Son muchas las denuncias de tortura contra los servicios de inteligencia británicos y muchas también las evidencias, pero el jefe del MI6, John Scarlett, ha negado todas las acusaciones y ha defendido a toda costa la estrategia del Reino Unido en materia antiterrorista. Y entre otras cosas determinadas prácticas que ayudan a 'proteger a nuestro país'.

Scarlett hizo esta mañana una entrevista para la BBC en la que aseguró que 'no ha habido tortura y no hay complicidad con la tortura'. Sin embargo, el gran número de denuncias que acumula la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento  británico viene a decir otra cosa. A principios de agosto, una comisión conjunta de la Cámara de los Comunes y de los Lores pidió que se aclarara el papel de los servicios secretos en los casos de tortura. 

El jefe de la inteligencia británica defendió en la BBC la indepedencia del MI6 de las prácticas del espionaje estadounidense y subrayó que 'trabajamos para los intereses británicos; somos un servicio independiente que funciona bajo sus propias leyes, y no bajo las de otros, y con nuestros propios valores'. No obstante, Scarlett pidió que la tarea de los agentes del MI6 se evalúe pensando en la lucha antiterrorista: 'Tienen la responsabilidad de proteger a nuestro país contra el terrorismo y estos asuntos deben ser debatidos y entendidos en ese contexto'.

Pero el límite entre torturar e inducir a la tortura no parece estar muy claro en los códigos éticos británicos. La mayoría de los denunciantes dicen haber sido retenidos e interrogados en países como Pakistán por agentes del MI5 y después torturados por agentes de Policía de aquel país al negarse a hacer una declaración que les involucrara en la preparación de atentados en suelo británico. Lo que lleva a pensar que Londres está llevando a cabo una especie de externalización de la tortura, sin participar directamente en ella, pero induciendo a determinadas prácticas a los servicios secretos de otros países para forzar confesiones.

El caso que más repercusión tuvo en los últimos tiempos en Reino Unido fue el de Binyam Mohamed, un marroquí con residencia en el Reino Unido, que acusó a los servicios de inteligencia de haber colaborado en su martirio. Mohamed fue detenido en Afganistán y maltratado en cárceles de Pakistán y Marruecos, desde donde fue tarsladado finalmente a Guantánamo. Tras una confesión, Mohamed fue acusado formalmente de colaborar con Al Qaeda, pero tras la celebración de un juicio en Guantánamo, el preso dijo que esa declaración fue forzada por miedo a las torturas a las que estaba siendo sometido.

Fue liberado y trasladado al Reino Unido y su historia estuvo a punto de causar un conflicto diplomático. Dos jueces que llevaban el caso se negaron a publicar las evidencias que vinculaban a los servicios estadounidenses y británicos con las torturas por miedo a las represalias de EEUU. En un momento en que Obama trataba por todos los medios de esconder una serie de fotos que probaban las torturas a presos en Irak, la Casa Blanca amenazó a Londrescon replantearse toda la política antiterrorista con Reino Unido si salían a la luz las pruebas.

Pero el de Mohamed no es más que un caso de una de una larga lista que incluye denuncias con todo lujo de detalles de las torturas que sufrieron varios presos o las amenazas y extorsión a la que sometieron los servicios de Inteligencia a varios ciudadanos británicos musulmanes para que se convirtieran en confidentes.

En este marco se encuadran las historias de Jamil Rahman, galés de 31 años, que acusó el pasado mes de mayo a los servicios de inteligencia de haberle retenido durante dos años y medio en Bangladesh; o el de Ragzieb Ahmed, condenado a cadena perpetua en Reino Unido por colaborar presuntamente con Al Qaeda, liberado posteriormente y retenido y torturado en Pakistán.

En marzo, el primer ministro británico, Gordon Brown, anunció una nueva era en la política antiterrorista británica basada principalmente en la prevención. A principios de año, el ministro de Exteriores, David Miliband, reconoció que la famosa 'Guerra contra el terror' que emprendió la administración Bush había sido un error.

Los datos lo demuestran: Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York, el Reino Unido ha detenido a 1.471 personas en virtud de la ley antiterrorista. Pero lo que podría tomarse por empeño en evitar atentados queda muy empañado cuando se sabe que, de acuerdo con las cifras publicadas ayer por el Home Office, el Ministerio de Interior británico, dos tercios de los detenidos entre septiembre de 2001 y marzo de 2008 fueron puestos en libertad sin cargos.

El tercio restante lo componen las 521 personas contra las que se halló algún tipo de prueba. Acusados que, una vez juzgados, dejaron de nuevo claro el exceso de celo policial y de los servicios de inteligencia británicos: 198 acabaron en la cárcel, y de ellos, sólo 102 con el cartel de terrorista al cuello. Unas cifras que hablan por si solas: de los 1.417 detenidos, menos del 10% han sido condenados por terrorismo.