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El PP tacha de "secuestro" la detención de su líder alicantino

El líder conservador confirma que trasladó su solidaridad al dirigente imputado

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El PP recorrió hoy una distancia cualitativa kilométrica en la huida hacia delante emprendida tras la detención del presidente de la Diputación de Alicante y líder del partido conservador en esta provincia, José Joaquín Ripoll.

La teoría de la conspiración acuñada por el PP para sortear esta nueva mancha en la Comunitat Valenciana llevó a los conservadores a sacar a la arena de las acusaciones una decena de voces para remover unidas una pretendida catarata de sospechas en torno a este caso.

El portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, ganó por goleada el concurso de adjetivos en el que se empleó la dirección conservadora para huir de cualquier responsabilidad en este asunto. 'A lo que se ha asistido es a un secuestro, no a una detención', denunció solemne. 'La Policía no tenía derecho a detener al señor Ripoll', insistió, en el marco de lo que describió como un 'gran montaje mediático' en el que se trató a los detenidos 'como si fueran terroristas'.

El resto de la dirección del PP, incluido el propio Mariano Rajoy, no alcanzaron la altura crítica de García-Escudero en la escalada de acusaciones que prosiguieron hoy, aunque todos extendieron la misma mancha de sospechas sobre la superficie del caso para zafarse del fondo.

'La responsabilidad es de Interior, porque cuando yo era ministro, eso así no se hacía nunca', defendió Rajoy antes de confesar cómo trasladó su apoyo a Ripolltras ser detenido. 'Lo único que le dije es que expresaba mi ánimo, mi solidaridad en estos momentos difíciles y que me mantuviera informado'.

El PP unió todas las voces posibles para pedir explicaciones a Rubalcaba 

Rajoy no pidió la cabeza del responsable de su partido en Alicante imputado por cohecho y prevaricación, pero sí la de Rubalcaba, al anunciar que le exigirá en el Congreso 'que explique qué ha pasado'.

Unida a este coro conservador de sospechas, la presidenta de la Comunidad de Madrid calificó la operación policial desarrollada en Alicante de 'atentado a los derechos fundamentales'. Esperanza Aguirre tildó de 'vergüenza' la pretendida 'utilización partidista de las instituciones del Estado por parte del PSOE contra el PP', argumento que repitieron otros dirigentes del su partido.

'Grave quiebra del Estado de Derecho' fue la letra que puso el responsable de Justicia del partido conservador, Federico Trillo, a la misma música de reproches a la que se sumó el vicealcalde de Madrid. 'Si alguien tiene obligación [de cumplir la ley] son quienes tienen la función de que los demás la cumplan: la administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado', denunció Manuel Cobo.

Sin nota disonante alguna en el orfeón de denuncias del PP, sólo Javier Arenas imprimió su acento a las críticas al relegar a Rubalcaba a simple caza menor y reclamar, no explicaciones, sino disculpas 'cuanto antes' al propio jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde la Comunitat Valenciana, el número dos del presidente imputado de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró que existe una 'opinión generalizada' sobre la 'desproporción y la exagerada puesta en escena' que se produjo en Alicante con la detención de Ripoll, 'muy propia de otro tipo de actuaciones judiciales', según la calificó Vicente Rambla.