El impacto de la petición de imputar a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, se ha dejado notar con fuerza este miércoles, opacando el anunciado acto del Ejecutivo para explicar sus planes sobre los fondos de reconstrucción europeos. La exposición razonada elevada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón al Tribunal Supremo ha cogido por sorpresa al también líder de Unidas Podemos, a su partido y a su socio de gobierno.

No obstante, y a la espera de cómo evolucione esta situación, sí hay varias cuestiones claras sobre la mesa hoy por hoy: ni Iglesias contempla dar un paso a un lado y dimitir, ni espera ser imputado finalmente por el Alto Tribunal. Además, cuenta con el respaldo de su partido, de Izquierda Unida y de las confluencias, fuerzas dentro del paraguas de Unidas Podemos.

Y, lo más importante, tiene el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una conversación informal con periodistas, previa a su visita oficial a Argelia, Sánchez ha confirmado haber conversado telefónicamente con su vicepresidente, al que ha trasladado su respaldo. Sin dejar de manifestar su respeto por las decisiones judiciales, ha afirmado que hoy por hoy no está preocupado, si bien tampoco ha hecho declaraciones públicas en este sentido.

Además, ni el presidente, ni el PSOE, ni la formación de Iglesias quieren oír hablar de los posibles escenarios futuros que puedan ser más perjudiciales para el vicepresidente segundo. Esto es, que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal decida remitir el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados, para solicitar autorización para investigarle.

Nadie quiere aventurar qué podría ocurrir en esta hipótesis. El magistrado que instruye el caso Villarejo ha reclamado este miércoles al Tribunal Supremo la imputación de Iglesias por los presuntos delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa en relación con el caso Dina , sobre el robo del móvil de la excolaboradora de Iglesias, Dina Bousselham, hoy directora de la web La Última Hora.

El momento escogido por la Audiencia Nacional para remitir esta información a la prensa ha coincidido con el acto —anunciado a bombo y platillo por el Ejecutivo— de presentación del plan de recuperación tras la pandemia del coronavirus, en torno a las 12.30 horas.

Al filo de las 18.30 horas, el propio Iglesias ha comparecido junto a las tres vicepresidentas en la segunda parte de este acto, si bien apenas ha hecho lo que podría considerarse una alusión velada a esta petición de García Castellón. En concreto, Iglesias ha alertado —en genérico— de que fuerzas de la derecha política y "algunos poderes profundos" quieren devolver a España "al pasado", y siempre estarán "enfrente de la modernización de España". 

Horas antes, justo tras conocer la noticia de la petición del magistrado, la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, que tenía agendada una comparecencia en el Congreso, despejó las preguntas del PP sobre esta cuestión señalando que las querellas contra Podemos acaban "archivadas", mientras las que sufren los conservadores concluyen "con militantes en la cárcel". 

Y, aunque los ministros de Trabajo y Consumo, Yolanda Díaz y Alberto Garzón (PCE e IU), también han expresado su apoyo a Iglesias, ha sido el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, quien se ha mostrado más crítico con el magistrado. 

Ha calificado su decisión de "disparate jurídico", y ha considerado que sería "un escándalo" que Iglesias fuese imputado, al tiempo que negaba la existencia de pruebas para avalar esta investigación. Horas antes, en un mensaje publicado en Twitter, denunciaba que "contra Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo", y explicaba estas actuaciones como un intento de destruir su formación.

Al conocerse el auto de Castellón, Podemos expresó su sorpresa por esta decisión, teniendo en cuenta que hace apenas tres semanas la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional devolvió a Iglesias la condición de perjudicado en la pieza Dina, condición que le había retirado el propio García Castellón. La Sala consideró "meras hipótesis" los argumentos esgrimidos por el magistrado para expulsarle de la causa. La sorpresa ha sido mayúscula cuando el juez ha respondido pidiendo al Supremo que investigue al vicepresidente segundo.

La batalla entre la cúpula judicial y el Gobierno, como contexto

A su vez, recordando el precedente de su restitución como perjudicado, Echenique ha acusado al juez de "saltarse a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía", a la que tampoco pidió que se pronunciase —-como podría haber hecho, si bien no estaba obligado—, antes de tomar esta decisión. Le ha reprochado también que alegue "cosas ya saldadas", como las relacionadas con los datos de la tarjeta del móvil de Bousselham.

En última instancia, el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja ha sugerido que esta decisión puede tener que ver con la insistencia de Iglesias —y del resto del Ejecutivo— sobre la importancia de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y con sus "opiniones republicanas". "Estas opiniones republicanas molestan demasiado en determinados ámbitos", apuntaba. 

Lo cierto es que esta petición del magistrado se ha conocido días después de que el Ejecutivo y el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes —cuyo mandato expiró en diciembre de 2018, aunque desde entonces ha hecho cerca de 60 nombramientos de vital importancia—, hayan intercambiado reproches de importantes dimensiones.

Como catalizadores, la decisión del Gobierno de que el rey no viajara a Barcelona para la entrega de despachos a los nuevos integrantes de la Carrera Judicial; los constantes nombramientos impuestos por Lesmes, y, entre medias, la investigación al PP por el caso Kitchen y la huida del rey emérito, con el consiguiente impacto en la imagen de la monarquía, como atrezzo. En este marco, Iglesias ha reprochado al rey su falta de imparcialidad, y para su formación esto podría explicar buena parte de las posiciones adoptadas por el juez.

En el PSOE, respeto y silencio

En el PSOE también cayó por sorpresa el auto del juez, pero la dirección del partido ha decidido mantener, como posición oficial, el respeto a las decisiones judiciales, y hoy repiten que no se pronuncian sobre actuaciones que todavía están en curso.

Por ello, al ser preguntadas por la posición del partido en el caso de que el Tribunal Supremo decida investigar al líder de Unidas Podemos, fuentes socialistas se limitaron a señalar, sin más, que no hay que adelantar acontecimientos.

No obstante, en el Código Ético del PSOE no se contempla solicitar la dimisión de un cargo público cuando está siendo investigado (imputado) y sólo se pide la dimisión de la persona implicada cuando se abre juicio oral.

A su vez, todo imputado tiene que dar explicaciones a la dirección del partido, y la Comisión Federal de Ética y Garantías decidir las medidas estatutarias oportunas. Esto, lógicamente, no es aplicable al dirigente de otro partido, pero fuentes socialistas recuerdan que Sánchez siempre se ha mostrado muy exigente con los suyos ante cualquier investigación o imputación judicial, y recuerdan que pidió el acta a dos presidentes del PSOE —Manuel Chaves y José Antonio Griñán— cuando fueron imputados en el caso ERE.

Y, en cuanto a si Sánchez pedirá la dimisión de Iglesias si el Supremo decide investigarlo, las fuentes consultadas se limitan a repetir: "No adelantemos acontecimientos".

Teniendo en cuenta que el actual Código Ético de Podemos tampoco contempla la dimisión hasta la apertura de juicio oral o la condena —sí lo hacía el primer código aprobado por el partido—, esta opción se considera descartada, por el momento.