La Audiencia Nacional (AN) ha autorizado la extradición a Perú de un agente acusado de cometer 13 asesinatos como miembro de un grupo criminal que operaba dentro de la Policía.

Según informa el organismo judicial en un comunicado, además de esos homicidios, se le atribuyen tres en grado de tentativa, entre 2012 y 2013. El agente Luis Alberto Mío Morocho era miembro de una organización criminal enquistada dentro de la Policía Nacional de Perú, que cometía los crímenes y los presentaba como éxitos contra la delincuencia para obtener condecoraciones.

El tribunal ha desestimado el argumento del acusado, que declaraba que la extradición obedecía a motivos políticos con origen en la inestabilidad política del país, donde en un corto espacio de tiempo se han sucedido distintos presidentes del Gobierno salpicados por escándalos de corrupción.

La Audiencia ha señalado al respecto que desde que se cometieron los hechos en 2012 hasta 2022, año en que se solicita la extradición, no se ha demostrado que se haya cometido un abuso de poder por parte del Ejecutivo de Perú que hiciera variar las decisiones judiciales que sustentan la demanda, a pesar de los cambios de Gobierno.

"Tampoco es fácil de entender", ha añadido la Sala, que en esa alegada confrontación política el recurrente haya permanecido en su país desde 2012 hasta 2019 trabajando como policía.

Además, el auto incide en que la cuestión alegada por el agente ha estado relacionada con la existencia de un enfrentamiento entre la ideología política del reclamado y el partido que gobierna, "pero en este supuesto se desconocen las ideas del citado y su vinculación o no con uno u otro de los diversos gobiernos de su país".

Los jueces tampoco han admitido que haya un supuesto riesgo para su vida en caso de ser extraditado, tal y como alega el reclamado, por haber sufrido tres atentados en su país.

Según el Tribunal, "no se ha aportado ningún dato indiciario que sustente tales manifestaciones, al igual que tampoco existe ningún documento que justifique haber pedido el asilo".

Operativos policiales ficticios

Según lo relatado por la AN, el primer delito se cometió en junio de 2012 en las inmediaciones del Puente Santa Anita del distrito de Atevitarte, donde los agentes acabaron con la vida de tres hombres.

El segundo de los ataques tuvo lugar el 18 de noviembre de 2012 el distrito de Puente Piedra (Lima) en un operativo policial simulado con motivo de un supuesto transporte de droga en el que dieron muerte a cuatro personas.

Por último, se le atribuye haber participado en la muerte, el 4 de diciembre de 2013, de seis personas en un operativo policial ficticio con motivo de un supuesto secuestro que se iba a producir en la ciudad de Chiclayo.