Organizaciones a favor de los derechos humanos han pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos) abrir una investigación sobre las ventas de empresas armamentísticas europeas a las partes implicadas en la Guerra de Yemen como contribución a presuntos crímenes internacionales, entre ellas se encuentra la española Airbus Defensa y Espacio del Airbus Goup.

El Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), Mwatana for Human Rights, el Centro Delàs de Estudios por la Paz, Amnistía Internacional, la Campaña en contra del Comercio de Armas y Rete Disarmo han pedido a la Oficina del Fiscal de la CPI que investigue la responsabilidad legal de actores empresariales y políticos de Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido. 

Entre estas empresas se encuentra la española Airbus Space & Defence, también presente en Alemania, según han informado este martes en rueda de prensa los promotores de la petición de investigación. 

Desde que empezó el conflicto en 2015, España ha exportado más de 1.000 millones de euros en provisión de armamento, entre aviones de guerra, explosivos, munición, bombas y artillería a Arabia Saudí, según ha declarado el investigador y coordinador del Centro Delàs de Estudios por la Paz, Jordi Calvo, convirtiéndola en uno de los principales proveedores del país que lidera la Colación. 

La Coalición, liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, es la principal perpetradora de la mayor parte de daños sobre la población civil de Yemen, resultado de miles de ataques aéreos. 

Jordi Calvo ha afirmado que "es difícil encontrar evidencias para demostrar que se han utilizado estas armas en la guerra", pero tienen constancia de que los aviones de guerra Eurofighter y A330 MRTT se construyen en Illescas (Toledo) y en Getafe (Madrid), respectivamente. 

Además, hay evidencia de que el avión A330 MRTT fabricado en España venía regularmente al Aeropuerto de Barajas para recibir tareas de mantenimiento, en 2017, 2018 y 2019, una vez iniciado el conflicto, según ha explicado el periodista de eldiario.es y autor del proyecto "El destino de las armas españolas", Pol Pareja. 

Este y otros casos se encuentran en la comunicación que las organizaciones a favor de los derechos humanos han presentado a la CPI, centrada en el análisis de 26 ataques aéreos en hospitales, escuelas, objetivo civiles y sitios Patrimonio de la Humanidad, y en el equipamiento de guerra que las empresas europeas han exportado, según ha afirmado la asesora legal del ECCHR, Linde Bryk.

"Aunque los aviones, como el Eurofighter, fueron exportados antes de la guerra, estas empresas continúan subministrando material y piezas para mantener los aviones de la Coalición", ha añadido. 

Los 26 ataques aéreos en los que se encontraron pruebas forman parte de los más de 500 que ha registrado Mwatana for Human Rights y no quedaron pruebas del armamento utilizado, pero, según ha informado el investigador yemení de esta organización, Ali Jameel, "muchas armas provienen de España". 

Bryk ha explicado que el siguiente paso es esperar que el Fiscal de la CPI lea la Comunicación, vea la evidencia que se presenta y la complemente con otras fuentes y decida si quiere abrir una investigación o no, además de poder compartir la información con las Fiscalías nacionales. "Si existe el claro riesgo que las armas son utilizadas en la violación de derechos humanos, está completamente prohibido exportarlas", ha concluido Bryk.