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La Fiscalía colombiana investiga al Canal de Isabel II por fraudes y sobornos

A partir de la ciudad de Barranquilla, el Canal de Isabel II  inició una extensa red de compañías de servicios públicos en Brasil, República Dominicana, Ecuador, Perú, Venezuela, México y Panamá.

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Imagen de archivo del Canal de Isabel II / EFE

La llamada en España 'Operación Lezo' (en la que ya hay 12 personas en prisión y unos 70 investigados, por operaciones corruptas encabezadas por el expresidente del Canal de Isabel II y de la Comunidad de Madrid, Ignacio González en América Latina) ha sido bautizada en Colombia como 'Operación Acordeón' por "respeto" al almirante Blas de Lezo, que en el siglo XVIII defendió Cartagena contra el asedio de los ingleses.

Aunque las últimas investigaciones de la Fiscalía cuentan ya con numerosos testimonios y pruebas,  las últimas aportadas el pasado martes por agentes de la Guardia Civil en las oficinas de la empresa Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Barranquilla para la creación de su fraudulento emporio, aún no hay imputados o detenidos en Colombia, aunque circulan los nombres de conocidos empresarios y políticos que se habrían beneficiado en este país .

Existe un vídeo en el que se puede ver al propio expresidente madrileño en la zona residencial de Cartagena de Indias con bolsas de plástico repletas de dinero para repartir entre sus cómplices en Colombia, cuya detención es inminente, según informan fuentes oficiales consultadas por Público y que han tenido acceso a la información facilitada por la UCO de la Guardia Civil y el fiscal especial español que acaba de abandonar Colombia. Las coimas irían destinadas en Colombia incluso a campañas políticas para alcaldías y, probablemente, incluso a elecciones presidenciales.

Los investigadores españoles abrieron con facilidad la caja fuerte de las oficinas de INASSA, la filial del Canal en Barranquilla. Su director y testaferro Edmundo Rodríguez Sobrino, ex Consejero del diario La Razón, usaba la misma clave en su móvil, en el computador personal y en la caja fuerte.

Los agentes de la UCO encontraron 262.000 Euros en metálico en la caja fuerte de la filial colombiana y, lo más importante, documentos sobre el desvío de 80 millones de Euros del Canal de Isabel II, presumiblemente usados en sobornos y transacciones a cuentas en diferentes países de la red de Ignacio González.

El aterrizaje de la primera empresa pública madrileña en Colombia se produjo a finales de 2001, cuando el Canal compró a través de Panamá por 78 millones de dólares (10 veces más de su valor) a la empresa INASSA, dedicada a la gestión del agua y el alcantarillado en Barranquilla. "Eso sí que fue un pelotazo", se le oyó decir a González en una conversación interceptada. De ahí fueron a parar 25 millones de dolares a políticos locales y a las arcas del PP en España.

Según las fuentes consultadas, entre los políticos colombianos, hay importantes familias empresariales de la derecha: como los Gerlein, así como hasta nueve alcaldes de Barranquilla y Santa Marta, algunos ya pasados por los juzgados por negocios turbios.

La operación había sido cuestionada por asesores tan importantes como el Bufete Garrigues & Co.: ¿Por qué el Canal de Isabel II compraba una sociedad de Barranquilla a través de Panamá? Pero los negocios, inexplicables para el Bufete Garrigues, de la primera empresa pública madrileña en Suramérica, se extendieron a través de esta primera operación.

A los pocos meses de la compra de Inassa, compraron en Brasil la empresa “Emissao” esta vez por un sobreprecio de escándalo. El Canal pagó 27,6 millones de Euros, siete veces su valor real. El sobreprecio fue a parar a cuentas en Suiza y Brasil.

El segundo paso es la firma en Panamá de contratos para el alcantarillado y otras obras, en los que está investigando sobornos, luego saltan a Perú, Ecuador y México, en negocios aún no determinados, mientras que las autoridades fiscales españolas investigan cuentas desde Hong Kong a Luxemburgo. Curiosamente los delegados del Canal de Isabel II han invertido una inmensa cantidad de dinero en reclutar abogados en los 12 años que llevan en Colombia, más de cien para un país en el que las tretas judiciales, las maniobras para aplazamientos y “vencimientos de términos” son lo usual, y en el que se da un índice de más del 80 % de impunidad, según las organizaciones internacionales.