MADRID.- El año 2014 que ahora termina ha sido un año movido como pocos desde 1777. Eso se ha notado también, pero sobremanera, en el epicentro de la actividad política en España que no es otro que el Congreso de los Diputados, un lugar por el que pululan regularmente los principales actores de la res pública española, tanto los que tienen mando en plaza como quienes aspiran a conseguirlo. Ha habido de casi todo, incluso acontecimientos que marcan fechas para la Historia, con mayúsculas.

El 19 de junio, ante un hemiciclo repleto de diputados y senadores y unas tribunas abarrotadas de prensa e invitados de toda clase y condición, el presidente de las Cortes Generales, el popular Jesús Posada tomaba juramento como rey a Felipe de Borbón y Grecia, Felipe VI. Justo dos semanas antes, el día 2, su padre, el rey Juan Carlos I, de 76 años, abdicaba para sorpresa de propios y extraños.

En apenas 15 días, sin existir un protocolo ni legislación ex profeso, España cambió de jefe de Estado en medio de un clima social muy enrarecido. El debate parlamentario para dar curso legal a la abdicación del monarca en ejercicio generó no pocas aristas, pero la alianza entre PP y PSOE, a la que se sumaron otras formaciones minoritarias, hizo que el asunto no fuera a más.

Sin embargo, la improvisación y las prisas por evitar posibles situaciones embarazosas en el futuro en torno al nuevo status quo de la familia real generó una tramitación parlamentaria del aforamiento de sus integrantes bastante caótica. Incluso el propio presidente Posada llegó a describir el proceso como "una chapuza".

La llegada de Felipe VI, quien desde entonces ha intentado marcar diferencias en usos y costumbres respecto a su padre y predecesor, se produjo en el momento más bajo de la credibilidad de la institución monárquica. Las actuaciones de Juan Carlos I en los sus últimos años de reinado – especialmente su viaje secreto a Bostwana a cazar elefantes en el que sufrió un serio percance físico – se unieron a la imputación de su hija Cristina en el proceso judicial por el caso Nòos en el que su marido, Iñaki Urdangarín, configuró una red corrupta para captar dinero público en beneficio del matrimonio junto a su socio Diego Torres.

El Congreso de los Diputados también fue testigo de todo un funeral civil de Estado a la figura de Adolfo Suárez, fallecido el 23 de marzo, considerado como el principal protagonista de la Transición y el primer presiente del Gobierno surgido de unas elecciones democráticas tras la dictadura de Franco, en 1977. También como uno de los impulsores del proceso constituyente que culminó con la Carta Magna de 1978.

La sala Constitucional de la sede parlamentaria fue el escenario en el que tuvo lugar uno de los acontecimientos que está marcando una parte sustancial de la agenda política desde la pasada primavera. El 13 de junio, Pablo Iglesias, cabeza de la lista de Podemos al Parlamento Europeo, tomaba posesión de su acta como eurodiputado.

Esa opción política, todavía entonces una mera agrupación electoral, apenas había logrado un 7,9% tres semanas antes en la jornada electoral pero irrumpía dando un sonoro portazo en el escenario político español con cinco escaños, de un total de 54 puestos para España, en Bruselas. Las encuestas, una tras otra y de cualquier signo, le atribuyen un crecimiento sin parangón, incluso como primera opción en votos, ante el tripe escenario electoral que se prepara, comicios autonómicos y municipales el 24 de mayo, y generales para el próximo otoño.

Entre elogios por su conexión con la sentir de una ciudadanía indignada tras años de crisis y recortes sociales y acusaciones de populismo de corte bolivariano y dictatorial, en estos momentos nadie discute que Podemos y su líder, Pablo Iglesias, han llegado para quedarse; al menos hasta las próximas citas con las urnas.

Pero en los pasillos del Congreso de los Diputados también han aparecido otros nuevos protagonistas. Al frente del PSOE y como líder de la oposición se ha colocado Pedro Sánchez, un anónimo y puntual diputado en las dos últimas legislaturas que ha tomado el relevo de Alfredo Pérez Rubalcaba, un histórico socialista cuyo liderazgo en el partido quedó fulminado por la derrota electoral sufrida en los comicios al Parlamento Europeo.

Sánchez, que ganó unas primarias internas en el PSOE ante Eduardo Madina, fue ratificado a finales de julio en un congreso extraordinario con el apoyo de los barones e intenta desesperadamente emerger como alternativa real al gobernante PP encabezado por el presidente Mariano Rajoy. Con luces y sombras y una estrategia que sectores de su propio partido no alcanzan a comprender, Sánchez ha tomado altura en sus debates parlamentarios con su oponente conservador, pero hay quienes dudan si su posición es una velocidad de crucero suficiente para recuperar a no pocos desencantados con las siglas que representa.

Tal vez la menor sorpresa política del año que acaba la constituye Mariano Rajoy y su estilo de gobernar. El PP ha insistido en estos doce meses en aplicar, sin la más mínima fisura, la mayoría absoluta que disfruta tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado para seguir con su recetario: más recortes y oídos sordos a las reivindicaciones de los agentes sociales y económicos. La oposición, por supuesto, no ha tenido ni la menor oportunidad siquiera de entablar una negociación con visos de progresar sobre asuntos de Estado o de trascendencia.

Enrocados más si cabe que en los dos años anteriores, el Gobierno y el grupo popular que le apoya en ambas cámaras se han negado a cualquier debate parlamentario sobre aspectos polémicos, especialmente los relacionados con la corrupción. Ni mucho menos se han mostrado dispuestos ha hablar para constituir comisiones de investigación. El caso de las tarjetas black de Caja Madrid y el proceso de salida a bolsa de Bankia, con Rodrigo Rato en el centro del huracán, han sido los ejemplos más significativos.

Porque la corrupción, especialmente en el ámbito de los asuntos públicos, ha sido otro de los asuntos estrella de este año. Como nunca lo había sido antes. Y en este apartado el PP ha estado en el centro del huracán a medida que avanzan las investigaciones del juez Ruz de la Audiencia Nacional en el marco del caso Gürtel, hasta el punto de señalar que las importantes obras de reforma en la sede nacional del partido, en la madrileña calle Génova, fueron pagadas con dinero negro por el ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, que sigue en prisión. Eso pasaba cuando Rajoy ya era presidente de la formación conservadora. Tampoco de este asunto se ha permitido una investigación parlamentaria.

Pero la consecuencia más grave que ha tenido este caso para el Gobierno que preside Rajoy ha sido la dimisión, el 26 de noviembre, de la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, identificada por el juez como beneficiaria de las corruptelas de su exmarido, Jesús Sepúlveda, imputado en la causa. Mato, pese a su cuestionada gestión como ministra, ha estado siempre muy protegida por el propio Rajoy. Su dimisión, según fuentes del PP, marca un punto de inflexión en la evolución del caso Gürtel en relación al PP.

La investigación de la juez Alaya en Sevilla sobre el caso de los ERE en Andalucía ha llegado a salpicar a los socialistas Manuel Chaves, diputado, y José Antonio Griñán, senador, que están investigados actualmente por el Tribunal Supremo para decidir sobre su implicación. Paralelamente, al PP de Madrid le ha manchado el caso Púnica por Francisco Granados, ex senador y antiguo hombre de confianza de Esperanza Aguirre.

No ha sido la única espina que se ha tenido que tragar Rajoy en su Gabinete. A finales de septiembre presentaba su dimisión el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, uno de los miembros más destacados del Gobierno. No fue por un asunto menor: la reforma de la actual ley del aborto promulgada por el Gobierno de Zapatero, considerada una de las más progresistas del mundo. La fuerte contestación social, incluso desde las propias filas del PP, a la pretensión de Gallardón, implicado en una reforma muy regresiva que iba más atrás de la ley socialista de 1985, hizo que Rajoy le retirase el apoyo. Claramente desautorizado, Gallardón se marchó altivo y dando un portazo.

Rajoy se encontró con otro lío, epíteto que suele emplear para descalificar situaciones que no son de su agrado. Unas informaciones de Público desvelaron que el presidente extremeño, José Antonio Monago, había realizado una serie de viajes por cuenta del Senado a Canarias para encontrase con una amiga, mientras ocupó un escaño en esa cámara en la pasada legislatura.

El escándalo estaba servido. Unas pretendidas explicaciones realizadas por Monago complicaron más su situación y generaron una amplia polémica en relación con la opacidad que rodea este tipo de viajes, que tanto diputados como senadores realizan sin límite dentro del territorio nacional sin necesidad de dar explicación alguna. A raíz de las informaciones de Público, el Congreso de los Diputados y el Senado han dictado unas normas más estrictas para supervisar la utilización de estos viajes por parte de los parlamentarios nacionales.

Otro momento tenso en el año político y parlamentario se suscitó en torno al debate sobre el proceso soberanista abierto en Catalunya por varias formaciones nacionalistas e
independentistas, especialmente CiU, ERC e ICV. El 8 de abril la Cámara baja debatió una proposición de ley del Parlament de Catalunya en la que se cedía a la Generalitat la capacidad para convocar un referéndum sobre "el futuro político de Catalunya".

El propio Rajoy intervino en el debate, que se prolongó durante casi ocho horas rodeado de una gran tensión política y expectación mediática, para defender el rechazo del PP a la pretensión del Parlament. El PSOE, que también votó en contra, apostó por una fórmula federal tras reformar la Constitución, mientras que todos los grupos minoritarios y nacionalistas apoyaron la propuesta catalana. 299 votos en contra, 47 a favor y una abstención.

Pero, evidentemente, el debate no terminó en ese momento. La Generalitat, tras la prohibición del Tribunal Constitucional de realizar un proceso consultivo según su propia legislación, impulsó a través de entidades cívicas una consulta el 9-N que todavía está en los tribunales. El divorcio entre Madrid y Barcelona se ha transformado en un abismo que, según no pocos analistas, no tiene visos de cerrase al menos mientras Rajoy siga al frente del Gobierno.

A lo largo del año se han celebrado diversos debates tensos. Uno de ellos fue el generado en el seno de la comisión de Interior –el PP no quiso que se debatiese en pleno– sobre los graves incidentes en la playa ceutí de Tarajal. En la madrugada del 2 de febrero fallecieron 15 subsaharianos al intentar alcanzar la playa de Tarajal, en territorio español, tras bordear el muro de separación con Marruecos. Los inmigrantes fueron repelidos desde la playa con pelotas de goma, según los vídeos que fueron hechos públicos.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que se ha mostrado muy beligerante en la estrategia de repeler con el uso de la fuerza la entrada de inmigrantes en las vallas que rodean Ceuta y Melilla, tuvo una de las intervenciones en sede parlamentaria que causa mayor sonrojo de las recogidas en los diarios de sesiones parlamentarias para justificar las órdenes que recibieron los agentes de la Guardia civil para repeler a los inmigrantes cuando estaban todavía en el agua. Llegó a esgrimir el concepto de "frontera retráctil", esto es que la línea del territorio nacional se mueve según lo hagan los agentes durante su actuación en un área de playa.