Publicado: 07.04.2014 07:00 |Actualizado: 07.04.2014 07:00

"Nos echan del país, nos quitan la sanidad y nos roban el voto"

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No son ni intrépidos trotamundos ni talentos en busca de éxito en el exterior. Son emigrantes en el sentido más literal del término: personas que se trasladan más allá de las fronteras de su propio país a otro con el fin de trabajar. No se fueron, les echaron, y eso es lo que reivindican desde hace hoy justo un año, cuando el 7 de abril de 2013 la plataforma Juventud Sin Futuro convocó a través de Facebook una manifestación internacional bajo este lema y un rotundo "¡Que se vayan ellos!".

"Lo llaman fuga de cerebros y espíritu aventurero.Yo digo que es necesidad por buscarse la vida y un tipo de vida más digna de las opciones que ahora tenemos en España, y que son ellos los que nos están obligando a marchar", se indigna Mei, una santanderina de 21 años que trabaja en Londres como aupair y repartiendo flyers mientras estudia Eduación Social en la UNED. Unidos bajo el paraguas de la Marea Granate y a un mes de las elecciones europeas, la lucha se centra ahora en el derecho a voto de los emigrantes, restringido desde la reforma de la ley electoral de 2011.

Mei en Londres, María en París y Jorge en Montevideo son algunos de las decenas de miles de españoles a los que la crisis económica y su gestión han forzado a hacer maletas y abandonar el país. Son más de 200.000 desde 2008 los que se han instalado fuera si se tiene en cuenta tan sólo a los que se han ido dando de baja en el censo electoral de residentes en España (CER) para inscribirse en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) , cuyos datos reflejan que el ritmo anual de la emigración ha ido creciendo paulatinamente a lo largo de los últimos cinco años hasta doblarse en 2013 respecto a 2008, con más de 54.000 nuevas altas.

Son muchos más, sin embargo. Aunque sea teóricamente obligatorio hacerlo, Mei no se ha registrado en el CERA ni en el consulado español de Londres como residente y, como ella, cabe suponer que hay muchos más, especialmente desde que se excluyó a finales del año pasado de la atención sanitaria a los españoles en situación de desempleo que pasen más de 90 días en el extranjero. Las cifras tampoco recogen casos como los de Hilia, de 27 años, que llegó de niña a Bélgica, puesto que fueron sus padres quienes emigraron desde Madrid. "A mí no me echaron, pero es que no me dejan regresar. Me gustaría, pero visto el panorama no merece la pena volver, aquí se vive mejor y con mejores condiciones. Mucha gente que creció aquí y regresó a su pais de origen están volviendo", subraya desde Bruselas.

Sus historias no son muy distintas de las que recoge la web No nos vamos, nos echan reflejadas sobre un mapa del mundo saturado de círculos amarillos, uno por cada "exiliado forzoso", como se sienten y consideran. María, de 32 años, es investigadora bioquímica en el Instituto Pasteur. Dejó su Toledo natal hace un año cuando se le acabó un contrato de trabajo y se mantiene en París con una beca postdoctoral europea. "Para los científicos, es una salida natural, el problema está en que sabemos que no vamos a volver. Están arrasando el sistema científico español y no habrá quien lo levante", afirma.

Jorge, de 38 años, es de Valladolid y se trasladó también hace un año con su pareja a Montevideo, donde han encontrado la "dignidad laboral" que perdieron en España. Especialista en cooperación al desarrollo, trabajó seis años para la AECID en Guatemala, hasta que en 2010 perdió el empleo, regresó a España y sobrevivió haciendo de camarero. "En 2013 ya no podíamos más. Juntamos algo de dinero entre algunos ahorros y préstamos familiares y nos vinimos a Uruguay, un país en el que la gente 'desciende de los barcos' y donde no fue necesario justificar porqué no teníamos un billete de vuelta", explica.

Los cuatro participan en las asambleas locales de la Marea Granate, nacida el 15 de mayo del año pasado coincidiendo con el segundo aniversario del 15M para aglutinar a las asambleas internacionales surgidas hace casi tres años al calor de la acampada de Sol y a los grupos formados en el exterior a raíz de la convocatoria de Juventud Sin Futuro. En este tiempo se han añadido más y ahora cuentan con nodos activos en hasta 30 ciudades de distintos continentes, que se coordinan entre sí a través de herramientas digitales. El color que eligieron no es casual, se tomó del de los pasaportes para simbolizar "la emigración forzada".

"La Marea Granate no representa a nadie, pero sí es representativa de una realidad social concreta: personas de diferentes edades que se toparon con la más absoluta precariedad laboral o el desempleo, que decidieron coger las maletas para probar fortuna en el extranjero y que, a pesar de la distancia física, tienen muy presente la situación de emergencia social que se vive en España y decidieron no resignarse y trabajar colectivamente por cambiar esta situación", explica María.

Para cambiar las cosas (y eso para la Marea Granate pasa por echar del Congreso a los que les echaron del país) hace falta participar en democracia, aunque eso implique poco más que ir a las urnas cada 4 años. Pero desde la reforma de la LOREG, aprobada casi al final del segundo mandato de José Luís Rodríguez Zapatero con los votos del PSOE, el PP, CiU y el PNV, que anuló el derecho a voto en las municipales y lo restringió en las generales, autonómicas y europeas, votar a sus representantes se ha convertido en una carrera de obstáculos para los emigrantes y les ha catapultado a la abstención. "Nos echan del país, nos quitan la sanidad y de regalo nos roban el voto", se lamentó Jorge en un tuit en febrero pasado cuando la Marea Granate denunció la falta de información y de transparencia administrativa sobre el proceso de voto para las europeas de mayo.

Votar en el exterior nunca ha sido fácil y la participación siempre ha sido inferior en proporción a la registrada en España. Jorge nunca pudo votar desde Guatemala: o las papeletas llegaban tarde o había problemas en el registro del censo. Hilia tampoco ha conseguido votar en Bruselas, y eso que se ha inscrito dos veces en el CERA. La Marea Granate considera que, con la reforma, se ha cancelado en la práctica el sufragio universal y exige su derogación, la simplificación del proceso y el establecimiento de una circunscripción exterior para los residentes en el extranjero, lo mismo que reclamó a finales de 2012 el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

El sistema actual, añaden, es complejo y caro, mientras que con el voto electrónico —como se plantea en Suiza— sería más sencillo, evitaría la burocracia, garantizaría la participación y evitaría las duplicidades y el fraude.

"El voto rogado se introdujo con el pretexto de ser una medida garantista en el proceso de voto de la ciudadania en el exterior. En la práctica, supone un sufragio censitario para la población expatriada, que se ve sometida a un proceso burocrático complejo, con plazos muy cortos, con pocas garantías de poder votar a tiempo y que, ademas, implica el pago por adelantado de los envíos postales por parte del elector", denuncia María, recordando que los 1,7 millones de españoles censados en el exterior representan la cuarta provincia en población del Estado.

Para poder participar , un español que viva en el extranjero debe estar inscrito en el consulado como residente, "rogar"el voto por correo (de ahí el nombre de "voto rogado", que la Marea ha transformado en #votorobado ), esperar después a recibir las papeletas y enviar por correo la que elija o, si no le cae muy lejos de casa, introducirla personalmente en la urna del consulado o la embajada. Para los que no están registrados como residentes, el proceso es similar, aunque la solicitud debe hacerse personalmente en las sedes diplomáticas españolas y el voto, en cambio, por correo certificado.

"El voto no se ruega. Es un derecho que tengo y con el que les doy competencias para que gestionen el país. Rogar implica un derecho de gracia, que puede otorgarse", se indigna Daniel Ordás, abogado español nacido y residente en Basilea y promotor de Reforma 13, que propone reformar la Constitución española para introducir prácticas de democracia directa a semejanza de las suizas. Ordás se opuso activamente a la reforma, escribió a la Defensora del Pueblo y a los diputados que tienen email público mientras se tramitaba en el Congreso y creó un grupo de Facebook ("Españoles de segunda, ciudadanos sin voto" ) después de que fuera aprobada en noviembre de 2010 con 320 votos favorables.

"Fueron tan arrogantes, que la aprobaron en una época en la que no sabían que poco después media España haría las maletas, y ahora sus hijos están por aquí y no tienen derecho a voto", denuncia este abogado de 39 años, que vive de muy cerca el drama de la emigración en su país de adopción, donde el año pasado (y de nuevo teniendo en cuenta solo los datos del CERA) se instalaron permanentemente 2.783 españoles, lo que situó a Suiza en el cuarto país europeo de acogida de nuevos emigrantes españoles tras el Reino Unidos (6.285), Francia (5.066) y Alemania (4.954).

Las nuevas disposiciones para el voto en el exterior se pusieron a prueba por primera vez en las autonómicas de mayo de 2011. Los datos del desplome electoral son tan elocuentes que hasta el mismo PSOE reconoció después la metedura de pata y propugna reformar la reforma que impulsó con el PP: según el Instituto Nacional de Estadística sólo votaron el 3,7% de los electores. Los mismo sucedió en las generales de noviembre de 2011, cuando participó el 4,9% del millón y medio de emigrantes censados entonces; en las asturianas y andaluzas de marzo de 2012 (el 3,2% y el 4,7%, respectivamente); en las gallegas y vascas de octubre de 2012 (el 3,3% y el 11,2%, respectivamente), y en las catalanas de noviembre de 2012, cuando la participación fue del 6,4% de los electores.

No se trató de que de repente los expatriados españoles decidieran boicotear los comicios en masa. De hecho, vista la dificultad y la cantidad de trámites y documentación que se exige, puede considerarse casi un mérito cívico que algunos llegaran a votar. A algunos electores les pasaría como a Daniel Ordás, que no recibió el formulario de solicitud para las generales y le indicaron ya tarde en el consulado que podía descargarlo de la web de exteriores. Entre los que "rogaron" el voto para esas elecciones, menos de la mitad acabaron votando, algunos miles porque les rechazaron la solicitud y otros tantos porque, como le sucedió a Mei estando entonces en Bruselas, no recibieron las papeletas a tiempo, a pesar de que entregó la documentación y acudió varias veces al consulado y a distintas oficinas de correo para preguntar por el retraso.

Mei no encontró en su buzón hasta el día siguiente de la victoria por mayoría absoluta del Partido Popular el sobre con las papeletas para votar. "Me enfadé muchísimo, no solo por los resultados, sino por el porcentaje de abstención. Yo estaba dentro pero no por voluntad propia", recuerda. "Sigo pensando que el hecho de que tantos españoles en el extranjero nos quedásemos sin votar no fue mera casualidad". Hoy tiene cita en el consulado español en Londres para entregar la documentación y pedir el voto para las europeas en el plazo establecido. "Temo volver a quedarme sin votar", confiesa.