La Cámara de Cuentas, el órgano que fiscaliza las cuentas de la Junta de Andalucía, ha detectado en un nuevo informe, hecho público este miércoles, que el Gobierno andaluz no ha abonado aún a algunos sanitarios parte de la conocida como paga covid.

En el trabajo se analiza la gestión del personal sanitario durante la pandemia y en él se avala en términos generales la actuación del Gobierno andaluz, pero se recogen algunas salvedades, entre ellas los incumplimientos del acuerdo de 4 de agosto de 2020, que estableció una retribución, en concepto de productividad, para el personal sanitario "que contribuyó al control de la pandemia de covid".

Así dice textualmente el informe: "La incorrecta aplicación del citado acuerdo, tanto por los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como por las Agencias Públicas, ha supuesto un perjuicio para algunos profesionales, que han recibido un importe inferior al que les correspondía".

Ha habido, según recoge el informe, fallos en el algoritmo de cálculo, criterios mal aplicados, además de falta de interés en el pago en algunos casos también. El estudio no recoge la cifra total de cuántos profesionales no han cobrado aún lo que se le debe, pero sí recoge cifras parciales: 159 trabajadores por lo menos.

Entre otras razones, no se conoce el dato definitivo, según recoge el trabajo, por las trabas que ha puesto el SAS: "Pese a ser requerido en varias ocasiones por la Cámara de Cuentas, el SAS no ha facilitado información sobre el número de profesionales [afectados por el fallo en el algoritmo de cálculo en la nómina]".

Y también algunas agencias públicas sanitarias: "Se han detectado errores [al menos en tres agencias públicas sanitarias] tanto en las relaciones de contrataciones realizadas como en el resumen anual de nóminas" y estas "no han facilitado toda la información necesaria ni las aclaraciones precisas", se lee en el trabajo.

Esta retribución, se decidió, "la percibirían aquellos trabajadores que hubiesen desarrollado su labor durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020".

El importe de esta paga covid es el equivalente a un porcentaje del sueldo base de tres meses con prorrateo de la paga extraordinaria y se devenga totalmente por haber trabajado al menos tres meses en el periodo establecido. Quienes hubieran prestado servicios durante menos de tres meses, deberían haber recibido la parte proporcional al periodo efectivamente trabajado.

Tipos de incumplimiento

La casuística de los incumplimientos detectados es la siguiente. Por un lado, quienes tuvieron reducciones de jornada, contratos a tiempo parcial y/o ejercieron puestos de grupos profesionales diferentes, "han recibido un importe de la paga inferior al que les correspondía".

Por otro lado, una agencia pública siguió un criterio de cálculo diferente al establecido en el acuerdo del Consejo de Gobierno y, en consecuencia, abonó a los profesionales un importe menor al que debían.

Y al menos dos agencias no abonaron la paga, salvo solicitud expresa, "a aquellos trabajadores que en la fecha de pago ya no estaban trabajando en estas agencias y tampoco comunicaron a los profesionales que debían reclamar la paga".

El informe recoge también algunas recomendaciones destinadas a la Consejería de Salud. Entre ellas, está, catalogada como prioridad media, la formalización "de contratos de larga duración que eviten la necesidad de formación o reciclaje cada vez que se incorporan profesionales a su nuevo puesto". Esta es una de las peleas sindicales de los últimos tiempos: la escasa duración de algunos contratos en el servicio público de salud.