El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el del mes de enero, recoge la polémica del bloqueo de órganos como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial y la prohibición del TC a que se debatiera en el Congreso de los Diputados una modificación del sistema para su renovación.

La mayoría de los encuestados responsabilizan al Partido Popular de que no se haya llegado a acuerdos políticos para desbloquear la renovación de estas instituciones, que en algunos casos llevan prácticamente toda la legislatura con el mandato caducado y cuya composición responde al equilibrio de fuerzas que se daba cuando el PP tenía mayoría absoluta en la Cámara Baja.

"Por lo que usted sabe o ha oído, ¿qué partido cree que es el principal responsable de que no se haya llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional?", reza una pregunta del barómetro del CIS.

Un 39% de los encuestados señalan al PP, mientras que un 17,7% cree que el PSOE es el culpable de que algunos de lo órganos constitucionales sigan bloqueados (en el caso del TC, tanto el CGPJ como el Gobierno han renovado a dos jueces cada uno para desbloquear su situación). Además, un 15% considera a las dos formaciones responsables a partes iguales de esta situación.

También se pregunta en la encuesta del CIS por la polémica en torno a la votación en el Parlamento para modificar el sistema de elección de los jueces del Constitucional. En este caso, el TC impidió que el Senado procediese a votar esta reforma, después de amagar en un principio con hacerlo en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, el organismo dirigido por José Félix Tezanos pregunta "de forma general, ¿está Ud. a favor o en contra de que los/as jueces/zas del Tribunal Constitucional puedan prohibir al Parlamento debatir leyes?". Un 57,2% de los encuestados se posicionan en contra, mientras que un 29,4% lo hacen a favor.

El CIS no mide la opinión sobre sedición y malversación

Otra de las preguntas mide la opinión sobre "que dos magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato estaba caducado por haber concluido el plazo para el que fueron elegidos, tomen parte en votaciones en las que se decide si continuaban o no formando parte de dicho Tribunal Constitucional". Unidas Podemos elevó al tribunal de garantías las recusaciones del presidente, Pedro González-Trevijano, y del magistrado también conservador Antonio Narváez, por tener un "interés directo" en que no se renueve de forma inmediata el órgano.

A casi un 74% de los encuestados les parece mal (31,9%) o muy mal (41,7%), mientras que para un 15,5% está bien (12,2%) o muy bien (3,3%). El barómetro del CIS no incluye una valoración sobre la supresión del delito de sedición y la reforma del delito de malversación, que ni siquiera se mencionan en el estudio.

La encuesta solo hace una pregunta genérica sobre el grado de conocimiento de la ciudadanía acerca de "la reforma del Código penal impulsada por el Gobierno que fue aprobada el jueves día 15 de diciembre en el Congreso de los/as Diputados/as", pero ni menciona el contenido de dicha reforma (la supresión de la sedición y la reforma de la malversación, entre otras) ni mide la opinión de los encuestados al respecto.