Casi 7.300 personas mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia por covid-19 sin que fueran derivadas a un hospital ni recibieran la asistencia sanitaria adecuada. En concreto, un 90% de esas personas que contrajeron la enfermedad fallecieron sin ser derivadas.

Ningún responsable de aquellos "protocolos de la vergüenza" ha sido condenado. Y tan solo el que fuera consejero de Políticas Sociales de Madrid, Alberto Reyero, dimitió tras oponerse al procedimiento que prohibía derivar a los ancianos con síntomas de covid de los centros donde residían a los hospitales en 2020.

La máxima responsable de la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha negado en todo momento haber tenido alguna responsabilidad al respecto. La Justicia, sin embargo, sí ve indicios de su implicación. 

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a una jueza que reabra una causa penal contra Ayuso. En particular, por el fallecimiento de siete mayores en una residencia de Ciudad Lineal en relación con dichos protocolos.

Así consta en un auto dictado el pasado 25 de octubre, al que ha tenido acceso Público, en el que se estima parcialmente el recurso presentado contra el sobreseimiento provisional del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid en las diligencias previas seguidas contra la dirección de esta residencia Amavir y el archivo libre respecto de la residencia.

El recurso de apelación de la parte querellante se articulaba en diferentes motivos como la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y la falta de motivación.

Los querellantes criticaban que la magistrada no había practicado la actividad instructora suficiente, porque no se había llamado a declarar a los responsables de la elaboración, aprobación y distribución de los protocolos.

En la querella, recuerda, se argumentaba como segundo motivo que "hay indicios de criminalidad en el relato de los hechos respecto al fallecimiento de los familiares que se les impidió recibir cuidados sanitarios al no ser derivados a centro hospitalario alguno".

Los magistrados emplazan ahora a la titular del Juzgado de Instrucción número 50 a seguir investigando la querella, que se dirige contra la propia Ayuso y los exconsejeros de Sanidad y Justicia, Enrique Ruiz Escudero, y Enrique López.

Los tres están acusados de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, delito de omisión del deber de socorro, delito de trato degradante y delito de prevaricación.

Reacción de Marea de Residencias

En un comunicado, Marea de Residencias señala que las diligencias que solicitaron en su momento los querellantes "vienen a reforzar lo referido a las decisiones tomadas para derivar no derivara los residentes a Centros hospitalarios en directa relación con los protocolos aprobados por la Comunidad de Madrid y los recursos técnicos y sanitarios con los que contaban las residencias, tanto para atención y seguimiento del estado de salud de los residentes, como para protegerse del contagio del coronavirus trabajadores y residentes".

Un juzgado de Collado Villalba investiga también a Ayuso, Escudero y Enrique López por los "protocolos de la vergüenza". En este procedimiento han declarado en dos ocasiones el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, y el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur.

En paralelo al recorrido legal de los hechos, el pasado mes de septiembre una comisión ciudadana indagó para intentar buscar la verdad de lo que sucedió en aquellas primeras semanas de pandemia. Durante dos días, la Comisión Ciudadana por la Verdad entrevistó a llegados de las víctimas, trabajadores del sector y responsables políticos de entonces para esclarecer las circunstancias en las se dejó morir sin asistencia a esas casi 7.300 personas mayores.