La audiencia preliminar del proceso por la Operación Cóndor comenzará este viernes en Roma para decidir sobre los enjuiciamientos de 35 imputados de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la muerte de 23 italianos durante la represión urdida por dictaduras sudamericanas para reprimir a la oposición política. La Fiscalía les acusa de varios delitos, entre ellos homicidio, masacre y secuestro cometidos.

La Operación Cóndor, un plan ideado por el chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia. 

Los imputados son 2 bolivianos, 4 peruanos, 12 chilenos y 17 uruguayos, todos ellos miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1973 y 1978, según consta en la demanda fiscal. Figuraban, además, entre los destinatarios de una petición de enjuiciamiento por parte de la Fiscalía de Roma el militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas y el ex presidente uruguayo Juan María Bordaberry Arocena, ambos fallecidos.

Esta audiencia preliminar comenzará tres años después del cierre de la investigación iniciada en 1998 por el fiscal de Roma, Giancarlo Capaldo, en la que se dedicó a recoger información e interrogó a testigos sobre las actividades de 140 presuntos implicados en las mencionadas operaciones de represión.

El PD se constituirá como parte civil del proceso y proporcionará asistencia legal a las familias de las víctimas

La lista inicial de 140 personas figuraban 59 argentinos, 33 uruguayos, 20 chilenos, 11 brasileños y 7 bolivianos se reduce a una treintena de imputados debido al fallecimiento de varios de los investigados, entre otros motivos. Otro de los de los investigados por estos crímenes que ya ha fallecido, además del uruguayo Bordaberry, es el exministro de Interior de Paraguay Sabino Augusto Ciarletti Montanaro.

El Partido Democrático de Italia (PD) anunció en rueda de prensa que se constituirá como parte civil en el llamado Proceso Cóndor, y que proporcionará asistencia legal a las familias de las víctimas, al tiempo que expresó su intención de facilitar que incluso puedan acudir a Roma para seguir en vivo el juicio. El secretario del PD, Guglielmo Epifani, dijo que 'la batalla para defender los principios de la libertad y la no violencia es tan válida hoy como ayer', y consideró necesaria la labor de su partido para 'mantener la memoria del sacrificio de las víctimas italianas'.

Los bolivianos para los que se ha pedido la apertura de un juicio son el general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor entre 1979 y 1980, y el expresidente Luis García Meza Tejada.

Entre los chilenos figuran Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía; el militar Sergio Víctor Arellano Stark; el general Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras; el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez. Asimismo, también están imputados el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante del regimiento Tacna Luis Joaquín ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.

Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez; Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.

Por otro lado, los acusados uruguayos por la Fiscalía de Roma son los exmilitares Gregorio Conrado Álvarez Armellino, José Ricardo Arab Fernández, Carlos Calcagno Gorlero, Jose Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirre Garay, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Iván Paulós y Ernesto Avelino Ramas Pereira. Figuran también en la lista José Felipe Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, el exabogado Juan Carlos Blanco y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín.