Publicado: 15.11.2013 14:02 |Actualizado: 15.11.2013 14:02

China relaja su política del hijo único y acaba con los campos de trabajo

El Partido Comunista anuncia nuevas medidas tras el Plenario de su Comité Central. En la arena económica, ampliará la privatización de la banca y bajará la edad de jubilación

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China relajará su política de hijo único, abolirá los campos de trabajo y reducirá los delitos punibles con la pena capital, de acuerdo con la decisión alcanzada durante la reunión del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh). Esta misma semana el presidente y secretario general del Partido, Xi Jinping, anunciaba apuntalaba el rumbo capitalista del país afirmando que "profundizará su reforma económica para garantizar que el mercado desempeña un papel decisivo en la asignación de recursos". Ahora, han dado a conocer una nueva batería de medidas destinadas a impulsar nuevos cambios en la sociedad y la economía.

Entre las medias sociales, se ha acordado que a partir de ahora las parejas puedan tener dos hijos si uno de los dos progenitores es hijo único, acabando parcialmente con la política de hijo único impuesta hace en los años 70 para limitar el rápido crecimiento de la población del país. Por otra parte, el Gobierno abolirá el sistema de campos de trabajo, los conocidos como "laogai", en el marco de los esfuerzos para mejorar las prácticas en materia de Derechos Humanos y judiciales en el país.

Se reducirá el número de delitos castigados con pena de muerte

Los miembros del Comité Central, el máximo órgano del partido gobernante, también han acordado en el tercer pleno de la XVIII Sesión que se reducirán el número de delitos que se castigan con la pena de muerte "paso a paso". Además, el país "trabajará para prohibir la obtención de confesiones mediante la tortura y el abuso físico" y se pedirá a los tribunales que sean estrictos y no acepten evidencias obtenidas ilegalmente. 

La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han criticado durante décadas al Gobierno chino por la imposición de trabajos forzados (en muchas ocasiones sin sentencia judicial), el extendido uso de la pena de muerte (también en delitos no violentos) o los abusos en la política del hijo único (abortos y esterilizaciones forzosas). 

Si esta semana el PCCh ponía al "libre mercado" en el centro de su política económica, este viernes se han conocido las medidas concretas que implementarán, de marcado corte neoliberal. Ampliará la entrada de capital privado en su sector bancario y construirá un sistema de seguridad social "más imparcial y sostenible" que aumente "gradualmente" la edad de jubilación.

El Partido asegura que permitirá la creación de bancos "pequeños y medianos" de "capital privado cualificado", si bien no especifica si esto incluye también capital extranjero, de momento sólo representado en China por entidades financieras grandes y bajo un alto coste de apertura de las sucursales. Actualmente, todos los bancos que existen en China cuentan con una mayoría del capital de titularidad pública, sea directamente provisto por la administración (central, provincial, local) o bien a través de otras compañías estatales.

Se permitirá la creación de bancos "pequeños y medianos" de "capital privado cualificado"

Además, exigirá a las grandes compañías estatales (SOE, siglas en inglés) que devuelvan el 30% de sus ingresos al Gobierno en 2020, el doble del máximo actual. Hasta ahora, el porcentaje que estas compañías tienen que dar al Gobierno oscila entre el cero y el 15%. El dinero recaudado se empleará, añade la formación, para "mejorar la calidad de vida de la población".

China, agrega, promocionará una "reforma pro mercado" en las SOE para romper los monopolios e introducir competencia. Menciona, específicamente, "monopolios naturales" como el energético y el ferroviario, ambos salpicados por grandes escándalos de corrupción. Asimismo, el capital privado podrá aportar dinero en proyectos de inversión de fondos del estado, y los empleados de empresas que tengan "multipropiedad" podrán comprar acciones de estas compañías.

El documento también contempla cambios en el sistema de seguridad social, como posponer de "forma progresiva" la edad de jubilación (actualmente, de 60 años en el caso de los hombres y de 55 en el de las mujeres), si bien no estipula un nuevo tope ni el periodo en el que debe ponerse en marcha la medida.

Según el texto, la gestión de las pensiones personales "será mejorada", aunque no dice cómo, y se fortalecerá la red de ayuda para los niños que se quedan en las zonas rurales, normalmente atendidos por sus abuelos, tras la migración a las ciudades de sus progenitores en busca de trabajo. Se adoptarán políticas, agrega, para facilitar las transferencias de los seguros de las zonas rurales a las urbanas y expandir las coberturas a los ciudadanos con menores ingresos.

Se adoptarán políticas para facilitar las transferencias de seguros de las zonas rurales a las urbanas

Con el fin de impulsar la urbanización del país, uno de los principales objetivos del primer ministro, Li Keqiang, el documento subraya que China "acelerará la reforma del sistema del hukou", como se conoce al actual permiso de residencia. El "hukou" restringe el movimiento de la población al impedir el acceso a servicios básicos como la educación o la sanidad en lugares que no sean el de nacimiento, o el de registro del permiso residencial.

Para "ayudar a los campesinos a convertirse en ciudadanos urbanos", se pondrán en marcha "requisitos razonables" para los residentes rurales que quieran obtener el "hukou" en las ciudades, y se controlará "estrictamente", añade, el tamaño de la población en las megalópolis. Aunque, de momento, no menciona la reforma de la tierra -propiedad estatal bajo la ley actual-, clave para que los campesinos puedan vender sus derechos de explotación y obtener ingresos que les permitan emigrar las ciudades.

Señala, por otro lado, que considerará la creación de un tribunal de propiedad intelectual para "animar a la innovación", y que "fortalecerá la lucha contra los crímenes de internet", después de un año en el que el Gobierno de Xi Jinping ha endurecido las medidas y la represión para combatir la divulgación de "rumores" en la red.