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Una jueza española investigará la trama de espionaje de Uribe

El ex presidente colombiano se enfrentaría a una pena mínima de tres años de cárcel por escuchas y vigilancia ilegal a ONG españolas. Las acciones de los servicios secretos se cometieron en España

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La magistrada del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, ha admitido a trámite una querella presentada por refugiados colombianos contra el ex presidente Álvaro Uribe y dos ex altos cargos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por actos de espionaje en España que incluiría seguimientos y violación de las comunicaciones en ONG consideradas opositoras por el Ejecutivo de Uribe. El Código Penal prevé penas de entre tres y cuatro años de cárcel por los delitos que la querella atribuye al ex presidente y sus colaboradores.

La querella, redactada por los abogados Mauricio Valiente y Enrique de Santiago, se presentó en octubre, la víspera de la visita de Uribe para recoger un galardón del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Universidad San Pablo CEU, que premió también a José María Aznar. Y se dirige contra Uribe, Jorge Aurelio Noguera, director del DAS entre 2002 y 2006, y Germán Villalba, que supuestamente asumió las operaciones en Europa.

La operación Europa' incluía seguimientos y captura de emails

La base del escrito es un informe de la fiscalía colombiana sobre la documentación encontrada durante el allanamiento de las oficinas del DAS, en 2009, que originó un gran escándalo en Colombia al ponerse de manifiesto la existencia de una tupida red de espionaje contra ONG, magistrados, periodistas y políticos. Uribe y su equipo más cercano han sido señalados por funcionarios del DAS y por cables de Wikileaks difundidos por Le Monde como los responsables de las operaciones ilegales.

El escándalo, conocido como de las chuzadas término coloquial para la intervención de un teléfono, ha puesto contra las cuerdas a varios colaboradores muy cercanos al ex presidente. María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, pidióy obtuvo asilo en Panamá y Bernardo Moreno, ex secretario de la Presidencia, ha explorado la petición de asilo político a España, 'para lo cual contaría con el apoyo del PP, de José María Aznar, y de varias organizaciones de la derecha ibérica', según Semana, posibilidad desmentida por Moreno.

Se tuvo en el punto de mira a plataformas con decenas de ONG

Pese a que Colombia ya está investigando las actividades del DAS, la jueza ha admitido a trámite la querella porque 'no se desprende que exista un procedimiento judicial abierto en Colombia' sobre los hechos específicos que se denuncian, centrados en España.

'Pudiendo ser los hechos denunciados apoderamiento subrepticio de documentos o efectos personales, captación de correos electrónicos, números de teléfono y llamadas telefónicas, con intención de descubrir los secretos o vulnerar su intimidad constitutivos de delito de descubrimiento y revelación de secretos tipificado en el artículo 197.1 del Código Penal y reuniendo la querella los requisitos que establece el artículo 277 de la L. E. Criminal, procede su admisión a trámite', escribe la jueza en un auto fechado el 13 de diciembre y notificado ayer.

Fuentes jurídicas explican que la fiscalía quería que antes de admitirse a trámite se asegurara de que los hechos no se investigaban en Colombia. La jueza ha optado por admitirla a trámite y ahora librará comisión rogatoria a Colombia.

El escrito se dirige también contra dos ex responsables del polémico DAS

Los documentos que se incautaron al DAS revelaron la existencia de la operación Europa, que según la fiscalía colombiana perseguía desprestigiar el trabajo de las instituciones europeas eventualmente críticas con Colombia como el Parlamento Europeo y las ONG consideradas contrarias a las políticas de Uribe. Las acciones de espionaje incluidas en el informe llegan sólo hasta 2005 porque los documentos posteriores del DAS aún no se han hecho públicos.

En España, se interceptaron correos electrónicos y llamadas telefónicas de activistas y de organizaciones con decenas de ONG miembros, como la Coordinadora Valenciana de Solidaridad, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans, entre cuyos miembros están el Ayuntamiento de Barcelona, UGT y CCOO, y la Red Europea de Hermandad y Solidaridad (Redher). Una querella similar a la española se presentó también en Bruselas, donde el juzgado aún no se ha pronunciado sobre su admisión a trámite.