Mi intención no era llevarlos ante una Justicia en la que no creo, sino darles la oportunidad, puesto que se titulaban sindicalistas, de presentar descargo en el periódico de los trabajadores', escribió Rodolfo J. Walsh al presentar su formidable investigación sobre el tiroteo en la cafetería La Real, de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, el 13 de mayo de 1966, que dio lugar dos años más tarde al libro-documento ¿Quien mató a Rosendo?(451 Editores).

Esa misma Justicia dictó el miércoles importantes condenas a cadena perpetua y a 25 años de prisión a un grupo de represores por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 86 personas en la siniestra Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura militar. Aunque varios de los responsables del asesinato del escritor y periodista argentino han sido condenados, los tres más directamente implicados con la ratonera que se le preparó fueron absueltos: Juan Carlos Rolón, Pablo García Velasco y Julio Coronel.

Walsh enumeró las atrocidades en su Carta de un escritor a la Junta Militar'

Fue el capitán de Corbeta García Velasco quien estuvo a cargo del comando que tras detener a una persona con la que Walsh, miembro de la organización armada Montoneros, esperaba mantener contacto el 25 de marzo de 1977, preparó una emboscada. Walsh acababa de echar en el buzón una denuncia de los crímenes de la dictadura militar al cumplirse el día anterior, 24 de marzo, un año del golpe de Estado.

En la Carta de un escritor a la Junta Militar, Walsh hacía un recuento pormenorizado de las atrocidades cometidas y de la degradación social provocada por la política económica. El comando de la ESMA le reconoció y dio la voz de alto. Walsh se defendió con una pistola Walther PPK de bajo calibre. El 'grupo de tareas', como así se le llamaba, respondió con una ráfaga de disparos que le cruzaron el tórax en diagonal. Prácticamente llegó casi sin vida a la avenida del Libertador, sede del campo de concentración de la ESMA. Su cuerpo nunca apareció.

En la primera parte del juicio de la ESMA contra 18 represores se dictó, entre otras, condena por el llamado caso número 235. Se trata del secuestro, el 4 de agosto de 1979, de Raimundo Aníbal Villaflor, militante sindical, y de su esposa María Elsa Martínez. Fueron trasladados a la ESMA, donde según el testimonio de varios testigos, sufrieron torturas. La pareja nunca volvió a aparecer.

El ejercicio de la justicia universal en España ha sido clave para dos condenas

El secuestro de la pareja Villaflor tuvo lugar en Avellaneda, donde, mira por dónde, se desarrollaron, 13 años antes, los hechos que dieron lugar a la investigación periodística y posterior libro-documento de Walsh ¿Quién mató a Rosendo? Raimundo Villaflor y su hermano Rolando fueron dos protagonistas de aquel enfrentamiento. Trabajadores y sindicalistas, están ambos en la confitería La Real tomándose junto con otros obreros una pizza, cuando un sector de la mafia sindical argentina provoca un altercado para cargarse a un personaje del aparato sindical llamado Rosendo García.

También en la sentencia condenatoria se incluye la que se refiere a Azucena Villaflor, prima de Raimundo, y una de las fundadoras del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, quien ante la desaparición de su hijo Norberto y su nuera Raquel Mangin convocó la primera marcha de las madres en abril de 1977. Ocho meses más tarde, el 10 de diciembre de 1977, Azucena Villaflor era secuestrada y trasladada a la ESMA. Si su primo Raimundo nunca apareció, los restos de Azucena fueron identificados a mediados de 2009.

Entre los condenados por el caso Walsh, en cambio, sí se encuentran dos personajes en cuyo desenlace ha sido clave el ejercicio de la justicia universal en España. Son Ricardo Cavallo, cadena perpetua, y Juan Carlos Fotea, 25 años de prisión. El primero fue detenido en México por orden de la Justicia española. Tras permanecer en Madrid para responder por crímenes perpetrados en la ESMA, el Gobierno argentino solicitó su extradición para su enjuiciamiento. El segundo residía en España cuando fue detenido por orden de la Audiencia Nacional para ser, más tarde, entregado a las autoridades argentinas.