El británico Tony Nicklinson tenía pocas cosas de las que lamentarse. Exjugador de rugby, vivía en Dubai, donde era gerente de una empresa. Casado y con dos hijos (ahora de 22 y 24 años), dedicaba su tiempo libre al parapente, el esquí acuatico y a escalar puentes.

Pero su vida se quebró en 2005. Nicklinson sufrió una apoplejía que derivó en síndrome de cautiverio (Locked-In Syndrome, en inglés), una parálisis que afecta desde el cuello hasta los pies. Pese a que la lesión no doblega al cerebro —un programa informático transforma sus parpadeos en sonidos—, el enfermo requiere de cuidados constantes.

Nicklinson quiere morir porque considera que su vida es 'indigna, triste y miserable'. Pero su parálisis le impide plantearse tan siquiera el suicidio. Desde 2007 se ha negado a tomar los remedios recomendados por los médicos para prolongar su vida. Apenas toma aquellos que contribuyen a reducir los espasmos musculares que sufre. Poco más.

Las leyes de Reino Unido no contemplan la eutanasia. Atrapado en la maraña legislativa, el paciente, de 57 años, reclama justicia: solicita que un médico pueda cumplir su deseo de ayudarle a morir sin temor a ser acusado de de asesinato, una condena que en Reino Unido conlleva la cadena perpetua, sin importar el motivo o las circunstancias. 

Nicklinson no quiere morir de forma inmediata, sino hacerlo en el momento que estime oportuno sin que los que le ayuden a ello puedan toparse con problemas legales.

En una decisión sin precedentes en Reino Unido, el  Tribunal Superior de Londres ha admitido este lunes a trámite la petición del enfermo. Su caso sigue su curso legal, lo que incluirá audiencias, posiblemente a final de año, con testimonios de  médicos. El fallo es histórico, ya que es el primer caso de eutanasia que podrá ser escuchado en un tribunal.

Nada más conocer la decisión, su esposa, Jane, ha leído un comunicado en la cadena BBC celebrando el paso adelante. 'Ya no es aceptable que la medicina del siglo XXI esté gobernada por actitudes hacia la muerte del siglo XX', ha lamentado, al tiempo que se ha felicitado de que cuestiones de esta índole 'puedan debatirse en un tribunal'.

Más categórico se ha mostrado el abogado que representa al Ministerio de Justicia, en contra de la autanasia. David Perry ha señalado que la petición de muerte asistida 'no puede ser' según la legislación por la que se rigen Inglaterra y Gales. 'A menos que el Parlamento determine lo contrario', ha comentado abriendo la puerta a que Nicklinson tenga lo que tantas veces ha deseado: una muerta digna.