La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003, delitos de malversación de caudales públicos en su variante cualificada, prevaricación y falsedad documental, tal como avanza el periódico El Mundo. La Fiscalía también considera responsables desde el punto de vista penal al antiguo consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo, y a Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, el que fue el director financiero del Canal.

Anticorrupción advierte de que en la operación en la que Gallardón inició la expansión del Canal de Isabel II en el continente latinoamericano se medió un sobreprecio superior a 25 millones de euros. En el plazo de un mes se solicitará la citación de Galardón, Bravo y Cienfuegos-Jovellanos para que declaren sobre esta adquisión ante el juez Manuel García Castellón, que también instruye el caso Lezo, por el que está encarcelado Ignacio González.

"Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni 30 millones de dólares, por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones. Con un crédito del Banco Mundial, que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", fueron las palabras textuales de González en la conversación pinchada con el exministro Eduardo Zaplana y con el abogado Fernando Belhot, en la que González afirmó que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares".

“Se trata de una decisión de arriba hacia abajo que presuntamente se gestó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad y se cumplió escrupulosamente por los máximos responsables del Canal de Isabel II y los administradores de Inassa”, afirma Anticorrupción, que considera que lo que se cuenta en los pinchazos telefónicos coincide con las investigaciones realizadas hasta la fecha y con la documentación que se posee. Además, Anticorrupción confirma que la compra de Inassa no fue un hecho aislado, sino que forma parte de un entramado de sociedades en Sudamérica adquiridas mediante dinero público y utilizadas para desviar fondos.