SEVILLA.- El Gobierno municipal de Cádiz, pilotado por una marca instrumental de Podemos (Por Cádiz Sí se Puede), es uno de los ayuntamientos emblemáticos del partido morado. La formación dirigida por el hoy alcalde José María González Kichi se lo arrebató en las últimas elecciones municipales al PP, que había gobernado en Cádiz ininterrumpidamente durante 20 años, muchos de ellos con mayoría absoluta, ante la impotencia del PSOE.

Ahora la Alcaldía de González está sustentada en un acuerdo con Ganar Cádiz en Común (socio de gobierno) y con el PSOE, que facilitó su investidura a regañadientes. Los socialistas gaditanos, muy tutelados y vigilados de cerca por la ejecutiva regional de Susana Díaz, tuvieron que elegir entre dos opciones que detestan: permitir que siguiese gobernando el PP de Teófila Martínez, algo que ni la militancia ni la dirección local del PSOE habría aceptado, o permitir un gobierno de Podemos. La solución fue esta última, y nunca, desde entonces, ha estado exenta de problemas, críticas, desencuentros y crisis.

A Díaz no le gusta este acuerdo y tampoco le gusta el alcalde, uno de los pocos regidores de una capital andaluza con el que aún no se ha reunido, y al que critica a menudo desde el Parlamento en sus réplicas a la secretaria regional de Podemos, Teresa Rodríguez (actual pareja de González).

Encontronazos entre Kichi y Díaz

Quiere esto decir que, desde las municipales de mayo de 2015, no ha habido un día en el que uno de esos encontronazos entre el Consistorio de Cádiz y el PSOE no vislumbrase una ruptura del acuerdo que hiciera perder la Alcaldía a González. Si aún no ha pasado, y en ocasiones los socialistas han estado a punto de romper el pacto, es porque la consecuencia inmediata sería el regreso del PP al Ayuntamiento gaditano. Pese a todo, las constantes críticas de Díaz y altos miembros de su ejecutiva a González y su equipo, poniendo en tela de juicio su capacidad para gobernar Cádiz, mantienen viva la posibilidad de una crisis de gobierno en la capital gaditana. Tal es así que el grupo municipal socialista en el Consistorio de Cádiz cuestiona a veces de tal manera al regidor, que más pareciera el líder de la oposición que el partido que sustenta al gobierno local.

La crisis interna del PSOE y la actual coyuntura política han dado un giro inesperado a este panorama. La gestora que pilota ahora al PSOE, tras la abrupta dimisión de su secretario general, Pedro Sánchez, parece estar abriendo paso a trompicones a la abstención en una hipotética investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Este dilema ha partido en dos a la formación socialista, y en ese cisma se ha querido colar el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dejando caer que si el PSOE se abstiene para facilitar el poder al PP, las direcciones regionales del partido morado en Castilla La Mancha, Extremadura y Aragón podrían replantear su apoyo a los gobiernos socialistas en estas comunidades. Allí el PSOE gobierna en minoría gracias a que Podemos facilitó la investidura a los socialistas.

La advertencia de Iglesias fue dirigida además contra la presidenta andaluza. “Es evidente que la señora Susana Díaz y la gestora quieren abstenerse. Vamos a ver si el PP se lo permite”, aseguró. La crisis interna del PSOE ha agitado estos territorios, donde además son presidentes dos de los principales críticos de Sanchez, el extremeño Guillermo Fernández Vara (abiertamente a favor de la abstención) y el castellanomanchego, Emiliano García Page.

Al lanzar esa “velada amenaza”, algún dirigente del PSOE municipal de Cádiz, que no cuenta con la confianza ni la simpatía de Susana Díaz, hizo este análisis: si Podemos deja caer los gobiernos autonómicos del PSOE, nosotros dejaremos caer al Kichi. Esta hipótesis fue de inmediato cortocircuitada desde la dirección regional del PSOE, donde Susana Díaz dio orden de no caer en el “cambalache y el intercambio de cromos” al que estaba jugando el partido de Pablo Iglesias.

“Nosotros no hacemos cambalache de gobiernos. La posición de Podemos en Castilla La Mancha, Aragón y Extremadura debería ser política, orientada a los ciudadanos y a sus necesidades, es una vergüenza que se replanteen esa posición por lo que haya decidido otro partido en cualquier otro ámbito de la política. Tanto valoran la sanidad, la dependencia, la educación o el empleo en estos territorios como para echarlo a perder por una postura partidista. ¡Que digan con claridad cuánto valen para ellos los ciudadanos extremeños y aragoneses! Nosotros desde luego no vamos a hacer revancha con el ayuntamiento de Cádiz ni con ningún otro”, aseguran fuentes de la dirección del PSOE-A.

Este es el peor momento para cuestionar el Gobierno municipal de Cádiz, abundan estas fuentes, porque la ciudadanía lo entendería como una represalia a Podemos, si consuma su amenaza, pero sobre todo porque Díaz ya mostró su rotundo rechazo a la advertencia que hizo el partido morado al gobierno de Fernández Vara en Extremadura y al de García Page en Castilla La Mancha. “Todo mi apoyo a Fernández Vara y a García Page frente a los que quieren secuestrar la voluntad de los socialistas. Es una injerencia inaceptable”, sostiene la presidenta. Díaz pide hacer un ejercicio de "responsabilidad" a los suyos, y no caer en el mismo error que están denunciando contra Podemos.

Contrato millonario para Cádiz

En plena crisis interna del PSOE, Susana Díaz ha intensificado su agenda institucional con contactos al más alto nivel para evitar que la oposición la ataque acusándola de estar más centrada en el partido que en el Gobierno andaluz. Es lo que previsiblemente va a ocurrir este jueves en la sesión de control al Gobierno. Díaz se ha reunido este miércoles durante cuatro horas con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez, uno de sus contactos del Ibex 35 que se han citado con la presidenta andaluza.

De ese acuerdo se ha anunciado un contrato con Iberdrola y Navantia (los astilleros de Cádiz, muy machacados por la falta de carga de trabajo) valorado en 65 millones de euros. Se tratará de la construcción de una subestación del parque eólico marino de Cádiz, un contrato par los astilleros de Puerto Real que darán trabajo directo para 350 personas (y esporádicamente hasta 600 profesionales) durante los próximos dos años. Susana Díaz ha rentabilizado enseguida este contrato, en el que ha mediado directamente ella, y que se ha anunciado desde la sede del Gobierno andaluz tras la reunión con el presidente de Iberdrola.