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Corrupción política La Guardia Civil vuelve a pedir al juez la imputación de Zaplana en el caso Púnica

Considera que el exministro de Aznar favoreció a la trama a cambio de alguna participación en un proyecto de Sudamérica junto a López Madrid.

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El exministro Eduardo Zaplana a su llegada a la Audiencia Nacional, para declarar como testigo en la pieza de la caja B del PP en relación con unos pinchazos del caso Lezo sobre presuntos pagos de comisiones a su partido. EFE/Javier Lizó

La Guardia Civil ha vuelto a pedir en un nuevo informe que la Audiencia Nacional cite como investigado (antiguo imputado) a Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo con José María Aznar y expresidente de la Comunidad Valenciana, por favorecer los negocios de la trama Púnica, en especial de David Marjaliza y Alejandro de Pedro.

El informe, elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO), ha sido remitido al juez central de instrucción Manuel García Castellón y ha sido revelado por La Vanguardia. Refiere alusiones veladas a cambio de favores políticos e, incluso, alguna participación en un proyecto en América Latina junto a Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir.

En un informe de noviembre, la UCO ya señalaba que podría haber cometido un delito de tráfico de influencias por contactar a la trama con la ex alcaldesa de Madrid y mujer de Aznar, Ana Botella.

En el nuevo documento entregado en la Audiencia Nacional, los investigadores explican que a cambio de que le pusiera en contacto con políticos, De Pedro -dueño de una empresa encargada de hacer trabajos de reputación ‘on line’- le habría ofrecido alguna participación en un proyecto empresarial que tenía en marcha en Sudamérica.

La Guardia Civil refiere conversaciones mantenidas entre De Pedro y el propio Zaplana, a quien le daba cuenta de los pasos que iba a seguir en sus contactos con autoridades en países como Panamá, Brasil o Guatemala. En este negocio tenía previsto invertir otro de los investigados en la causa, Javier López Madrid.

”De Pedro y su socio José Antonio Alonso formaban parte de un grupo de personas, vinculadas entre sí por relaciones personales y empresariales, que sacaban provecho de los vasos comunicantes entre el mundo empresarial y la vida política, siendo la puerta de entrada la reputación ‘online’, dimensión de la vida pública actual de una importancia creciente, muy en especial para personas o instituciones que dependen de la percepción social que se tenga de ellos, como es el caso de los cargos públicos electos”, recoge el informe.

Expresión del uso del tráfico de infuencias

La Guardia Civil destaca que “una de las expresiones del uso del tráfico de influencias del que hacían uso De Pedro y Alonso han sido los repetidos contactos con Zaplana de quién perseguían que les beneficiase en procesos de licitación”.

Así, señala la construcción de colegios a favor de Marjaliza -amigo y socio durante años del ex número 3 de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y principal investigado en la causa- así como en una obra a una empresa vinculada al hermano de De Pedro.

En las conversaciones, existen “alusiones veladas” al pago de comisiones. “La proximidad al poder político la habría labrado gracias a las labores de reputación personal de cargos ‘públicos y la contribución a las campañas electorales a través de los servicios web en lo que se conocía como ‘campañas 2.0’ y a través de los contactos en la vida política de su socio, José Antonio Alonso Conesa”, ex alcalde de Cartagena (Murcia).

Los agentes sostienen que Zaplana les facilitó los contactos con personas vinculadas con el Ayuntamiento de Elche (Alicante) para la contratación de una campaña de prestigio en Internet en el marco de una situación de crisis política del gobierno municipal que había perdido la mayoría. Esta campaña se financiaría con anuncios publicitarios (banners).

En el informe se destaca que "llama la atención que la participación de Eduardo Zaplana fuera de naturaleza encubierta, desconociendo el trasfondo del conflicto de intereses que pudiera existir en este aspecto”.

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