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Los partidos señalan a Mas por los pagos a Convergència

El líder de CiU niega de plano las acusaciones de Hacienda

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Mas 'conoce más de lo que quiere hacer creer', dijo ayer el diputado del PSC, Jordi Terrades, a propósito del informe que la Agencia Tributaria presentó el martes ante el juez que lleva el caso del expolio del Palau de la Música y que apunta a que CDC habría recibido comisiones de Ferrovial para financiarse ilegalmente.

Pero Terrades no fue el único. ERC, ICV-EUiA y PP aprovecharon la coyuntura y arremetieron contra los nacionalistas, ahora sí, sin tapujos. 'Hay algo más que indicios de financiación irregular en CDC a través del Palau', dijo el president de la Generalitat, José Montilla. 'CDC no puede continuar silbando y mirando hacia otro lado', afirmó la portavoz de los ecosocialistas, Laia Ortiz. Dolors Montserrat, del PP, tampoco se quedó atrás: los miembros de CDC 'tienen responsabilidades en la trama'.

Y mientras todos los grupos parlamentarios atacaban a los nacionalistas , el presidente de CiU, Artur Mas, salía al paso diciendo que 'no hay ninguna prueba' que demuestre la financiación irregular. También señaló que los documentos que aportó Hacienda ya eran conocidos y sólo demuestran una relación entre la constructora y el Palau pero, en ningún caso, que la Fundación Trias Fargas esté implicada.

'Nosotros queremos que se miren las adjudicaciones de Ferrovial, y si se quiere las de cualquier otra empresa, y si en algún momento se demostrase que hubo un trato de favor, pues ya lo veremos', afirmó un Mas, más titubeante que en otras ocasiones. Más duro estuvo su número dos, Felip Puig, que afirmó que el documento de Hacienda tiene como fuentes 'la Wikipedia, internet, y los periódicos'.

ICV replicó exigiendo a CiU que devuelva el dinero 'expoliado' a través de las obras públicas que supuestamente los gobiernos nacionalistas adjudicaron a Ferrovial a cambio de comisiones. Esta cifra, según Hacienda, alcanza los 5,9 millones de euros.

Ortiz aprovechó para pedir al juez que lleva el caso, Juli Solaz, que aclare responsabilidades antes de las elecciones. No obstante, la portavoz admitió que no se puede someter la Justicia al calendario electoral.