MADRID.- "Los problemas de Venezuela los resolvemos nosotros mismos". Es el mensaje que cuatro diputados venezolanos han lanzado este martes. Han criticado la "injerencia" que desde España se ha hecho sobre los asuntos internos del país latinoamericano y han puesto en el centro de la diana, aparte de buena parte de la política española ─"la derecha y el PSOE"─ un nombre propio: Felipe González.

El expresidente del Gobierno anunció este lunes que se hará cargo de la defensa de los opositores venezolanos encarcelados Leopoldo López y Antonio Ledezma. "Felipe González es un aliado de los promotores de la violencia y pide impunidad para un terrorista", ha declarado el diputado Darío Vivas y vicepresidente de la Asamblea Nacional hasta enero de este año.

"Felipe González pretende ser un suprajuez para liberar, sin juicio, a terroristas y seguir promoviendo la violencia. Su decisión de defender a Leopoldo López y Antonio Ledezma promueve la impunidad de los opositores violentos que sembraron el terrorismo de calle y produjeron 43 muertes en Venezuela (en las protestas del año pasado)", añadió Vivas en una rueda de prensa en la embajada venezolana en Madrid acompañado de los también diputados oficialistas Gladys Requena, Adel el Zabayar y Cristian Zerpa.

"Felipe González pretende ser un suprajuez para liberar, sin juicio, a terroristas y seguir promoviendo la violencia"

Vivas ha relacionado la decisión de González con la amistad "pública y notoria" que mantenía con el exmandatario venezolano Carlos Andrés Pérez, "el presidente más corrupto y represor que ha tenido el país" y, a juicio del diputado, "padrino de adopción" de Ledezma. El "exgobernador de Caracas" fue, recordaron los representantes del Gobierno de Nicolás Maduro, jefe de la Policía metropolitana durante el primer mandato de Pérez y "uno de sus más connotados discípulos que en los años 90 reprimió a los estudiantes y a ciudadanos que demandaban justicia social".

Vivas señaló asimismo que el expresidente español tenía "negocios" con Pérez, destituido en 1993 por malversación de fondos públicos. "Felipe González no tiene moral, es un comerciante, un lobbista de las multinacionales", apuntó, a lo que Requena añadió: "Está propiciando restaurar en Venezuela un Estado en el que pueda hacer lobbies de negocios con as empresas para las que trabaja".

La actitud de "injerencia" de los políticos españoles responde, según defendieron los parlamentarios venezolanos, al "cumplimiento de la orden del imperialismo de Estados Unidos" de tratar de desestabilizar al Gobierno de Caracas. Como ejemplo pusieron el reciente decreto aprobado por Barack Obama que declara a Venezuela una "amenaza para la seguridad nacional estadounidense".

Ante ello, los diputados venezolanos anunciaron que solicitarán en la 132 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, que se celebra en Hanoi (Vietnam) del 28 de marzo al 1 de abril, un "pronunciamiento de apoyo a Venezuela, a nuestra democracia e independencia, y al derecho de nuestro pueblo a asumir sus retos y resolver sus problemas en paz".

Informe de Amnistía Internacional

Coincidiendo con la rueda de prensa en la embajada, Amnistía Internacional ha presentado este martes también en Madrid su informe sobre la violencia en Venezuela. La organización denuncia las violaciones de derechos humanos cometidas en las protestas de 2014 en las que murieron 43 personas y el desamparo de las víctimas ante la falta de justicia.

En declaraciones a Público, Nuria García, investigadora de la organización sobre Venezuela, ha explicado que lo que exige Amnistía es que "se esclarezcan las circunstancias de todas las muertes". Asimismo, reclama que "se garantice un debido proceso a los detenidos", en referencia a los opositores en prisión, como Leopoldo López, del que piden su liberación porque, según la ONG la Fiscalía no ha presentado que sustenten su encarcelamiento.   

García reconoce que ha habido una "violencia invisibilizada", en relación a las muertes por las acciones de las guarimbas (barricadas organizadas por grupos, a veces armados, anti gubernamentales) y recuerda a los líderes opositores su obligación de hacer llamamientos a manifestaciones de carácter pacífico.

La investigadora, no obstante, señala, que "todos los actores tienen su parte de responsabilidad" e incide en que es tarea de las autoridades poner fin a los abusos y al clima de inseguridad.