CIUDAD DEL VATICANO.- Los alcaldes del cambio han reivindicado en un encuentro organizado por la Academia Pontificia de Ciencias Sociales la obligación moral y legal de acoger a los refugiados. En una cumbre en la que han participado 70 alcaldes de ciudades europeas, y bajo el epígrafe de “Europa: Los refugiados son nuestros hermanos”, han exigido el fin de la actitud pasiva del gobierno español en lo que respecta a la acogida de refugiados y al trato que se les dispensa a los inmigrantes. 

Durante el encuentro, Manuela Carmena ha hecho hincapié en la injusticia que entraña la normativa vigente acerca de refugiados e inmigrantes, que tildó de ser "un auténtico desastre". Para hacer frente a esta situación, la regidora madrileña reivindicó que "el poder local quiere aportar lo máximo que pueda", criticando el hecho de que exista "más inversión en muros" que en soluciones concretas. A su vez, Carmena hizo un llamamiento a "empoderar al poder local", para así conseguir que los inmigrantes tengan acceso a una vida digna.

Por su parte, Ada Colau reivindicó también la necesidad de que las ciudades puedan conceder permisos para que los inmigrantes “puedan ser tratados como ciudadanos, puedan trabajar, pagar impuestos y se les pueda exigir como al resto de ciudadanos”. Y, siguiendo la línea apuntada por Carmena, añadió que los estados europeos "en su afán por blindarse, renuncian a la obligación de asistencia". Ha sido precisamente desde el Vaticano donde Colau no ha dudado en recordar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la "obligación moral y legal de acoger".

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha defendido que los ayuntamientos debe gestionar directamente la acogida de refugiados en sus ciudades, durante una cumbre en la que regidores europeos opinaron sobre cómo resolver la crisis migratoria del continente.

La reunión, que comenzó el viernes y concluye este sábado, está organizada por la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y tiene como objetivo analizar la cuestión de los refugiados. En su intervención, Santisteve puso el acento en la crisis migratoria y señaló que es uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta Europa en estos momentos.

Por eso, una de las propuestas que planteó para solventarlo es que "los ayuntamientos, a través de las secretarías generales de migraciones" puedan "gestionar (en sus ciudades) la acogida en centros a personas demandantes de asilo". "Estamos comprometidos a firmar convenios con las secretarías de estados de migraciones que permitan la llegada de un número significativo de refugiados a nuestras ciudades", expuso Santisteve, de Zaragoza en Común (ZeC).

El alcalde de Zaragoza lamentó cómo en España, a partir de los años 90, se fue "conformando todo un derecho de extranjería contrario a los derechos internacionales"

También reveló la voluntad de su gobierno a "explorar las vías legales necesarias, revisando la normativa municipal, para dotar del derecho de ciudadanía, mediante tarjetas de vecindad, a personas demandantes de protección internacional que (...) no encajan en los requerimientos que llaman normalizados".

Y se comprometió a "mantener una estrecha colaboración con las entidades que realizan en este momento el proceso de acogida a refugiados, poniendo a su disposición los recursos que desde el ayuntamiento se puedan compartir y estudiando las alternativas que existen cuando termine el plazo que les asegura el programa".

Además, apoyó el que los ayuntamientos trabajen "codo con codo con gobiernos regionales para profundizar en un protocolo de acogida que, liderado por los gobiernos regionales, comparta el camino en la apuesta por la acogida de las personas que piden acogida, protección internacional y refugio".

El alcalde de Zaragoza lamentó cómo en España, a partir de los años 90, se fue "conformando todo un derecho de extranjería contrario a los derechos internacionales, contrario a las convenciones sobre derechos humanos", que fue convirtiendo "a los inmigrantes como no ciudadanos, como otra categoría de personas".

"Está en juego nuestra propia dignidad, nuestro modelo civilizatorio", concluyó Santisteve.

Criticó con dureza los centros de internamiento de inmigrantes, que describió como "aberración jurídica", y reprochó que en ellos se prive "de libertad a personas por meras irregularidades administrativas" y se vulneren sus derechos fundamentales. También condenó la "degradación de los derechos fundamentales" que se da en muchas sociedades modernas y "esa economía alejada de la vida de las personas, ese capitalismo financiero" que trae consigo "una lucha entre pobres".

En este sentido, se preguntó sobre el modelo social al que aspiran actualmente los países, si es un modelo "basado en el miedo, en la inseguridad, en la confrontación". En clave nacional, destacó que "Zaragoza es una ciudad refugio" y aseguró que su gobierno está comprometido para hacer de ella "una ciudad acogedora, para los de dentro y para los de fuera".

"Desde mi gobierno no vamos a perder ninguna oportunidad de seguir reclamando y luchando por lo que es de justicia, por la solución de un problema en el que se resumen y se manifiestan de manera extrema los problemas que nos son comunes a todos: desigualdad, injusticia, falta de democracia y descomposición de los mecanismos de solidaridad", aseveró.

Finalmente, elogió el papel que han tenido Grecia e Italia en la acogida de los refugiados e inmigrantes que llegan a las costas europeas y animó al resto de los países miembros a seguir su ejemplo. "Lo que está en juego no es la dignidad de esas personas que vamos a arrastrando por alambradas, fronteras y concertinas, sino que lo que está en juego nuestra propia dignidad, nuestro modelo civilizatorio", concluyó.