VALENCIA.- Saludable, sostenible, eficiente, inclusiva, segura y de proximidad. En principio parecen las características de ciudad que cualquiera desearía para la suya. Sin embargo, hace tan solo unos días, los representantes del área de movilidad de buena parte de las ciudades más pobladas del Estado —A Coruña, Badalona, Barcelona, Madrid, Pamplona, Santiago de Compostela, Valencia y Zaragoza—, gobernadas todas por lo que se ha venido a denominar como “las alcaldías del cambio”, firmaban en Barcelona un manifiesto “por el derecho a la movilidad” en el que recogían su propósito de trabajar juntas para cambiar el paradigma de cómo nos movemos y vivimos en nuestras ciudades.

¿Era necesario manifestar ese derecho y lanzarlo a los cuatro vientos? “En el plano genérico todo el mundo está de acuerdo con la movilidad sostenible pero es en lo concreto cuando vienen los problemas”, explica Mercedes Vidal, concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, impulsora y anfitriona del primer encuentro de concejalas. De ahí la firma de un documento que destaque las políticas de movilidad como una “cuestión central para el derecho a la ciudad”, y abordadas —subraya— “desde una postura valiente” frente a “los problemas terribles de contaminación que sufrimos en nuestras ciudades”.

Politización “irresponsable”

En un sentido similar se manifiesta Giussepe Grezzi, concejal de Movilidad Sostenible del
Ayuntamiento de Valencia, que observa cómo “la apuesta por un modelo de movilidad más sostenible y que facilite la accesibilidad” por parte de muchas nuevas corporaciones, “ha sido respondida frontalmente por parte de la derecha mediática y política” de una manera “totalmente irresponsable”.

En la memoria más reciente, recuerda Grezzi, están los ataques realizados a Manuela
Carmena, a costa de los atascos generados por el uso masivo del automóvil cuando llueve en Madrid, “pero cada concejal podríamos contar un caso”, apunta. “En Valencia todos los grupos votan en el pleno a favor de reducir las emisiones contaminantes, pero cuando tomas medidas para reducir el número de vehículos, algunos te acusan de reducir libertades. Es puro cinismo”, lamenta Grezzi.

Una propuesta colectiva frente a los ‘lobbies’

“La industria del automóvil en nuestro país es muy potente”, describe Teresa Artigas, concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, cuando se le pregunta por las notorias resistencias ante un enfoque que pide claramente menos coches en las ciudades. Frente a ello, apunta, la visibilización de una propuesta colectiva puede ser muy importante, por lo que invita a cualquier otro consistorio, sea cual sea su signo político, a sumarse a cambiar el paradigma, pero “siempre y cuando esté dispuesto a trabajar en esta dirección”.

Desde que se presentó el manifiesto el pasado 16 de octubre en Barcelona, se han sumado también Cádiz y Oviedo, y otras ciudades se han mostrado interesadas en participar en este proceso colectivo. El siguiente paso es reproducir en breve el encuentro de trabajo posterior a aquella firma, para seguir con la puesta en común de las problemáticas particulares de cada ciudad, el intercambio de conocimientos y experiencias y seguir estableciendo sinergias para dar solución a los problemas colectivos.

“Llevamos muchos años escuchando promesas en los programas electorales, pero lo que
queremos es un cambio real”, concluye Teresa Artigas. Como ella, Giuseppe Grezzi desde
Valencia, confía en que el hecho de que “tantas grandes ciudades” se hayan sumado a este
manifiesto, anime a otras instituciones del Estado a asumir compromisos firmes y revertir un “mensaje institucional hegemónico que hasta ahora siempre ha acabado beneficiando al coche”.