de alterne gay Casa Alfredo, Prometeo y una casa de masajes de Madrid y dicta que el ex concejal no tenía intención de devolverlos. El gasto total asciende a más de 52.500 euros.

Por su parte, el fiscal ha rebajado aún más la petición de condena hasta fijarla en tres años de cárcel y seis de inhabilitación, al quedar acreditado el atenuante de consumo de drogas. El fiscal no tiene en cuenta, en cambio, los atenuantes de confesión y devolución del dinero malversado, tal y como solicita la defensa. Cabe recordar que el ministerio público ya disminuyó su solicitud de condena el pasado martes, al pasar de cinco a tres años y medio de prisión.

La defensa, que ejerce el abogado José Ignacio Herrero, solicita una pena menor de cuatro meses y medio de prisión y un año y medio de inhabilitación.

Queda ahora a interpretación del juez el peso específico de los atenuantes y si tiene en cuenta, como hace la Fiscalía, sólo el referido al consumo de cocaína.

Javier Rodrigo de Santos, durante el juicio, no negó los pagos de que le acusaba la Fiscalía, pero los atribuyó a su adicción a las drogas. Valiéndose del derecho a la última palabra en el juicio, se dirigió el miércoles al jurado 'como drogadicto y no como culpable', aunque admitía serlo.

Con semblante desencajado, Rodrigo de Santos dijo haber 'vivido engañado' debido a su dependencia de la cocaína, ya que 'tenía un perjuicio y pensaba que lo podía dejar'. Asímismo, manifestó que su 'voluntad' nunca fue la de apropiarse de dinero público.