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El amigo del rey borró sus contactos con comisarios de la Policía durante la investigación de las amenazas a la doctora Pinto

Javier López Madrid contrató al comisario Villarejo a través del ex dirigente del PP Francisco Granados y después pidió ayuda al comisario Enrique García Castaño, encargado de cuestiones técnicas en la Policía; y a José Luis Conde, jefe de los investigadores del caso.

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Javier López Madrid.- EFE

Javier López Madrid, consejero delegado de OHL e imputado por unas presuntas amenazas a la doctora Elisa Pinto y a su familia, echó mano de sus contactos para resolver los problemas que le generaba la doctora de la clínica Quirón con la media docena de denuncias que presentó por amenazas y acoso contra él en la madrileña comisaría de Chamartín. Esta semana se ha levantado el secreto de uno de los sumarios en los que consta la investigación de la causa, que aún sigue abierta y para la que hay declaraciones señaladas el 25 de enero.

Según recogen los sumarios de los dos juzgados de instrucción madrileños 26 y 39 que investigan la causa –en uno está imputado él por acoso y amenazas y en otro ella por los mismos motivos-, el yerno del ex ministro franquista Juan Miguel Villar Mir contó en su declaración que contrató a una de las empresas del comisario José Manuel Villarejo Pérez, adscrito al número dos de la Policía, después de comentarle al ex secretario general de PP de Madrid, Francisco Granados, que este comisario podía ayudarle en sus asuntos.

El segundo paso fue pedir ayuda a su amigo Enrique García Castaño, según ha reconocido a Público el propio jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), quien le aconsejó que pusiera una denuncia. García Castaño también fue el policía que puso en contacto al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con el comisario José Villarejo para que el ‘agente encubierto’ le solucionara los problemas que le estaba dando la supuesta investigación abierta por el ático de Estepona.

El consejero delegado de OHL habló después con el jefe de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, José Luis Conde, responsable de la investigación sobre las presuntas amenazas cruzadas entre el amigo del rey Felipe VI y la doctora Elisa Pinto. Por último, Javier López Madrid intentó borrar el rastro que su teléfono móvil guardaba de esas comunicaciones con altos mandos de la Policía encargados de su caso.

Pero la Guardia Civil consiguió recuperar esas huellas. Según recogen los sumarios de ambos juzgados de instrucción, el 2 de marzo el juzgado número 29 solicitó un volcado del Iphone 5S de Javier López Madrid, que fue entregado al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. En este informe se ponen de manifiesto “contactos (llamadas realizadas y recibidas) con funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía como es el comisario José Luis Conde. De igual manera se indica en el informe de la Guardia Civil el contacto con otro funcionario del cuerpo y del área de Información como es el comisario Enrique García Castaño, llamadas que según informe obrante fueron eliminadas”. López Madrid también borró “en la libreta de contactos ciertos contactos con números de terminales de las personas arriba referidas”, es decir, los comisarios Conde y García Castaño.

Estos hechos están recogidos por la Guardia Civil en uno de los procedimientos, también aparecen en la contestación que la Sección de Secuestros y Extorsiones hace a petición de la jueza del juzgado de instrucción número 26, el pasado mes de junio después de que se le notificara que la doctora Elisa Pinto había interpuesto una denuncia sobre las relaciones de Javier López Madrid y la cúpula de la Policía ante la Secretaría de Estado de Interior.

Preguntas sin respuesta

A pesar de que la jueza pregunta expresamente a la Policía que “del estudio de las llamadas efectuadas por el denunciante se desprende que ha mantenido conversaciones con miembros del CNP” y solicita que “se realicen las gestiones necesarias para la investigación de los hechos denunciados”, la respuesta de la Sección de Secuestros y extorsiones de la Comisaría General de Policía Judicial no indaga sobre estos hechos pero presenta dos informes, uno de la propia sección y otro de la Unidad de Análisis de Conducta de la Policía, en los que se concluye que la doctora Pinto podría ser la autora de las amenazas a ella misma, a su familia, a López Madrid y a su entorno.

Según ha confirmado a Público el propio comisario Enrique García Castaño, Javier López Madrid le llamó porque se conocían "desde hace mucho tiempo", le contó el problema que tenía y este le aconsejó “que fuera con su abogado a denunciar a la Policía Judicial”. El jefe de esa Policía Judicial es el comisario José Luis Conde. “Resulta importante que se investigue -explican las diferentes fuentes consultadas conocedoras del caso-, por qué mientras la doctora Pinto puso más de media docena de denuncias en la comisaría de Chamartín sin que la hicieran mucho caso, Javier López Madrid sólo puso una contra ella y directamente en el Grupo V de Homicidios, dependientes del comisario Conde, sin pasar por ninguna comisaría. Es un trato de favor evidente que podría suponer un tráfico de influencias”.

De hecho, en las conclusiones de la Sección de Secuestros y Extorsiones, a pesar de que la pregunta de la juez versaba sobre las relaciones con la Policía que había mantenido López Madrid durante la Investigación, la única alusión que hay a este asunto en el informe es la sugerencia de pedirle explicaciones a López Madrid sobre el borrado de su teléfono, pero ni se plantean tomarles declaración a los comisarios sobre el contenido de las conversaciones.

Red de amigos

Para los conocedores de ambas investigaciones peguntados por Público, hay varios datos que “no suenan bien en la investigación”. El responsable de las denuncias de la doctora Pinto, el ex comisario de Chamartín Jaime Barrado, ya se había topado con el comisario José Villarejo y sus actividades privadas en diferentes investigaciones: el caso de los espías de la Comunidad de Madrid, donde Francisco Granados mandó investigar al entonces consejero Alfredo Prada y la operación Prima, relacionada con una mafia india que entre otras cosas estaba relacionada con el negocio de los locutorios y tarjetas prepago.

Precisamente, uno de los testigos clave en contra de la doctora según la Policía, un indio con una tienda en la calle Marqués de Zafra de Madrid que presuntamente le vendió a Elisa Pinto una tarjeta a nombre de Javier López Madrid desde las que se autorealizó ella las amenazas, había sido citado a declarar como testigo en la operación Prima este mes de julio pero finalmente se suspendió la declaración. “Es curioso que un mes después de que la policía investigue esta tienda y a este ciudadano y él de un testimonio favorable a la conspiración de López Madrid y del comisario Villarejo se suspenda su declaración en la Operación Prima con la que también está relacionado Villarejo e investiga la Policía, porque quizá podía haber acabado como imputado aunque acudiera de testigo”.

Además, achaca en su informe la Policía que las llamadas amenazantes hechas a la doctora Pinto con esa tarjeta de teléfono de la tienda de Marqués de Zafra y con otra adquirida con un DNI falso de una joven que nada tiene que ver con el caso, en la tienda de un paquistaní en la calle Francisco Silvela, fueron realizadas en realidad por la propia dermatóloga. Argumentan que los repetidores utilizados están al lado de casa de la madre de la doctora y de su trabajo, pero fuentes de las investigaciones aseguran a Público que “de esos repetidores también dependen las tiendas en las que fueron adquiridas las tarjetas fraudulentas puesto que están al lado de casa de la madre y el trabajo de la doctora. Ella mantiene que no conoce esas tiendas ni a las personas que supuestamente la vendieron las tarjetas”.