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Derechos Humanos Organizaciones ecologistas responsabilizan a ACS del daño ambiental y social provocado en una región de Guatemala

La filial de ingeniería del grupo de Florentino Pérez, Cobra,  participa en un complejo hidroeléctrico cuya actividad ha reducido drásticamente el caudal del río Cahabón provocando que casi 29.000 habitantes de la comunidad q’eqchi’ no tengan acceso a agua potable

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Alteración del Río Cahabón. ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

Las organizaciones ecologistas Greenpeace y Alianza por la Solidaridad responsablizan a la empresa ACS por el daño que está causando por la alteración del río Cahabón situado en el departamento Alta Verapaz, en el norte de Guatemala. La filial de ingeniería de la empresa española, Cobra, participa como una subcontrata en varias fases del complejo hidroeléctrico RENACE. La actividad ha causado una reducción drástica del caudal del río Cahabón, produciendo así un gran daño ambiental y provocando que casi 29.000 habitantes de la comunidad q’eqchi’ no tengan acceso a agua potable.

La empresa ACS, cuyo presidente es Florentino Pérez, ha negado su responsabilidad argumentando que ellos cumplen con una subcontrata de la empresa constructora local CMI, la cual señalan como responsable. Sin embardo, el marco jurídico internacional fija que la ACS es cómplice por la participación en el proyecto.

“Según los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a todas las empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura”, comenta Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace en un comunicado. “Por este motivo el principio de la Diligencia Debida en el respeto de los derechos humanos se extiende a todas las empresas, sin diferencias entre empresas contratistas y subcontratistas”.

Almudena Moreno, portavoz de Alianza por la Solidaridad declara que “lo que les pase a los pueblos indígenas que alzan su voz contra estos proyectos es también responsabilidad de las empresas que participan en su construcción”. Y denuncia “a las empresas como ACS por su responsabilidad en la degradación ambiental y la violación de los derechos humanos que cometen en otros países”.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que España forma parte, se reunió recientemente para debatir un borrador sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante para obligar a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos.

En la zona ha habido protestas contra el proyecto RENACE encabezadas por Bernardo Caal Xol, que se encuentra en prisión preventiva. El activista  fue detenido el pasado martes 30 tras prestar declaración en el juzgado de Cobán (Guatemala). Las organizaciones ecologistas han iniciado una recogida de firmas para exigir la liberación de Bernardo Caal.

Las organizaciones ecologistas recuerdan en un comunicado el caso de la activista hondureña Berta Cáceres, que se opuso al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca.  Se trataba de una infraestructura que ponía en riesgo la supervivencia de la comunidad indígena Lenca de Honduras, en el corazón del río Gualcarque. El pasado 3 de marzo se cumplieron dos años desde que Berta fuera asesinada a balazos en su propia casa. Todavía no hay información sobre la identificación de los autores del asesinato.