Publicado: 01.03.2016 10:12 |Actualizado: 01.03.2016 10:12

Elecciones bajo el signo del dólar

El sistema electoral de EEUU se encuentra en una situación crítica que amenaza con provocar una crisis de legitimidad del conjunto del sistema político.

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El aspirante republicano Donald Trump firma un billete de 5 dólares a un seguidor en Walterboro, Carolina del Sur. - REUTERS

El aspirante republicano Donald Trump firma un billete de 5 dólares a un seguidor en Carolina del Sur. - REUTERS

En el Election day de 2016, el martes siguiente al primer lunes de noviembre, se celebrarán elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero no sólo. También se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado y se elegirán Gobernadores en una docena de Estados, además de miles de cargos estatales y locales, sin olvidar innumerables referendos sobre reformas constitucionales y legales en diferentes estados.

EEUU es una democracia viva y dinámica, sin embargo, el sistema electoral en el que se desenvuelven todos estos procesos se encuentra en una situación crítica que amenaza con provocar una crisis de legitimidad del conjunto del sistema político. Los grupos de interés dominan la vida política a través de la financiación de las campañas y los ciudadanos de a pie cada vez se sienten más desplazados.

Una buena muestra de las disfuncionalidades del sistema es que, en ocasiones, la competición no se basa en buscar el apoyo de los ciudadanos, sino en fomentar la apatía y poner trabas a las personas que quieren ejercer su derecho al voto. En esta línea hay que enmarcar las leyes aprobadas por algunos Estados de mayoría republicana exigiendo la presentación de un documento de identidad con fotografía para registrarse en el censo. Desde nuestra perspectiva puede resultar extraño que la inscripción en el censo sea voluntaria y no se comprende fácilmente que la exigencia de un documento identificativo pueda ser una barrera para votar, pero en EEUU la posesión de un carné de identidad no es obligatoria. Como consecuencia de ello, estas normas, aparentemente inocuas, pueden ser políticamente muy sesgadas, pues las personas que con mayor probabilidad van a carecer de ese documento son las más pobres (nótese que el principal documento de identificación es el carnet de conducir) o las pertenecientes a minorías étnicas y las trabas burocráticas pueden hacer que esas personas finalmente desistan de participar.



Es especialmente revelador, por ejemplo, que el estado de Texas admita como documento válido para registrarse la licencia de armas, pero no el carnet universitario. Recientemente, el humorista y presentador de televisión John Oliver mostraba el absurdo al que pueden llegar estas normas restrictivas denunciando uno de los casos más extremos, el de una pequeña ciudad de Wisconsin en la que la oficina que expedía los documentos de identidad solo abría, según la normativa aplicable, "el quinto miércoles de cada mes", lo que significaba que en 2016 esa oficina sólo permanecería abierta cinco días.

Una mujer anda bajo la lluvia junto a una bandera de EEUU pintada en un edificio en Manhattan. - REUTERS

Una mujer anda bajo la lluvia junto a una bandera de EEUU pintada en un edificio en Manhattan. - REUTERS

No podemos terminar esta aproximación al sistema electoral estadounidense sin hacer referencia al que es actualmente considerado como su principal problema: la influencia del dinero. Se le atribuye a Mark Hanna, hombre de negocios, senador y estratega electoral de finales del siglo XIX, haber pronunciado la célebre frase según la cual "hay dos cosas importantes en la política, la primera es el dinero y la segunda… no recuerdo cuál es". Desde siempre, el dinero ha jugado un papel primordial en las elecciones y han sido innumerables los escándalos vinculados a la financiación electoral. Pero en los últimos años la influencia del dinero en las campañas electorales se ha convertido en un motivo de controversia política de primer orden merced a algunas decisiones extremadamente discutibles de la Corte Suprema.

En el año 2002, el Congreso, gracias a los esfuerzos de los senadores Russ Feingold (demócrata) y John McCain (republicano) aprobó la Bipartisan Campaign Reform Act, la ley más importante en materia de financiación electoral desde la Federal Election Campaign Act de 1971. La nueva legislación trataba de poner coto a la excesiva influencia de los poderes económicos en la arena electoral introduciendo nuevas limitaciones a los gastos de las corporaciones en campañas de publicidad electoral y limitando también el dinero que podían recibir los partidos para fines no directamente electorales, pero que indirectamente podía también incidir en las campañas (el llamado soft money). Aunque la Corte Suprema, en principio dominada por los jueces de sensibilidad más progresistas, validó esta nueva legislación, la entrada de nuevos jueces durante la era Bush supuso la adopción de una nueva doctrina desreguladora en esta materia. La sentencia Citizens United v. FEC (2010) y la más reciente McCutcheon v. FEC (2014) han cambiado completamente el panorama, expandiendo la capacidad de las corporaciones y de los individuos más poderosos económicamente para realizar gastos y contribuciones de carácter electoral, propiciando una escalada sin precedentes de los gastos electorales.

La decisión Citizens United v. FEC permite que las corporaciones y los individuos más ricos puedan gastar ilimitadamente en campañas de publicidad de contenido electoral con la única condición de que esas campañas sean "independientes", es decir, que no estén coordinadas con las campañas de los candidatos. Gran parte de ese gasto se realiza a través de los llamados SuperPACs (Comités de Acción Política no vinculados formalmente a un candidato que pueden recibir donaciones ilimitadas de corporaciones e individuos) y de otras organizaciones sin ánimo de lucro que ni siquiera están obligadas a publicar sus donantes. En las últimas elecciones presidenciales (2012) este tipo de gastos "independientes" alcanzaron la cifra astronómica de 1000 millones de dólares, de los cuales más de 300 fueron gastos completamente opacos (dark money). Porque, ese es también uno de mitos que suelen circular sobre la financiación electoral estadounidense: suele decirse que la enorme libertad de gasto se ve compensada por estrictas normas de transparencia, pero lo cierto es que la transparencia ni llega a todos los rincones, ni es aplicada de manera efectiva por los órganos de control.

El enorme incremento de los gastos y contribuciones privados en las campañas electorales no es políticamente neutral. Es aparentemente neutral en cuanto que su influencia se extiende sobre los dos grandes partidos, pero no lo es en absoluto en cuanto a las políticas. Sin ningún género de dudas, la desregulación de la financiación electoral ha conllevado la imposición en los órganos legislativos estatales y en el Congreso de una agenda política marcadamente favorable a los intereses empresariales. Temas como los salarios mínimos, el control de armas, el cambio climático, la deuda estudiantil o la neutralidad de internet, se han visto afectados en mayor o menor medida por las donaciones provenientes de la banca de Wall Street, la industria del petróleo, la Asociación Nacional del Rifle o la Cámara de Comercio.

Sin duda, EEUU es una gran democracia, pero una gran democracia no exenta de problemas que hacen que la propia legitimidad democrática del sistema se esté empezando a poner en duda. Muchos expertos consideran que es la hora de las reformas, pero las reformas propuestas pueden acabar chocando en el poder judicial con una interpretación arcaica de la Constitución que mira más al pensamiento de los padres fundadores que a los retos propios de la sociedad del siglo XXI. El futuro presidente o la futura presidenta tendrá muy probablemente en sus manos la capacidad para alterar la relación de fuerzas en la Corte Suprema. Por este motivo, también, la elección de 2016 puede ser una elección crucial.

*El autor es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Ha sido investigador visitante en el Washington College of Law (American University) y en la Universidad de Toronto.