Fue una de los dos primeras personas en recibir, en mayo de 2023, el reconocimiento como 'persona protegida' por parte de la Oficina Antifrau de Catalunya, un organismo independiente con plenas competencias para la protección de los denunciantes de corrupción. 

Pero ese reconocimiento, amparado en la nueva ley que regula la protección a las personas que denuncian corrupción, no ha servido de nada, no ha impedido las represalias y un mes después de obtenerlo la mujer perdió su empleo, según explica la denunciante a Público.

La mujer, funcionaria interina del Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) desde 2015, había denunciado ante la entidad que lucha contra el fraude en Catalunya una decena de contrataciones irregulares en dicho consistorio, incluida la del director de recursos humanos; contratos de emergencia que de forma sistemática se habían sucedido sin que quedase acreditada la urgencia de las contrataciones. De esa manera, según la denuncia de la mujer, el ayuntamiento se habría saltado las normas básicas de contratación que rigen en el sector público y que han de asegurar la transparencia, la igualdad de oportunidades, la publicidad y la competencia. 

El motivo por el que esta catalana decidió poner en conocimiento de la Oficina Antifrau de Catalunya las irregularidades en las contrataciones  fue porque al reincorporarse de una baja, sus superiores le retiraron todos los asuntos que tramitaba ella anteriormente y además contrataron a tres personas por el procedimiento de urgencia, sin convocatoria pública, a una de las cuales le asignaron sus funciones, según denuncia la afectada. 

"Al indagar en los motivos por los que habían contratado a esas personas, me encontré con una serie de nombramientos por la vía de urgencia, que de forma sistemática habían realizado durante todo el año 2021", relata la denunciante. 

Contrataciones irregulares

Con dicha información, la mujer acudió a la Oficina Antifrau y superó la fase de verosimilitud, es decir, el filtro sobre el alcance y veracidad de su denuncia y que solo el 15% de los alertadores superan, según fuentes expertas. Poco después, el Ayuntamiento de Mataró convocó un proceso de estabilización de interinos. "Yo me presenté y el director de recursos humanos se negó a hacerme una certificación de mis servicios prestados", cuenta la denunciante, que indica que a raíz de ello, el ayuntamiento dejó de valorarle diez meses de experiencia, con lo que su puntuación en el proceso selectivo fue más baja que la de otra de las aspirantes.

Al comunicar estos incidentes en Antifrau, "constataron indicios de represalias hacia mi persona y me otorgaron el reconocimiento de protección, pero sin adoptar ninguna medida cautelar, de modo que el ayuntamiento siguió avanzando en el proceso contra mí", dice la denunciante. Un mes después, el ayuntamiento "me avisó de que el día 21 de junio sería cesada, al dar por definitivas las puntuaciones". El día antes, Antifrau les advirtió de que debían paralizar ese proceso, "pero el ayuntamiento incumplió y me cesó", apunta la trabajadora, que añade:  "Si dan una indicación que se incumple al día siguiente, es evidente que tendrían que haber adoptado medidas al respecto para revertirlo y sancionar a quien corresponda".

¿Protección o desprotección?

La Ley 2/2023 de 20 de febrero, que regula la protección a las personas que denuncian corrupción en el ámbito público y en el privado, prevé  sanciones de hasta un millón de euros para quienes represalien a los alertadores. Esta norma, que transpuso la Directiva Europea de Protección a los Denunciantes (UE) 2019/1937, también conocida como Directiva Whistleblowing, prohíbe expresamente represalias y amenazas contra quienes denuncien o informen sobre una infracción cometida o que pueda cometerse. 

Según la ley, se consideran represalias a los 'alertadores' la suspensión del contrato laboral, el despido, daños de cualquier tipo y evaluaciones negativas en cuanto al desempeño laboral o profesional. La norma prohíbe las represalias y establece también en su artículo 36 que "serán nulos de pleno derecho y darán lugar, en su caso, a medidas correctoras disciplinarias o de responsabilidad, pudiendo incluir la correspondiente indemnización de daños y perjuicios al perjudicado". "Nada de esto se ha hecho en mi caso", señala la afectada.

La Asociación Española de Denunciantes e Informantes de Corrupción (AEDICO), formada por personas que han sufrido las consecuencias de denunciar corrupción en el sector público, ha acompañado y ha apoyado a la trabajadora y reconocen su "enorme paciencia con el asunto". Según la asociación, Antifrau "no quiere sancionar al Ayuntamiento de Mataró como estipula la ley". La asociación califica de "desidia, inacción e ineficacia" la actitud de la Oficina Antifrau de Catalunya ante las represalias sufridas por esta trabajadora. 

Por su parte, Antifrau ha declinado dar su versión de los hechos, ante la petición de Público, alegando que no hablan públicamente sobre los casos de los alertadores a los que protegen. 

"Si la ley establece que las represalias son nulas, pero nada se hace para revertirlas, se aboca a la víctima a sufrirlas igualmente. Con lo que la declaración de persona protegida se convierte en papel mojado", subraya la afectada.

En la actualidad, esta mujer aún no conoce la resolución de la Oficina Antifrau de Catalunya. "En julio me dijeron que se ha iniciado el expediente sancionador, pero luego se desdijeron. No se me ha proporcionado una protección eficaz, me he quedado sin trabajo", dice esta mujer, que espera que se cumpla la ley, se sancione al Ayuntamiento de Mataró pero sobre todo que se declare nulo su cese y pueda recuperar su empleo, como establece la ley. 

Lentitud en la respuesta

"Ya han pasado seis meses y no hacen nada para que la protección sea real o eficaz. Me han dado a entender que sí harían; llevan meses diciendo que "en breve" lo resolverán pero incumplen los plazos que ellos mismos me señalan. Son extremadamente lentos y eso me ha comportado una clara desprotección, tanto antes como después del cese", clama la mujer.

Para AEDICO, la Oficina Antifrau de Catalunya "no ha aplicado la ley al no responder en tiempo y forma a las solicitudes de la alertadora de corrupción ni ha dado plazo al ayuntamiento para revertir la represalia". Tampoco se ha incoado expediente sancionador al Ayuntamiento de Mataró, "alargando el suplicio de la persona protegida". 

La denuncia inicial sobre las contrataciones irregulares aún no ha concluido, según esta denunciante, que indica que tenían seis meses de plazo según estipula la ley para concluirla. "En abril de 2023 acabó el plazo". "Todas las personas que fueron nombradas irregularmente siguen en su puesto de trabajo mientras que yo he sido cesada".

"A mi modo de ver, no hay una verdadera protección. Y con esta forma de funcionar a quien protegen es a los infractores de la norma", sentencia la denunciante.