Este martes 27 de julio entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pone fin a los cambios introducidos durante el Gobierno del PP. Esta reforma permite sucesivas prórrogas en los plazos de la instrucción, por lo que la acusación que ejerce PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) en el caso Púnica, solicita a la Audiencia Nacional que se prorrogue al menos un año el que afecta a esta causa, que vence el 27 de agosto con arreglo a la norma anterior. 

A esta prorroga se ha opuesto Esperanza Aguirre, imputada en la pieza de Púnica que investiga la financiación irregular del PP de Madrid y que fue acusada por varios exalcaldes del PP de ser la persona que controlaba la financiación del PP y la que daba las directrices de todo. 

En su escrito al juez, al que ha tenido acceso Efe, la acusación defiende que tras publicarse ayer la nueva ley en el BOE, empieza a contar el plazo de 12 meses para la instrucción, "sin perjuicio de las prórrogas que en su caso puedan solicitarse, y queda levantada, ope legis (por ley), la fecha del 27 de agosto de 2020 como fecha de vencimiento de la instrucción de la causa".

"Nadie discutió en su momento -recuerda el escrito- que la reforma de 2015 en la ley procesal aprobada con mayoría absoluta en el Parlamento durante el Gobierno del PP no fuera de inmediata aplicación a una causa que le afectaba directamente como partido político".

Por ello apunta que no sería "comprensible que esta reforma de 2020 no fuera igualmente aplicable inmediatamente, sólo porque no sea del agrado del Partido Popular".

Cree además que la prórroga, no es solo de carácter "imperativo", sino necesaria "dado el estado de la causa en este momento" y aunque "sólo sea a efectos aclaratorios generales para todas las partes".

Sobre la posibilidad de que la causa se cierre en un mes, se queja en el escrito de que "hace menos de un año" se reestructuró la causa en nuevas piezas separadas y "hasta la fecha no constan formadas las mismas materialmente".

Aguirre argumenta que el plazo ya fue acordado

En el escrito entregado al Juzgado Central de Instrucción número 6 por parte de la defensa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid se argumenta que el plazo ya fue acordado y que "no procede la prórroga del plazo de instrucción".

Aguirre recurre que fue "la Audiencia Nacional quien estableció el periodo máximo de duración de la presente instrucción" porque "era necesario arbitrar un plazo no excesivamente largo". Y alega que con los cinco años, once meses y doce días que ha durado la instrucción de la causa no se puede sostener que "no haya resultado suficiente".

Conversaciones y documentos fuera de la causa

Critica también la acusación que la Pieza Separada de Expurgo -en la que se deciden qué conversaciones y documentos deben quedar fuera de la causa-, "no está a disposición de las partes a falta de cerrar el expurgo". Falta además en esa pieza toda la documental incautada en los numerosos registros, el volcado de todos los dispositivos electrónicos incautados "en una macrocausa de estas dimensiones, donde los investigados se cuentan por centenares".

"De ellos sólo se han puesto a disposición de las partes, el día 22 de este mes, una pequeña parte de los mismos, dónde faltan algunos tan relevantes como los de uno de los principales investigados como es David Marjaliza, o sus testaferros, o su secretaria", apunta el escrito.

También faltan "otros de enorme relevancia como el del entonces Gerente del Partido Popular de Madrid (Beltrán Gutiérrez), piedra angular para poder investigar la financiación del Partido, o el de Javier López Madrid, que según parte de la prueba a disposición de las partes sería de gran relevancia en la misma Pieza Separada".

Tampoco está a disposición de las partes "la totalidad de las conversaciones telefónicas intervenidas, una vez expurgadas", ni ha sido incorporada la prueba -registros, intervenciones telefónicas, grabación de conversaciones- que se trasladó del caso Lezo a esta causa en relación a la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

"Ello claramente vulnera el derecho de igualdad de armas, porque cada investigado ha tenido acceso durante los últimos años a la parte que les correspondía para realizar el expurgo, y a ellos sí que se les ha facilitado copia", denuncia la acusación.