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Los detectives corroboran que el comisario Pino miente con el 'pendrive' del caso Pujol

Julián Peribáñez Y Antonio Tamarit, confidentes policiales en la Operación Cataluña y ex trabajadores de Método 3, aseguran en la Audiencia Nacional que "nunca" le entregaron al comisario Marcelino Martín-Blas documentación del caso. 

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. - EFE

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. - EFE

Las mentiras tienen las patas muy cortas y, a juicio de las partes personadas en el caso Pujol que esta mañana han tomado declaración a dos confidentes de la brigada política, las del ex número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, van camino de convertirse en una denuncia contra él por falso testimonio, que además ayude a esclarecer los trabajos de la brigada política del ex ministro Jorge Fernández Díaz en la Operación Cataluña.  

Julián Peribáñez y Antonio Tamarit, ex trabajadores de la agencia de detectives Método 3, estuvieron trabajando para la Policía alrededor de año y medio desde que en 2013 se desmanteló la empresa que dirigía Francisco Marco. Sin embargo, según han ratificado ambos ante el juez José de la Mata, "nunca le dimos al comisario Marcelino Martín-Blas ningún pendrive con información de la empresa". 

La respuesta ha hecho que el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tuviera que incidir y recordarles que tanto la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como el comisario Pino han declarado en ese juzgado y también por escrito que la memoria USB con información encriptada había sido entregada al jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Martín-Blas. Pero ellos, explican fuentes presentes en la sala, "han dicho que Eugenio Pino era un señor mayor, que se habría equivocado y que no era correcta su versión".  

Conexiones entre la UDEF y Método 3

Según han reconocido Tamarit y Peribáñez, el contacto con la Policía se inició a través de Antonio Giménez Raso -policía en excedencia y conocido como El Bigotes- que había  tenido una empresa paralela a Método 3 con la madre de Francisco Marco. 

El policía y socio del comisario Villarejo, Antonio Giménez Raso (de frente con bigote), junto con los exdetectives de la agencia Método 3, Julián Peribáñez y Antonio Tamarit., reunidos en Barcelona en 2014 en plena Operación Catalunya. /PÚBLICO

El policía y socio del comisario Villarejo, Antonio Giménez Raso (de frente con bigote), junto con los exdetectives de la agencia Método 3, Julián Peribáñez y Antonio Tamarit., reunidos en Barcelona en 2014 en plena Operación Catalunya. /PÚBLICO

Después fue el comisario Martín-Blas quien se puso en contacto con ellos para que les ayudase con una investigación que llevaba Asuntos Internos sobre la relación de determinados agentes de la UDEF y la agencia de detectives Método 3, según han declarado los confidentes. 

Esta investigación, bautizada como Operación Colombo y cuyo informe fue entregado a la fiscalía Anticorrupción a mediados de 2014 sin que se hayan abierto aún diligencias, se inició después de que en el registro de la Método 3 se encontrara un borrador de la UDEF que todavía no había sido incluido en el sumario de Gürtel, sobre la ex ministra Ana Mato y su ex marido, Jesús Sepúlveda. 

Según Peribañez y Tamarit, el informe estaba en Método 3 porque la empresa Ros Roca -relacionada tanto con el caso Gürtel como con el Pujol- había contratado los servicios de Paco Marco para saber qué tenía la Policía sobre él. 

Los detectives también han aclarado que ni Martín-Blas ni otro inspector de Asuntos Internos que se relacionó con ellos les enseñaron nunca ningún documento del caso, "lo que nos pedían es si podíamos ayudarles a relacionar un informe con una factura porque decía que la información incautada era mucha y no conseguían organizarla". 

Sobre el posible cobro de fondos reservados que el comisario Eugenio Pino ha desvelado a bombo y platillo tanto en su declaración judicial como el una entrevista concedida, los detectives han asegurado que de Asuntos Internos habrían cobrado unos 6.000 euros a lo largo de año y medio en concepto de viajes y comidas.