Mano de obra barata, también en derechos. Lo primero, cuando se trata de trabajadores inmigrantes, es ya una realidad en una Unión Europea con una discriminación salarial de facto. Sin embargo, desde hoy esos trabajadores y sus familias también podrían verse excluidos de la igualdad respecto a los ciudadanos europeos en materia de derecho a pensión, vivienda, protección social, becas o educación permanente. El pleno del Parlamento Europeo tiene hoy la última palabra sobre una directiva que regulará de manera global las solicitudes de permiso de residencia y trabajo en la UE a través del conocido como 'permiso único'.

En su tramitación parlamentaria dentro de la comisión de Libertades Civiles, los eurodiputados han respaldado la postura de la Comisión y los 27 gobiernos, que apuestan por garantizar la igualdad de trato entre trabajadores de la UE y extranjeros en cuanto a salarios, horas y condiciones de trabajo, formación o seguridad social. Pero la directiva deja deliberadamente fuera a los temporeros, trabajadores desplazados a Europa, refugiados o los que desarrollen su actividad profesional como autónomos.

'Los trabajadores extranjeros vendrían a Europa a trabajar bajo las leyes laborales de sus países de origen', denunció ayer Alejandro Cercas, eurodiputado del PSOE y famoso por ser el artífice de un giro copernicano en la postura de la Eurocámara sobre la directiva de las 65 horas, que el pleno de la institución tumbó hace ahora dos años. 'Es peligrosa para la igualdad, porque consagraría una mano de obra de bajo coste y acabaría fomentando la xenofobia y el odio a los inmigrantes', señaló.

Temporeros, refugiados o autónomos, los más afectados

Según él, la directiva no afectaría directamente a España, ya que la protección del inmigrante está reforzada en la legislación nacional y a través de los convenios del Consejo de Europa sobre la materia que han sido suscritos.

Durante el debate, la ponente parlamentaria, Veronique Mathieu, del Partido Popular Europeo, aseguró que la directiva busca 'responder a las necesidades del mercado laboral' y luchar 'contra la competencia desleal en detrimento de los trabajadores europeos'. El PP español respalda la formulación actual de la directiva y es crítico con la oposición de parte de la izquierda, que en los últimos días ha trabajado contrarreloj para tratar de aprobar algunas enmiendas clave. 'Decir que el texto discriminará a trabajadores inmigrantes es ocultar la verdad', aseguran fuentes conservadoras, que recuerdan que los colectivos excluidos van a ser objeto de otra directiva. Sin embargo, el texto está diseñado como una 'directiva marco', que sirva como un paraguas para especificaciones más adelante. Para el PP, es lógico que los trabajadores extranjeros que 'vienen a trabajar legalmente menos de seis meses no tengan los mismos derechos de paro o pensión que uno europeo o inmigrante que ha estado cotizando durante toda su vida laboral'.

Para el grupo de los verdes, la directiva es un 'nuevo torpedo conservador a la Europa social', en palabras de Raül Romeva (ICV-Verds). 'Nos podemos encontrar con que en los hoteles y restaurantes europeos comiencen a trabajar trabajadores temporeros con muchos menos derechos que los ciudadanos de la UE, consolidando un nuevo y moderno concepto de esclavitud'. Según la Izquierda Unida europea, la directiva es una violación de la Declaración Europea de los Derechos Humanos y legitimará una 'jungla' del mercado laboral donde la 'explotación' campará a sus anchas.

'Consolida un moderno concepto de esclavitud', según ICV-Verds

La Confederación Europea de Sindicatos también se opuso a la formulación actual, asegurando que rompe 'el principio de igualdad de trato' y abre el 'peligroso camino de la fragmentación del mercado de trabajo'.

La oposición a la directiva, liderada por Cercas, confía en ganar tiempo mediante la aprobación de algunas enmiendas que no puedan ser aceptadas por la dura posición del Consejo, la institución de los Gobiernos.