Publicado:  12.05.2010 10:11 | Actualizado:  12.05.2010 10:11

Las nueve medidas del Gobierno para reducir el déficit

Serán aprobadas el próximo viernes por el Consejo de ministros para su entrada en vigor inmediata

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1. Funcionarios: Primera reducción de sueldo de la historia

Por primera vez en la historia reciente, un Gobierno decide recortar el sueldo a los funcionarios. El mayor peso del ajuste anunciado ayer para acelerar la reducción del déficit público recae en los bolsillos de los empleados de todas las administraciones públicas. Según los últimos datos del Gobierno, referidos a julio del año pasado, la plantilla de la Administración central, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales suma 2.659.010 efectivos.

Aquí están tanto el personal administrativo como los médicos, los jueces, los profesores, los policías y militares, o los inspectores de Hacienda y los carteros. El recorte se aplica a los empleados de todas las administraciones porque en materia de retribuciones públicas el Gobierno central es el que marca la pauta al resto.

La rebaja será, de media, del 5% a partir del próximo mes de junio. El ajuste será proporcional, esto es, afectará menos a los salarios bajos, y más a los más altos. En este caso, el recorte llega al 15%, que es el que se aplicará también a los miembros del Gobierno. Por ejemplo, Rodríguez Zapatero, que tiene fijado en los Presupuestos un sueldo de 91.982,40 euros brutos anuales, quedará en 78.185,04 (1.150 euros brutos menos al mes). Además, las retribuciones permanecerán congeladas en 2011.

Según los datos de la Intervención General del Estado, el gasto de personal de todas las administraciones alcanzó el año pasado los 124.285 millones (un 5,6% más que en 2008). De esta cantidad, unos 90.000 millones corresponden a los salarios.

El tijeretazo de este año supondrá, así, un ahorro en el medio año que queda de unos 2.250 millones. En 2011, el ajuste se calcula en unos 4.500 millones. En total, el ahorro en personal se estima en unos 6.750 millones, más de un tercio del ajuste total.

El plan de ajuste del Gobierno toca la inversión en infraestructuras, una de las armas que se está usando para anticipar la recuperación. En 2010 y 2011 se recortarán 6.045 millones de inversión del Estado, es decir, el 40% del ajuste adicional anunciado de 15.000 millones para minorar el déficit público. Aunque las cifras en detalle están perfilándose, el Ministerio de Fomento, el más inversor, tendrá que cargar con aproximadamente un tercio de esta cantidad, 2.000 millones, según fuentes del Gobierno. El resto se repartirá entre los demás ministerios.

Fomento ya asumió casi la mitad del recorte efectivo que se decidió en febrero, ya que de los 5.000 millones se repartían 3.500 millones entre los ministerios y al que dirige José Blanco le tocó digerir la mitad: 1.760 millones, entre inversión y gasto corriente.

Apretarse aún más el cinturón obliga a este departamento a reprogramar proyectos, incluso algunos de los ya adjudicados. El retraso máximo en las obras será de un año y el promedio se situará en seis meses, según aseguró Blanco en los pasillos del Congreso, informa Efe. De hecho, Fomento está ya negociando con las constructoras el efecto del ajuste de febrero para que estas ralenticen el calendario de ejecución de las obras afectadas y que el ministerio pueda alargar el plazo de los pagos.

El AVE a Valencia no se toca

El proyecto que no se parará en ningún caso es el AVE de Madrid a Valencia, Cuenca y Albacete, que estará terminado a finales de este año, según fuentes de Fomento.
Las constructoras han acogido mal el nuevo recorte. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la patronal del sector, manifestó ayer que "una nueva reducción de la inversión de infraestructuras afectará singular y negativamente al crecimiento económico y a la recuperación del empleo, y alejará en el tiempo la salida de la crisis".

Sin embargo, el Plan Extraordinario de Infraestructuras de 17.000 millones, por el que las constructoras adelantarán el dinero y el Estado les pagará un canon a partir de 2014, debería compensar el recorte, en opinión de constructoras como Sacyr. Otras empresas no lo ven así. "El plan supone una inversión efectiva de 7.500 millones y eso sólo compensa lo que se adjudica en carreteras en dos años, pero no en ferrocarril y el resto", señala un alto directivo del sector.

Hay tres colectivos bien identificados cuyos ingresos dependen de las arcas del Estado: los funcionarios, los parados y los pensionistas. De los tres, los pensionistas son el grupo más numeroso, con 8,6 millones de pensiones en vigor en el mes de abril.

Cada mes se abonan 6.700 millones de euros (90.000 millones anuales), por lo que es una de las partidas de gasto más elevadas del presupuesto. Y, aunque la subida de las pensiones año tras año ha sido una de las banderas de Zapatero, por primera vez en 25 años las pensiones se congelarán en 2011. Esto supone, según cálculos de la Seguridad Social, un ahorro de 1.500 millones de euros. Esta congelación no afectará a las pensiones no contributivas ni tampoco a las pensiones mínimas, paraguas bajo el que se engloban 2,6 millones de pensionistas.

Desde 1985, las pensiones se actualizan cada año y en la primera ronda del Pacto de Toledo, en 1995, se fijó la norma legal de revalorizar estas prestaciones por adelantado con el IPC previsto (que desde 2000 se había considerado el objetivo de inflación marcado por el Banco Central Europeo, es decir, un 2%) y luego compensar a los perceptores por la desviación real de la inflación. Esta desviación se calcula con el dato de IPC a noviembre y se cobra en una paga única en la nómina de enero.

Esta actualización sí se hará, si corresponde, en 2010, según aseguraron fuentes de Moncloa. En este ejercicio las pensiones subieron de media un 1%. Así, si el IPC de noviembre de 2010 se sitúa por encima del 1%, los pensionistas sí recibirán en enero una paga compensatoria, la única variación al alza que registrarán hasta, al menos, enero de 2012, sea cual sea el próximo año la evolución de la inflación.  

El Gobierno propuso ayer acelerar el cumplimiento de la reforma de la Ley de la Seguridad Social que entró en vigor el 1 de enero de 2008. Esta ley se había marcado como objetivo corregir el problema de plazo mínimo de cotización para acceder a una prestación, fijado en 15 años pero que, al no haber tenido en cuenta las pagas extra, se había quedado en la práctica en poco más de 12 años. El cambio era progresivo hasta 2013, pero se hará de una vez y los que se jubilen en agosto tendrán el cálculo completo.

Además, la reforma había fijado elevar, paulatinamente, de 60 a 61 años la edad mínima para acceder a la jubilación parcial. Cada año, hasta 2013 se añadirían algunos meses a la edad hasta conseguir el nuevo mínimo, lo que se ha acelerado ahora de golpe. Esto puede causar problemas en las empresas que tenían previsto planes de jubilación parcial programados para este año como medida de renovación de la plantilla, y que ayer ya mostraron su preocupación.  

Las ayudas económicas a los dependientes ya no serán retroactivas. Sólo si las autonomías tardan más de medio año en resolver un expediente, pagarán el importe atrasado desde el día que sobrepase ese periodo. Hasta ahora, la retroactividad se aplicaba desde la fecha de solicitud de la ayuda. Por otra parte, las autonomías podrán pagar el dinero atrasado hasta ahora, en pagos fraccionados, con un límite de cinco años. Las asociaciones de profesionales del sector, de discapacitados y de mayores critican la medida. 

El Gobierno ahorrará unos 1.050 millones de euros anuales con la rebaja del precio de los medicamentos que aún están bajo patente, es decir, aquellos cuyo principio activo es nuevo y no admite genéricos. El Ministerio de Sanidad aún estudia los porcentajes en que se efectuará la rebaja. Según avanzó ayer el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, los fármacos con más años en el mercado (la patente dura diez años) se rebajarán más que los de reciente incorporación.

Por otra parte, se ahorrarán otros 300 millones cada año a costa de envasar los fármacos adaptando las dosis a los tratamientos más habituales, incluso permitiendo las monodosis, de forma que se evite el almacenamiento de medicamentos. La patronal Farmaindustria advirtió de que el recorte hará que se reduzca la investigación. La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles denunció que el cambio en el envasado es innecesario. El Ejecutivo aprobó en marzo rebajas del precio de los genéricos para ahorrar otros 1.500 millones.  

La Ayuda Oficial al Desarrollo fue uno de los estandartes sociales enarbolados en el programa de la primera legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y se mantuvo como una prioridad presupuestaria de gasto en este segundo mandato. El Ejecutivo se había propuesto como objetivo llegar al 0,7% del PIB invertido en esta partida para 2012.

La ayuda presupuestada para este año ya supuso un paso atrás en este objetivo, que ahora se agrava con el anuncio de un recorte de 600 millones de euros para 2010 y 2011. El Ejecutivo no ha explicado cómo se hará el recorte, pero supone algo más del 12% de la ayuda en un año, o casi un 6% de cada año. La rebaja supone un retroceso de dos años en términos de volumen, según los cálculos de Intermón Oxfam y, además, hace prácticamente imposible conseguir el objetivo del 0,7% de ayuda para 2012. Es previsible que el Gobierno lo reprograme para conseguir esta cifra en 2015, en línea con la propuesta de la UE. 

Los responsables económicos del Gobierno vienen subrayando que autonomías y ayuntamientos, que representan en torno al 40% del gasto público, deberían correr con su parte en la reducción del déficit. Según las medidas anunciadas ayer, les toca un 8% del ajuste de 15.000 millones, esto es, 1.200 millones de ahorro.

No se ha precisado cómo lo llevarán adelante. Deberá debatirse con autonomías y ayuntamientos, respectivamente, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL). Todavía no hay fecha para que se reúnan estos órganos, en los que se deciden los asuntos económicos que afectan a las administraciones territoriales. Es previsible que se espere al encuentro que habitualmente celebra el CPFF en junio.

Autonomías y municipios tienen plena capacidad para gestionar sus cuentas ¿Cómo podría forzar el Gobierno que ajusten su gasto? Por un lado, no autorizando sus emisiones de deuda; por otro, reduciendo las transferencias que les realiza. 

Las mujeres que tengan un hijo a partir del 1 de enero próximo ya no recibirán la prestación de 2.500 euros que hasta ahora se venía concediendo por cada nacimiento o adopción. Será, así, otra ayuda de corta duración, como la deducción de 400 euros en el IRPF, que desde el presente año tiene limitada su aplicación.

El llamado cheque-bebé, que técnicamente funciona como una deducción fiscal, se puso en marcha en el otoño del año 2007 (aunque con vigencia para los nacimientos producidos desde julio de ese año). Es decir, que ha estado vigente tres años y medio, en los que ha beneficiado a alrededor de 1.700.000 madres.

El Gobierno ya barajó la supresión de esta ayuda, o limitar su aplicación a las rentas más bajas, cuando preparaba las medidas de ajuste que incluiría en los Presupuestos para 2010. Pero al final optó por mantenerla (sí se revisó la deducción de 400 euros) para no afectar al gasto social. Ahora no se ha salvado de la tijera. 

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