El Ministerio de Transportes y Movilidad, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)y Renfe han declinado participar en la conferencia sobre seguridad ferroviaria que ha organizado el Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento Europeo con motivo del décimo aniversario de la tragedia de Angrois, y con la que quiere también homenajear a las víctimas.

Las jornadas se celebrarán este jueves en la Eurocámara bajo el título "¿Tenemos seguridad ferroviaria?", y han sido convocadas por la eurodiputada nacionalista Ana Miranda. En ellas participarán afectados por el siniestro y familiares de fallecidos y heridos, expertos, portavoces sindicales, peritos y responsables de la Comisión Europea, del Europarlamento y de la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria de la UE. Las cuatro instituciones españolas, sin embargo, han declinado la invitación alegando motivos de agenda o que no ven procedente acudir al acto mientras sigue en marcha en Galicia el procedimiento judicial sobre el accidente del Alvia.

El descarrilamiento del tren que cubría el trayecto Madrid-Ferrol en la curva de A Grandeira, a pocos kilómetros de Santiago, causó 81 muertos y 144 heridos el 24 de julio de 2013. Diez años después, las víctimas siguen reclamando responsabilidades políticas a los responsables políticos y técnicos de los Gobiernos de PP y PSOE por la ausencia de las medidas de seguridad que hubieran impedido que por un despiste del maquinista el tren entrara en la curva de A Grandeira a 191 kilómetros por hora en un tramo con velocidad limitada a 80.

En el juicio, que se celebra desde el otoño pasado en Santiago, sólo han comparecido como acusados el maquinista, Francisco Garzón, y el exresponsable de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, para el que las defensas de las víctimas han reclamado penas de cárcel pero para quien el fiscal ha solicitado la absolución en coincidencia con la Abogacía del Estado y los abogados de Renfe y Adif.

"Lamentamos que estas entidades declinaran participar en una conferencia objetiva de alcance europeo", denunció este miércoles Ana Miranda, quien considera sus excusas "inadmisibles" y una falta de respeto hacia las víctimas. Además, recordó que algunas de esas entidades sí participaron en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo cuando ésta estudió el caso del accidente del metro de València.

Según informó el BNG en la Eurocámara en un comunicado, Renfe indicó que no considera adecuado participar "en ningún tipo de acto relacionado con un tema sobre el que existe una causa judicial abierta". ADIF ha añadido que la Plataforma de Víctimas ha reclamado una nueva investigación que el organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, no ve necesaria. El propio Ministerio alegó motivos de agenda del secretario de Estado de Transportes para no acudir. La CIAF, que en teoría debe ser un organismo independiente, envió su respuesta en una nota con membrete del mismo Ministerio en el que su presidente, Ignacio Barrón de Angoiti, asegura que no contempla "hacer nuevas valoraciones ni debates sobre el accidente".

"La respuesta de la CIAF era inadmisible ya que la Comisión Europea tiene abierto desde enero de 2019 un procedimiento de infracción contra el Estado español por incumplir la normativa europea de seguridad ferroviaria", subraya Miranda, quien añade que el informe realizado por la Agencia de Seguridad Ferroviaria de la UE sobre la investigación del siniestro por parte de la CIAF, que se presentó precisamente el 6 de julio de 2016, ni fue independiente, porque en ella participaron Adif y Renfe, ni abordaba aspectos clave sobre las causas del accidente.

El procedimiento de infracción abierto contra España partió de una denuncia de la eurodiputada gallega, que alertó de que el Estado español había incumplido su obligación de efectuar una evaluación de riesgos en los sistemas de seguridad durante el diseño y la puesta en marcha del tramo Ourense-Santiago y en particular en la curva donde ocurrió la tragedia.