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BILBAO.- Ni Colombia, ni Irlanda, ni Sudáfrica. Tras varias redadas policiales, el Gobierno español ha obtenido una categoría propia (e inédita) en la lista de países que, tras enfrentar un pasado de violencia, tuvieron que abordar las vías que conducen hacia la paz. En concreto, hacia una paz sin armas ni explosivos, con grupos armados que dejan de serlo. Así lo constatan distintos expertos internacionales que siguen de cerca el convulso proceso de desarme de ETA, marcado hasta ahora por la firme intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy de impedir cualquier tipo de entrega o destrucción ordenada de su armamento. No sólo se niega a verificarlo, sino que ni siquiera está dispuesto a que otros lo hagan por él.

"Hay una provocación constante del Gobierno español para impedir que el desarme se termine. Rajoy no quiere saber nada de este tema"

“Insólito. Nunca visto”, resumió a Público el profesor de la Universidad de Tel Aviv Alberto Spektorowski, uno de los observadores internacionales que trabaja desde hace más de cinco años en el caso vasco. Por más que se esfuerce, este experimentado mediador (asesoró al Gobierno de Israel durante las negociaciones de paz con Palestina en Camp David, EEUU) no encuentra ninguna historia que se parezca. “Lo que aquí hay es una provocación constante por parte del Gobierno español para impedir que el desarme se termine. Se lo voy a decir más claro: Rajoy no quiere saber nada de este tema”, afirmó.

La última (o penúltima, según temen los mediadores) demostración del Gobierno del PP tuvo lugar hace algunas semanas en Luhuso, una pequeña localidad del País Vasco francés. En un operativo coordinado de manera conjunta con París, la Guarda Civil desbarató las labores de destrucción del 15% del armamento de ETA que se iban a llevar a cabo en una vivienda, bajo la supervisión de tres reconocidas personalidades de ese territorio. “Creo que saben dónde está escondido todo, de manera que cuando detectan que puede estar por producirse un gesto de desarme, actúan”, valoró Spektorowski.

El lehendakari Iñigo Urkullu. / EFE

Algo de eso pasó en Luhuso. Según confirmó uno de los detenidos en aquella redada, al día siguiente estaba previsto que acudiesen hasta esa localidad los integrantes de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) (dedicada a monitorear el sellado de los arsenales), quienes confirmarían la validez de esa primera destrucción de armas. Sin embargo, el golpe policial desbarató todos los planes y acabó con cinco personas declarando ante un juez antiterrorista francés. Actualmente, el coordinador del movimiento ecologista “Bizi” Txetx Etcheverri, la periodista Béatrice Molle-Haran, el empresario Michel Bergouignan, el expresidente de la Cámara Agraria de Iparralde Michel Berhokoirigoin y el cámara Stéphane Etchegaray se encuentran en libertad bajo control judicial, acusados de “tenencia y transporte de armas y explosivos”.

Hace semanas, en un operativo coordinado con París, la Guarda Civil desbarató la labor de destrucción del 15% del armamento de ETA

En cualquier caso, ese operativo policial tuvo unas consecuencias no previstas (o al menos no deseadas) por sus impulsores. A través de distintas comparecencias y declaraciones, varias formaciones políticas (entre los que se ubican PNV, EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Geroa Bai) y sindicatos (ELA, LAB, CCOO y ESK, entre otros) mostraron su firme respaldo hacia un desarme “ordenado” y verificado. Además, los distintos actores políticos y sindicales solicitaron a los gobiernos de Euskadi y Navarra su contribución para blindar ese proceso. También hubo gestos unitarios en el País Vasco francés, donde cargos electos de todo el arco político (con la excepción del Frente Nacional) pidieron a los gobiernos de París y Madrid su implicación en este asunto.

Fotograma del documental 'El fin de ETA'.

De hecho, en los últimos días el Gobierno Vasco ha reiterado su oferta a ETA para llevar a cabo un proceso de entrega y destrucción de los arsenales de forma ordenada y controlada. La oferta del ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu incluye la creación de un “Comité de Desarme” que estaría compuesto por agentes sociales, mediadores internacionales y representantes del Gobierno Vasco.

Según ese plan (que fue presentado por primera vez en octubre de 2014 y que hace muy pocos días fue puesto nuevamente sobre la mesa por el portavoz de la administración autonómica, Josu Erkoreka), “ETA hace entrega de la localización de sus almacenamientos de armas y explosivos a la representación de la sociedad vasca representada en el Comité para el Desarme”. Seguido, “esta representación social entrega esta información al Comité para el Desarme que lo pone, a su vez, en manos del Gobierno Vasco para que éste actúe como legalmente proceda”.

“Calendario y método”

“Pedimos a los Estados español y francés que si no quieren colaborar, que al menos dejen hacer”, señaló Agus Hernan

Con esas propuestas a la vista, el portavoz del Foro Social Permanente (una red que busca consolidar el escenario de paz en Euskadi), Agus Hernan, se muestra convencido de que las cosas “han cambiado”. “Tras el operativo de Luhuso, ha quedado demostrado que hay personas conocidas de la sociedad civil dispuestas a implicarse frente a la actitud de no colaboración u obstruccionista de los Estados español y francés. Además, los gobiernos de Euskadi y Navarra, así como los cargos electos de Iparralde, están dispuestos a tomar parte en ese proceso”, destacó.

En ese sentido, Hernan indicó a Público que “ahora se requiere un calendario acordado y un método estable, que permita dar seguridad a todas las partes que se van a involucrar de una manera u otra en este proceso”. Esos aspectos serán abordados por el Foro Social Permanente durante las próximas semanas. Tampoco se descarta una nueva visita a Euskadi de la CIV, cuyos miembros (todos ellos reputados mediadores internacionales que han participado en otros procesos de paz) tendrían reservado un papel clave: verificar que los arsenales queden totalmente fuera de uso.

Sin embargo, el portavoz del Foro cree que también sería necesario un cambio de actitud en otros estamentos institucionales. Concretamente, en Madrid y París. “Pedimos a los Estados español y francés que si no quieren colaborar, que al menos dejen hacer”, resumió. “La otra hipótesis (advirtió) es la actual: armas perdidas en el monte, con los riesgos que eso puede conllevar”.