La crisis ha situado las propuestas económicas como uno de los puntos centrales de todos los programas electorales. La deuda, el Tratado de Libre Comercio con EEUU, las condiciones laborales, la inversión del PIB o la unión bancaria y el papel del Banco Central Europeo centran las medidas que quieren defender los partidos en el Parlamento Europeo.

Unión bancaria para reactivar el crédito, mejorar la flexibilidad, fortalecer el tejido empresarial y fomentar el emprendimiento. Dar un 'nuevo impulso al sector de la construcción' y 'sacar el máximo provecho' a las nuevas tecnologías para impulsar las pymes. Inversión en I+D, favoreciendo la entrada de capital privado en investigación.

Más inversiones en los presupuestos nacionales. Reducirán los déficits “de un modo justo y sostenible” y gestionarán la deuda pública “con nuevos instrumentos”. Activarán un mecanismo de coordinación real de las políticas fiscales y económicas. Garantizar “la calidad” del gasto público y lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

Auditoría de la deuda pública. Abolición de los tratados de la austeridad. Eliminación de paraísos fiscales en la UE y exclusión de concursos públicos a empresas que operen allí. Reforma del BCE, que estará controlado por el Parlamento. Nacionalización y “control democrático” de las grandes empresas productivas. Plan de lucha contra la pobreza.

En su documento base, los partidos que conforman Coalición por Europa se comprometen a promover un “modelo económico y social basado en la economía social de mercado”. También a reformar “los mercados financieros globales” y a construir una “Europa al servicio de las personas” y no de la finanza. Cada partido sí tiene un programa propio.

Reforma del régimen de autónomos para pagar menos. Reducir la concatenación de contratos temporales y establecer un salario máximo intra-empresarial. Fomento de incentivos salariales ligados a la productividad y los beneficios empresariales, que no mermen la calidad del salario. Apoyo al cooperativismo.

Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y la jubilación a 60 años. Derogación de las reformas laborales y auditoría ciudadana de la deuda. Control público de los sectores estratégicos. Política tributaria orientada a la distribución de la riqueza. Cambio del modelo productivo impulsando la I+D+I de mayor valor agregado.

Unión Bancaria que incorpore la mutualización de la deuda provocada por las crisis bancarias y la separación de las actividades de la banca comercial de las de la de inversión. Mecanismo de recursos propios menos dependiente de los Estados. Unión Fiscal que no se limite al control de los déficits públicos y que permita la transferencia de recursos entre países de la UE.

Reducir el tamaño de las administraciones públicas, prohibir el déficit presupuestario y promover la 'mutualización solidaria de la deuda'. La UE debe obligar a los Estados a invertir mínimo un 3% del PIB en I+D con el fin de poder modernizar la pymes. Fomentan el libre comercio y abogan por la unión bancaria.

El lema de la coalición independentista para las europeas es 'un nuevo país y una Europa nueva' y considera las elecciones como una antesala de la consulta del 9 de noviembre, por lo que llama a sus simpatizantes a “demostrar fuerza”.

A favor de la Unión Bancaria. Reformar el Banco Central Europeo dándole un mandato amplio , con más mecanismos de control democrático . Necesidad de microcréditos para la población y emprendedores que no pueden acceder a los habituales de los bancos. Satisfacer las obligaciones de la deuda y propone al Reino de España el reconocimiento como estado y a cambio asumir una parte proporcional de la deuda.

Auditoría de la deuda, tanto pública como privada, e impago de aquella que sea ilegítima. Instauración de una renta básica europea.

Libre competencia como principio rector. Profesionalizar los órganos de supervisión. Rendición de cuentas efectiva de las grandes corporaciones en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Primar el acceso al crédito sobre la base no por garantías sino por viabilidad del proyecto, para emprendedores.

Uno de los puntos claves en los que los partidos centran su programa es la cuestión de la deuda. Izquierda Plural (IU, Anova e ICV) defiende que hay una parte de la deuda ilegítima y que gran parte de la financiación obtenida por el Estado 'ha sido para salvar el sistema financiero'. La coalición encabezada por Willy Meyer afirma que, según informes independientes, 'este endeudamiento ilegítimo asciende a 95.671 millones sólo entre 2008 y 2010'. Primavera Europea (Compromis, EQUO o CHA) destaca en su programa 'una auditoría pública y ciudadana de la deuda' que permita evaluar 'la parte ilegítima' de la misma y 'repudiar su pago'. Podemos, Partido X y la coalición de Los Pueblos Deciden (Bildu y BNG) también reclaman una auditoría ciudadana 'pública y privada' de la deuda para 'tomar medidas contra los responsables y declarar su impago'. Además, defienden la 'reestructuración del resto de la deuda' y la derogación de la reforma constitucional del Artículo 135 sobre el déficit.

Esquerra Republicana, integrada en la coalición L'Esquerra pel Dret a Decidir junto a Nova Esquerra Catalana y Catalunya Sí, ofrece que Catalunya asuma una parte proporcional de la deuda a cambio del reconocimiento como Estado.

El PSOE no habla de una auditoría pero plantea la reducción de los déficits 'de un modo justo y sostenible' y gestionar la deuda pública 'con nuevos instrumentos'.

Vox destaca una 'mutualización solidaria de la deuda' y 'prohibir el déficit presupuestario'. Como una de las medidas de ahorro, proponen la reducción del tamaño de las administraciones públicas.

El PP tan sólo menciona tres veces la palabra 'deuda' en sus casi 120 páginas y en ninguna ofrece medidas para gestionarla. En una de ellas incluso vuelve a hacer alusión a la 'herencia recibida' afirmando que cuando llegaron al poder 'había un déficit y una deuda fuera de control'.

Primavera Europea, Izquierda Plural, Podemos, Partido X, Los Pueblos Deciden o Movimiento Red apuestan por una 'tolerancia cero contra la corrupción, el fraude, la evasión fiscal y los paraísos fiscales. Defienden la abolición de los tratados de la austeridad y la derogación de las reformas laborales. Podemos e Izquierda Plural recoge la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y adelantar la edad de jubilación a 60 años. Partido X apuesta por la reforma del régimen de autónomos para pagar menos, reducir la concatenación de contratos temporales y establecer un salario máximo intra-empresarial. Además, defiende el fomento de incentivos salariales ligados a la productividad y los beneficios empresariales, que no mermen la calidad del salario. Asimismo, incluyen propuestas para fomentar la creación de cooperativas. Primavera Europea promete buscar una transición ecológica de la economía hacia un nuevo modelo productivo y todos los partidos de la izquierda la instauranción de una renta básica europea.

El PSOE promete garantizar 'la calidad' del gasto público y lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

Coalición por Europa (CIU, PNV y CxG), no menciona el fraude pero sí apuesta por construir una 'Europa al servicio de las personas' y no de la finanza.

Para potenciar el empleo, el PP habla de un 'nuevo impulso al sector de la construcción' y 'sacar el máximo provecho' a las nuevas tecnologías para impulsar las pymes. Vox también apuesta por 'la obligación' por parte de todos los Estados de la UE a invertir un mínimo de un 3% del PIB con el fin de modernizar las pymes.

PP, Vox, UPyD, Coalición por Europa o PSOE apuestan por una Unión bancaria controlada por el BCE, L'Esquerra pel Dret a Decidir defiende la unión pero con una reforma del Banco Central Europeo 'para darle un mandato más amplio y con mecanismos de control democrático'.

Los demás partidos apuestan por lo contrario y apoyan una reforma del BCE, para que esté controlado por el Parlamento europeo, 'con más democratización', y la negativa de la Unión Bancaria fomentando una banca pública.

PP, PSOE, UPyD y CIU se han negado la pasada semana a someter este acuerdo a un referéndum en todos los Estados miembros de la UE antes de su ratificación. Estos partidos (y Vox) apuestan por el tratado mientras la izquierda 'muestra su rechazo'. Anova, en la coalición de la Izquierda Plural, afirma que 'el tratado de libre comercio significa la entrega de la soberanía del pueblo a las grandes multinacionales'. Equo defiende que este tratado, en nombre del libre comercio, 'posibilitaría que las multinacionales denuncien a los gobiernos ante un organismo de arbitraje privado cuando consideren que determinadas normativas (sanitarias, laborales o medioambientales) son una barrera para que ciertos productos se comercialicen en Europa', es decir, 'se podría dar el caso de que los Estados Miembros tuviesen que pagar indemnizaciones a las empresas por por el ejercicio de su soberanía'.