El PP confirmó este viernes que las comunidades autónomas en las que gobierna -lo hace en 11 de ellas- no aplicarán el índice de precios de referencia para regular el alquiler publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), porque considera que es un "estrepitoso fracaso que desestabilizaría aún más el mercado, reduciría la oferta y fomentaría la economía sumergida".

"Error tras error", sentenció este viernes Paloma Martín, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible y responsable de Vivienda del PP, quien puso mucho empeño en subrayar que hasta ahora ninguna comunidad autónoma –excepto Catalunya– ha puesto en marcha la iniciativa, ni ha informado formalmente sus "zonas tensionadas" para su aplicación.

Además de las críticas de "fondo y contenido", el PP dice que también ve "graves errores de forma" en este índice de referencia para los alquileres. Los populares creen que el sistema se aprobó mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, "ignorando que este trámite requiere al menos de una orden ministerial".

Con todo ello, el PP aboga por un pacto de Estado que "asiente las condiciones para incrementar sustancialmente el parque inmobiliario". En su opinión, "la raíz del problema del acceso a la vivienda es el desequilibrio crónico entre la oferta y la demanda".

"Para corregir el desfase actual es necesario poner en marcha medidas que dinamicen el mercado como una mayor disponibilidad de suelo, la simplificación administrativa, la ayuda a los jóvenes, la seguridad jurídica o la lucha contra la ocupación", dijo Martín, quien rechazó "medidas intervencionistas" y defendió equilibrar la oferta y la demanda.

Recursos de inconstitucionalidad

El Índice de referencia es una de las principales medidas de la ley de vivienda, norma que afronta cinco recursos de inconstitucionalidad –presentados por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, los Gobiernos de Madrid, Andalucía y Baleares; y otra del propio Parlamento de Catalunya–, todos ellos admitidos a trámite.

Dichos recursos afectan a casi la mitad de los artículos y ponen el foco, entre otras cuestiones, en la vulneración del derecho de propiedad, en el control del precio de los alquileres, en los criterios de identificación de las zonas tensionadas y en la invasión de competencias autonómicas.