Las comunidades están de acuerdo en revisar la normativa antitabaco, aunque difieren en el modo de hacerlo. Algunas quieren prohibirlo en más lugares como las terrazas y otras apuestan por la autorregulación mediante distintivos de calidad e incentivos fiscales a los espacios sin humo.

La mayor parte de las consejerías han apurado hasta este miércoles, cuando vence el plazo que les dio el Ministerio de Sanidad hace dos semanas, para proponer mejoras al "Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027".

Hasta este momento, aunque tienen hasta que concluya la jornada, todas, salvo Andalucía, Navarra y Asturias, han remitido sus propuestas. El plan actualizado será evaluado en una reunión monográfica de la Comisión de Salud Pública el 3 de abril que, de aprobarse, será sometido al Consejo Interterritorial que se celebrará dos días después. 

Reunión que la ministra de Sanidad, Mónica García, apremió a que culminara con "consenso" de todos para lograr "un país libre de humo". 

Distintivo de calidad "Espacio sin humo"

En las posturas de las comunidades, según han trasladado fuentes de sus consejerías a EFE, hay de todo, desde la apuesta decidida por más espacios en los que se prohíba fumar y vapear de Asturias o Catalunya, a las que se inclinan más por dejar de lado las imposiciones y establecer una serie de incentivos, como Balears, Aragón o La Rioja.

Muchas son las que echan en falta más concreción al plan y que vaya acompañado de una memoria económica. No obstante, el sentir general es que hay que tomar medidas para reducir la prevalencia, sobre todo en los más jóvenes.

Así lo subraya la Dirección General de Salud Pública de Balears en su batería de propuestas, en las que aboga por destinar los fondos derivados de aumentar el precio de la cajetilla —una medida que estudia Sanidad con Hacienda— a la lucha contra el tabaquismo para que no se entienda como algo meramente recaudatorio.

En esta comunidad son partidarios de la adhesión voluntaria a la denominación de "espacio sin humo" y no tanto de la prohibición generalizada; por eso plantea establecer incentivos fiscales atractivos y distintivos de calidad que identifiquen un establecimiento con esta etiqueta.

Por último, reclama una memoria económica y una dotación presupuestaria porque solo así será posible incrementar las inspecciones, incluir nuevos fármacos en la cartera básica de prestaciones o potenciar la formación entre profesionales y colectivos específicos.

Abordaje conjunto del consumo de cannabis y tabaco

En la misma línea, Aragón solicita un respaldo presupuestario y sugiere también fijar incentivos y/o beneficios fiscales y una autorregulación mediante distintivos de calidad de espacios sin humo.

Además, defiende la realización de estudios de los efectos en la salud de las sustancias empleadas en los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina. También aboga que se estudie la posibilidad de que estos dispositivos puedan llegar a utilizarse como vía de deshabituación tabáquica en casos especialmente indicados y cumpliendo unos requisitos concretos.

Tanto una como otra reclaman un capítulo que aborde conjuntamente el consumo del tabaco y el cannabis, sustancias con las que se suele empezar en la adolescencia.

Igualmente, La Rioja es partidaria de promover incentivos fiscales, distintivos u otros beneficios frente a prohibiciones y considera que para que el plan sea eficaz, debe incluir una valoración económica y un respaldo presupuestario.

Cree además que el borrador de Sanidad no detalla lo suficiente cómo se van a regular los espacios privados ni tampoco el vapeo ni cómo se controlará el cumplimiento de las normas existentes en lugares de especial protección como los sanitarios o escolares.

Murcia confía en que en España se consiga la primera generación libre de tabaco, pero pide al Ministerio que elabore el plan con consenso y exige que no solamente contenga líneas estratégicas, sino también una financiación específica.

Galicia, que ha implementado iniciativas como "Playas sin humo" que después amplió a "Parques sin humo", sigue apostando por la autorregulación de espacios libres de tabaco y por la vigilancia de aquellos lugares dependientes de la Administración donde no está permitido fumar. Sin embargo, insiste en la necesidad de actualizar el plan siempre buscando el consenso y de dotarlo de fondos para su puesta en marcha.

Castilla y León reclama mayor definición de las responsabilidades de las administraciones públicas y aclarar a qué autoridades corresponde la inspección. También pide una regulación nítida de los espacios privados que garantice la compatibilidad entre el derecho a la salud y la libertad individual y analizar el grado de cumplimiento de la normativa actualmente vigente, sobre todo en andenes, centros sanitarios, parques, jardines o transporte público.

Igualmente, el País València ya avanzó la semana pasada que presentaría alegaciones y que su decisión se basará esencialmente en que el tabaco perjudica a la salud pero también habrá que dejar ciertos espacios de libertad.

Prohibir la venta de vapeadores a menores

Desde Andalucía, que quiere prohibir la venta de vapeadores a los menores de edad, esperan que haya un debate y no una imposición del Ministerio, y señala que debe aclarar cómo pretende abordar el consumo de tabaco en espacios privados en presencia de niños o embarazadas.

Madrid no ha adelantado los alegatos que ha enviado este miércoles al Ministerio, pero en otras ocasiones ha trasladado su apuesta por "reforzar las actuaciones en materia de prevención y control de tabaquismo" y cree que corresponde al Estado introducir cambios en la ley actual aplicable en todo el territorio.

Del mismo modo, País València ya avanzó la semana pasada que presentaría alegaciones y que su decisión se "basará esencialmente en que el tabaco perjudica a la salud pero también habrá que dejar ciertos espacios de libertad", en palabras de su conseller Marciano Gómez.

Cataluña, que varias veces ha expuesto su apuesta por limitar el tabaco en terrazas, marquesinas de transporte o dentro del coche, ve con buenos ojos el plan para avanzar en la lucha contra el tabaquismo, sobre todo si impactan en el incremento del precio o el empaquetado neutro, y cree que las medidas que atañen a las comunidades deben ir acompañadas de fondos finalistas.

En sus alegaciones, Canarias plantea prohibirlo, además de terrazas y marquesinas, en espacios deportivos al aire libre y los alrededores de los accesos de los lugares donde ya está vetado, así como propone una ficha financiera que garantice la viabilidad de las medidas que incluya una distribución de recursos entre las comunidades autónomas.

Pide además datos actualizados sobre el empaquetado genérico —medida que rechaza la patronal de la industria, de fuerte peso en las islas— en los países en los que se ha implementado esta medida y la equiparación fiscal del tabaco y todos sus derivados como ya ha hecho Canarias, que reclama, por último, prohibir los vapeadores de un solo uso y unificar todas las disposiciones normativas relacionadas con el PIT en una nueva ley.

Asturias se ha mostrado siempre de acuerdo con que se prohíba fumar en las terrazas y sobre la necesidad de concienciar de que hacerlo en espacios privados es perjudicial para el fumador y para quien se ve afectado por el humo ajeno, a pesar de que pueda provocar "posturas en contra" procedentes del sector hostelero.

Extremadura se pronunciará tras el Consejo Interterritorial. Anteriormente se había mostrado partidaria de crear nuevos espacios libre de humos, pero puso en entredicho otras cuestiones dado que allí se unen "otros condicionantes" debido a las familias que dependen del cultivo de tabaco.