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Un Estado que se considera impune

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El ataque a una flota de barcos civiles, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y en misión estrictamente de paz, no es más que un nuevo ejemplo de la interpretación que el Estado de Israel hace del Derecho, especialmente del Internacional Humanitario, de los convenios internacionales y, sobre todo, de la exigencia de responsabilidades con que la comunidad internacional cuenta para poner a los culpables ante la Justicia.

Israel ha cometido una serie de delitos de carácter internacional: ha abordado barcos en aguas internacionales y sin contar con los permisos necesarios; ha herido o dado muerte a civiles indefensos ajenos a cualquier conflicto; ha atacado buques en los cuales iban civiles desarmados y, también, parlamentarios europeos especialmente protegidos, y, sobre todo, nos ha dado la razón a quienes llevamos años denunciando tanto la política sistemática de ataques a poblaciones civiles por parte de Israel como una política de encubrimiento de dichos actos por parte de muchos gobiernos, incluido el español.

Existen instrumentos legales bastantes para exigir responsabilidades a los auténticos responsables de estos atroces hechos, y también a los ejecutores de los mismos, pero para que esos instrumentos funcionen es preciso que los políticos europeos dejen de encubrir a los criminales que los cometen y que, cuando los casos llegan a los tribunales, no sean archivados por un erróneo sentido de la justicia fundamentado en razones políticas y basándose en que en 'Israel es una democracia' -cosa que pongo en duda- y que dicho Estado cuenta con mecanismos revisores y con un sistema judicial capacitado para depurar responsabilidades.

Sin ir muy lejos, debemos recordar que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha llegado a decir, con cuatro honrosas excepciones, que, con relación a crímenes que se cometen contra civiles en Gaza, 'poner en duda la imparcialidad y la separación orgánica y funcional con el Poder Ejecutivo que tienen la Fiscalía General Militar de Israel, la Fiscalía General del Estado de Israel y la Comisión de Investigación nombrada por el Gobierno de Israel, supone ignorar la evidencia de la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho'. Una argumentación jurídica diseñada para eludir que España realice una investigación penal seria de hechos que, de haberse investigado, tal vez, habría impedido que se cometiesen los que ahora deploramos.

De esas tierras, estos lodos, porque, mientras la Audiencia Nacional, de una parte, sostiene que 'ha habido una verdadera y real actuación, administrativa primero y judicial después' en Israel, el ministro Moratinos, de otra, se compromete y logra cambiar la ley sobre jurisdicción universal. El mensaje que se transmite al Estado criminal no es otro que mientras mayor sea su barbarie mejor será el premio: la absoluta impunidad.