El viernes 28 de julio, el informativo de la noche de la televisión pública de Guinea Ecuatorial (TVGE) anunció como un triunfo que la Audiencia Nacional (AN) de España había rechazado las órdenes de detención internacional contra Carmelo Ovono, hijo del presidente del país, y otros dos altos cargos del país africano en el marco de una investigación judicial abierta en España por el secuestro, torturas y detención ilegal de tres ecuatoguineanos residentes en España y un ciudadano español en 2019.

Tres días después, el lunes 31 de julio, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), liderado por el presidente del país desde hace más de cuarenta años, Teodoro Obiang, emitió un comunicado en el que ratificó esta información, bajo el titular: "El Juzgado español cierra el caso de las falsas acusaciones del MLGE3R".

Esta afirmación se basa en una providencia con fecha del 27 de julio firmada por Santiago Pedraz, magistrado que investiga el caso y titular del juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional. Dicha providencia consta de dos escritos y en ninguno de ellos se hace referencia a que se archive la investigación contra los acusados.

Todo lo contrario. El primero de ellos da trámite a la apertura de una pieza separada del caso, a raíz de un nuevo informe emitido por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, con fecha del 07 de julio de 2023. Este documento, que abre una nueva línea de investigación, no se encuentra entre los que el PDGE adjuntaba en su comunicado.

El partido en el poder sí incluye el segundo escrito en el que Pedraz deniega la solicitud de la acusación y la Fiscalía de emitir una orden de detención internacional contra el hijo de Obiang y secretario de Estado de Seguridad Exterior, Carmelo Ovono, el actual ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama y el director de Seguridad Presidencial, Isaac Nguema.

El Ministerio Fiscal español solicitó la orden de busca y captura internacional en abril de este año, después de que los acusados no acudieran a declarar por videoconferencia el 28 de marzo, cuando fueron citados por el juez de la AN. Unas semanas después, la justicia ecuatoguineana argumentó que había iniciado una investigación sobre los mismos hechos que indaga el organismo español, reclamando para sí la jurisdicción del caso.

Es decir, la potestad de que la investigación sobre sus altos cargos se lleve a cabo en su territorio, obligando a la justicia española a cerrar este proceso.

Para ello, la justicia ecuatoguineana debe justificar a la española que existe una investigación real y efectiva sobre el caso en Guinea Ecuatorial. En España, será la propia Audiencia Nacional quien evalúe si dicho caso es veraz y si, en consecuencia, debe cerrar el caso.

España debe dar cierto margen para que la justicia del país africano le remita dicha información. Hasta el momento en el que eso ocurra, la AN se ha visto obligada a paralizar las órdenes de detención. Es por esta razón que el juez Pedraz rechaza tramitar las órdenes de detención de los tres investigados, tal y cómo argumenta explícitamente en el auto.

Sin embargo, de este escrito, el PDGE ha interpretado que el rechazo de la emisión de dichas órdenes es equiparable al cierre de la investigación. Según la información difundida por el partido en el poder, la resolución judicial de la AN "cierra, por lo tanto, esta denuncia, y finiquita así el recorrido de este caso absurdo, montado y maquinado una vez más por personajes de la oposición residentes en España".

La emisión de la televisión pública de este país también recogió que "la Justicia española no ha encontrado motivos suficientes ni causa probable para sostener la acusación" y aceptar la orden de detención. Ninguno de estos argumentos aparece, sin embargo, en el auto judicial al que el noticiero hace referencia.

Además, la decisión del juez español no acaba con la posibilidad de aceptar futuras órdenes de detención internacional para los tres investigados. Si pasado un tiempo prudencial, la justicia ecuatoguineana sigue sin dar señales de vida, la acusación podría volver a pedir al juez que emita estas órdenes. Petición que eventualmente Pedraz podría aprobar.

De momento, Guinea Ecuatorial no ha dado ningún paso para resolver esta situación. Las instituciones públicas del país ya se han negado a cooperar con la justicia española anteriormente. Así ocurrió cuando los acusados en este caso se negaron a declarar ante Pedraz por videoconferencia en el mes de marzo.

En una nota verbal emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora del Gobierno de Guinea Ecuatorial al que ha tenido acceso Público, la institución africana "informaba al Gobierno del Reino de España y a su sistema judicial que, por respeto y acatamiento a nuestro ordenamiento jurídico, no reconoce la competencia de los tribunales de España para juzgar a Miembros del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, y por lo tanto, no autoriza su comparecencia ante dichos tribunales".

A la espera de noticias de la justicia ecuatoguineana

Actualmente, la encrucijada judicial se encuentra frente a cuatro caminos. Por un lado, que Guinea Ecuatorial remita la información de la supuesta investigación abierta en su territorio a España y que la Audiencia Nacional española acepte la veracidad del proceso, de manera que la instrucción se cierre en España. La segunda, que a pesar de que esto ocurra, España encuentre argumentos legales para continuar con su investigación.

En tercer lugar, que tras la evaluación de la información remitida por el país africano, la AN el TS considere que el caso abierto en Guinea no es veraz y España continúe la investigación. Por último, cabe la posibilidad de que Guinea Ecuatorial rechace cooperar con la justicia española y nunca le remita la información sobre su supuesta investigación a los miembros de su Gobierno.

Esta es la opinión que la acusación considera más probable. "Guinea Ecuatorial ya ha dicho claramente en sus notas verbales enviadas que no va a cooperar con la justicia española porque considera que esta causa es una invasión a su soberanía", evidencia Aitor Martínez, abogado de la acusación.

"De hecho, el vicepresidente, Teodorín Nguema [también hijo de Obiang], ha dicho en repetidas ocasiones que no habrá cooperación alguna de su país con la justicia española. Lo ha dejado claro en muchas de sus declaraciones públicas, una y otra vez. Y entiendo que su palabra tendrá algún valor y el país no decidirá ahora someterse a nuestra justicia".

En mayo, el hijo de Obiang y uno de los candidatos a heredar la presidencia del país, declaró en su cuenta de Twitter que Guinea Ecuatorial suspendería todas sus actividades militares conjuntas con España.