El portavoz del ministerio israelí de Exteriores, Igal Palmor, calificó este domingo de 'maniobra política' la investigación de un juez español sobre el ataque que costó la vida en 2002 a un dirigente del movimiento islamista Hamás y a catorce civiles en Gaza.

'La decisión de continuar la investigación por el juez (Fernando Andreu) va en contra de la opinión de la fiscalía de anularla, por lo que queda claro que es una maniobra política que no responde a los principios del Derecho' dijo Palmor en declaraciones a Efe.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Israel afirmó que 'hay que lamentar que este tipo de iniciativa política pueda prosperar en el sistema judicial español. El objetivo de la maniobra es emplear el sistema judicial español para una causa antiisraelí'.

Entre los siete responsables y militares israelíes a los que el juez Fernando Andreu quiere procesar por su presunta implicación en el ataque de 2002 figura el entonces titular de Defensa y actual ministro de Comercio, Industria y Trabajo, Benjamin Ben-Eliezer.

Los otros seis son el jefe de la Fuerza Aérea, Dan Halutz, el general Doron Almog, el asesor Giora Eiland, el secretario de Ben-Eliezer, Michael Hertzog, el jefe de Estado Mayor, Moshe Ya'Alon, y Abraham Dichter, director del servicio de Seguridad.

El magistrado Andreu decidió este lunes proseguir la investigación contra los siete tras considerar que, en contra de lo alegado por la fiscalía, el Gobierno israelí no ha abierto ningún procedimiento para esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque.

Además del líder islamista Salah Shehadeh, el bombardeo de hace siete años costó la vida a catorce civiles, nueve de ellos menores.

La prensa israelí asegura que la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, contactó a su colega español, Miguel Angel Moratinos, al iniciar Andreu la investigación el pasado 30 de enero.

De acuerdo con la fuente, Moratinos explicó entonces a Livni que el Gobierno de Madrid ha planeado modificar las condiciones en que los jueces españoles pueden acogerse al principio de jurisdicción universal para perseguir crímenes cometidos fuera de España.