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Dimite Paula Prado, portavoz del PPdeG investigada en la Pokémon

EP

Paula Prado, portavoz del PPdeG, anunció hoy su dimisión 'irrevocable' de este cargo, aunque se mantendrá como diputada autonómica, lo que le permitirá conservar su condición de aforada. La política conservadora reconoció que su relación con la Operación Pokémon (en la que está siendo investigada y se abrió una pieza separada) no está 'ayudando al partido' y le impide 'hacer el trabajo que exige una portavocía'.

El anuncio de su dimisión se produce tras tres meses sin comparecer ante los medios de comunicación, después de que trascendiesen conversaciones suyas comprometedoras incluidas en el sumario de la Operación Pokémon. A raíz de esos pinchazos telefónicos y los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera, la jueza Pilar de Lara creó una pieza separada al hallar en el comportamiento de la diputada 'ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal'.

Dada su condición de aforada como diputada autonómica, a principios del pasado mes de diciembre, la jueza preguntó al Ministerio Fiscal si procedía elevar 'exposición motivada' al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y recibió el visto bueno para ello pocos días después, aunque por el momento el caso no ha llegado aún al alto tribunal gallego, según han confirmado fuentes judiciales. La diputada autonómica declaró ante la jueza en calidad de testigo, pero por el momento no está imputada.

De hecho, la propia Prado se ha referido a sus meses de silencio, indicando que, tras la publicación de esta información, el partido y ella misma consideraron 'lo más prudente limitar' sus 'comparecencias públicas'. 'En un proceso judicial bajo secreto de sumario no podría haber aclarado todas y cada una de las conversaciones sin incurrir en un delito de revelación de secretos', ha alegado.

Paula Prado ha desvinculado su papel como portavoz del PPdeG de su trabajo como diputada en el Parlamento, un puesto del que no dimitirá. 'Soy una diputada muy trabajadora, llevo mucho trabajo en mi portavocía. Una cosa es la labor de comunicadora y otra la labor de legisladora, y como legisladora estas cuestiones no afectan en absoluto', ha defendido.

En cualquier caso, ha rechazado analizar pormenores de la pieza separada abierta sobre ella dentro de la Operación Pokémon, aunque ha defendido su inocencia, ha mantenido que no cometió 'ninguna ilegalidad' como cargo público y ha asegurado que 'no contempla la posibilidad' de que la imputen. 'Lo que sí voy a decir es que nunca, nunca, jamás, participé en ese contrato, inflé ninguna factura ni manipulé ningún expediente en ninguno de los puestos que tuve en la Administración', ha defendido.

No obstante, fuentes conocedoras del procedimiento sobre Paula Prado aseguran que el hecho de que la jueza aún no haya remitido al Superior la pieza sobre ella respondería a que 'quedaban cuestiones por investigar' para poder trasladar 'unos hechos' cerrados y que en ello se habría centrado en los últimos meses.

Según un auto del pasado 23 de abril, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo investiga al marido de Paula Prado, Francisco Antonio O.I., por supuestamente obtener beneficios en su negocio 'prevaliéndose de su relación matrimonial' en su actividad de venta de materiales textiles a determinados organismos públicos, entre ellos los ayuntamientos de Santiago y Boqueixón (A Coruña).

Además, también se investiga la participación de Paula Prado cuando era concejala en el Ayuntamiento de Santiago en 'el pago de una factura inflada' por la representación del espectáculo La Abeja Maya, para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en 'adjudicaciones presuntamente ilícitas' a favor de GRS y Aquagest.

En tercer lugar, también se indaga sobre la 'influencia' de Prado en la contratación de determinadas personas 'afiliadas o próximas ideológicamente' a su partido 'en empresas concesionarias de obras y servicios' del Ayuntamiento de Santiago, 'llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo'.

'Independientemente de otros supuestos, revelados en los informes presentados, habría enchufado supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria del concurso de la Escuela infantil de Salgueiriños. Igualmente podría haber intervenido en algunos expedientes de acometida de agua a favor de terceros y en la resolución de un expediente de un local llamado Moon, probablemente de apertura o cierre por ruidos', aseguraba en un auto judicial Pilar de Lara.

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