Katiana Vicens, Ricardo Vercher y Gonzalo Fuentes.

Jueces para la Democracia ha pedido este miércoles el indulto para los sindicalistas condenados a prisión por participar en piquetes en distintas huelgas generales y otras movilizaciones sindicales, al considerar que se trata de una medida 'desproporcionada', aplicada sobre personas sin antecedentes penales y con 'evidente' falta de peligrosidad. Como es el caso de Carlos y Carmen, condenados a tres años y un día de prisión.

La asociación, que no es el único colectivos de juristas que consideran un 'abuso' esta deriva de la Fiscalía, ha reclamado la supresión del artículo 315-3 del Código Penal, al entender que el derecho a no hacer huelga ya está suficientemente protegido a través del delito o falta de coacciones, sin que resulte necesario este tipo penal específico.

'Dicho precepto tiene su origen en el ordenamiento penal franquista, cuyo redactado se mantiene casi intacto y que en el régimen anterior tenía como finalidad reprimir las huelgas. No tiene sentido mantener una figura delictiva que ahora se desarrolla en el contexto de un derecho fundamental, como la huelga', sostiene.

En todo caso, Jueces para la Democracia consideran que el delito regulado actualmente en el artículo 315-3 del Código Penal debe interpretarse de forma especialmente restrictiva, al tenerse en cuenta la doctrina constitucional existente sobre el mismo, así como el deber de todo intérprete de evitar que la interpretación de la norma disuada del ejercicio del derecho fundamental que limita.

'Ello no significa que la coacción y la injerencia en la libertad ajena no deban ser objeto de sanción. Pero no ha de implicar una sanción tan desproporcionada, que supone el ingreso en prisión sin derecho a la segunda oportunidad y que puede alcanzar hasta 4 años y medio de privación de libertad', concluye. A día de hoy la Fiscalía solicita más de cien años de cárcel para los piquetes de las huelgas generales.

Un total de 260 sindicalistas están siendo objeto de procedimientos sancionadores administrativos y penales, con el ingreso en prisión de algunos de ellos. Jueces para la Democracia ha rechazado que el conflicto social se convierta en un conflicto de orden público.

El caso de Ana y Tamara, condenadas a tres años de cárcel, podría ser uno a los que hacen referencia Jueces para la Democracia. Estas dos pontevedresas fueron condenadas por un delito contra el derecho de los trabajadores durante una huelga por su convenio colectivo. Están acusadas de echar pintura en una piscina. 

Otro caso podría ser el de Katiana Vicens, Ricardo Vercher y Gonzalo Fuentes. Tres nombres, tres comunidades autónomas diferentes, tres historias distintas; pero con un denominador común: pueden acabar en la cárcel por participar en respectivos piquetes durante las huelgas generales del 2012.